Tras una larga discusión puertas adentro del bloque de Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora en el Senado tomó una decisión: no votará ningún proyecto que no esté vinculado directamente con el COVID 19. Y reclamará que el Frente de Todos cumpla el acuerdo político que habilitó las sesiones en forma remota.

La semana pasada el oficialismo avanzó con una ley que tenía consenso, la de alquileres, pero introdujo también en el debate dos DNU de Mauricio Macri sobre el traspaso de las escuchas telefónicas de la Procuración a la Corte. Juntos por el Cambio no pudo frenar el tratamiento de esos decretos firmados tres años atrás: el bloque que conduce José Mayans y que responde a Cristina Fernández de Kirchner tiene mayoría y puede reunir quórum sin los radicales y el PRO.

En cambio el oficialismo no pudo votar las modificaciones a la ley de contratos que permitía cambios en los alquileres. El tratamiento, sobre tablas, es decir antes de que se cumpla una semana desde la firma del dictamen de comisión, requería el voto de los dos tercios de los presentes.

Para manifestar su malestar el jueves 4 Juntos por el Cambio se retiró (en los hechos se desconectó del plenario remoto) y frenó ese tratamiento que acababa de tener dictamen en comisión. Lo hizo después de votar en contra del tratamiento de los dos decretos. Y sumaron 29 votos entre los propios y los del Interbloque Federal entre los que están Juan Carlos Romero y Carlos Reutemann.

Esta semana en un debate que parecía inocuo, Mayans puso sobre aviso a Juntos por el Cambio: el oficialismo ya no buscará consenso y pondrá en agenda otros temas, no solo los vinculados al coronavirus. Es cierto que en principio no podría someter a consideración ningún proyecto que requiera mayoría especial (como la designación del próximo Procurador) ni dictámenes que no tengan una semana desde su aprobación en comisión. Pero una vez que los plazos se cumplan avanzará como hará este jueves por la tarde con la ley de alquileres y un proyecto del kirchnerista Oscar Parrilli respecto a la composición de las sociedades simplificadas, una figura jurídica que el ex presidente reivindicaba como un hito de su gestión.

Otra vez, como ocurrió la semana pasada con los DNU del ex presidente, el Frente de Todos buscará dar de baja una norma de la que se enorgullecía Mauricio Macri: "Antes si alguien quería poner su propia empresa tenía que tener un socio sí o sí, pasar hasta por diez dependencias públicas y esperar meses para ser aprobada. Hoy con la Sociedad Anónima por acción Simplificada, en 20 minutos, en línea y a distancia, se crearon más de 11 mil empresas”, solía decir el ex presidente.

Este último martes durante el tratamiento de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo para prevenir el acoso y la violencia laboral, Mayans justificó el cambio de estrategia y avisó que tratarían esta iniciativa por considerarla “urgente” en el marco de los cambios que implica para el empleo el actual aislamiento. Además anunció que a partir de ahora el oficialismo impondrá la herramienta parlamentaria de la que dispone, es decir su mayoría (la mitad más uno de los presentes): “Una vez conseguido el quórum se pueden tratar los temas que se crean convenientes, sin limitaciones”, sorprendió a sus interlocutores. Y luego acusó a la oposición de haber reclamado sesionar y plantear que el Congreso estaba cerrado y en cambio ahora frenar temas por no ser sobre la pandemia.

“Una vez que tengamos los despachos vamos aponer a consideración del cuerpo el tratamiento. Lo vamos a tratar ni bien tenga la antigüedad correspondiente”, agregó en la teleconferencia.

“Al principio era que no trabajábamos y ahora el problema parece ser cuáles son los temas que podemos tratar”, se quejó el formoseño que sólo viajó a Capital cuando lo convocó la Vicepresidenta junto con Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio para consensuar un reglamento de sesiones remotas. Fue después de que la Corte reconociera, a pedido de CFK, que el Parlamento tiene facultades para dictar su propia mecánica de funcionamiento.

“No sabemos cuánto va a durar esto”, explicó Mayans molesto, como su jefa política, por la jugada de la semana pasada y el límite para iniciativas que requieran de los dos tercios de los votos.

Una vez más, como suele ocurrir en las comisiones y en el recinto, intentó frenarlo el senador radical porteño Martín Lousteau. Se sumaron sin éxito, entre otros, Esteban Bullrich y Lucila Crexell que desde el Movimiento Popular Neuquino fue electa senadora por Juntos por el Cambio.

Después del cruce casi escandaloso de esa comisión, en la que de todos modos hubo dictamen a favor del convenio de la OIT, incluso con apoyo opositor, Cristina Fernández de Kichner convocó a la sesión para este jueves a las 14.

La vicepresidenta puso en el orden del día tres temas. Dos de las iniciativas ya tienen media sanción de Diputados por lo que se convertirían en ley. La primera es la modificación del artículo 109 de la ley 26.206 - de Educación Nacional- que permitirá dictar educación a distancia en todos los niveles y en casos excepcionales como la pandemia actual. Ese cambio no pudo votarse la semana pasada porque requería los dos tercios ya que acababa de tratarse en comisión. Hoy se votaría por unanimidad y sería la única votación de la que participarán los senadores de Juntos por el Cambio.

En segundo lugar en el orden del día se propuso someter a debate en el recinto la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los contratos de locación. En caso de aprobarse, como todo parece indicar, habrá un nuevo marco legal para los alquileres como por ejemplo el pago de un solo mes para la reserva, tres años como mínimo para cada contrato y nuevas opciones para garantías. Aunque es una ley que apoya Juntos por el Cambio, no participarán de la votación. “El oficialismo en el Senado baila al compás de su propia orquesta mientras el transatlántico se está por hundir”, se enojó días atrás Naidenoff.

Finalmente se incluyó el dictamen para el que Juntos por el Cambio había pedido mayor tiempo de análisis. Se trata del proyecto de Ley del senador Parrilli que dispone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) regulado en el Titulo III de la Ley 27.349 (Apoyo al Capital Emprendedor). Es otra marcha atrás con una ley macrista que permitía legalizar sociedades en solo 24 horas y en forma digital. Y otra batalla de Parrilli, brazo ejecutor de la ex Presdienta, que también también presentó un proyecto para la creación de una comisión bicameral de investigación de Vicentin. Esa pelea ya está agendada: arrancará el viernes en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales.