Por Julián Guarino

Quien siembra vientos recoge tempestades. Los gobernadores de la Patagonia apoyaron el anuncio del gobernador de Chubut, que amenazó con cortar el envío de petróleo y gas desde su provincia si la Nación no le envía $13.500 millones de coparticipación. A ese comunicado inicial se sumaron todos los gobernadores de Juntos por el Cambio y también las principales provincias peronistas.

Al margen de la discusión fiscal, lo que parece estar en juego, es mucho más que eso. La intransigencia como método aglutinador que puso en marcha Javier Milei desde el día uno de su mandato pareciera estar ahora en jaque. ¿Hasta dónde puede llegar un mandatario nacional que no cuenta con el apoyo de gobernador alguno? ¿Qué tipo de armado político podrá conformar en el Congreso?

Claramente el mapa político hoy ya no puede leerse desagregando los espacios partidarios. Tampoco mediante la siempre vigente grieta de peronistas y antiperonistas. Probablemente se regrese a estas categorías más adelante, pero lo que hoy se puso en evidencia es que la Casa Rosada está dispuesta a embanderarse en proclamas fiscalistas para traficar el armado de listas negras que vayan incorporando a “la casta” a todo aquél que no esté de acuerdo con lo que disponga el presidente.

Huelga decir que a este sentimiento de rebeldía provincial lo acompaña un detalle no menor: mientras el mercado financiero ha recuperado valor y el riesgo país baja, la economía real ha empezado a dar señales de alerta no sólo mediante los números de actividad, empleo, inflación, consumo e inversión, sino también en el nutrido grupo de entidades gremiales y colectivos que ha salido a protestar en las calles por la enorme pérdida del poder adquisitivo. A ello se suman las dudas propias de un plan de estabilización que se pregunta qué decisiones tendrá en carpeta el ministro Caputo a la hora de encarar las próximas semanas en materia de devaluación y dolarización.

El plan no se sostiene: la carrera por los dólares

La advertencia del FMI, que como se anticipó en esta columna hace dos días, se materializó en un comunicado evidenciando que el programa económico no cierra porque no garantiza que pueda sostenerse en el tiempo en función de los costos sociales que implica. Nota al pie, al FMI no le preocupa afectar a grandes sectores de la sociedad con la licuación de sus ahorros (vía agregados monetarios) y erosión del poder adquisitivo vía reacomodamiento de precios relativos y la desregulación: lo que incomoda al FMI es que el plan de gobierno de Milei no luce lo suficientemente sólido para “ganar” el tiempo suficiente para que puedan llevarse adelante las reformas estructurales que garantizarán el mediano plazo. ¿Cómo evaluará el FMI lo que ocurre por estas horas entre las provincias y la Nación? ¿Qué tipo de lectura se llevará a los Estados Unidos no sólo Milei (que participará de un evento junto a Donald Trump) sino el secretario de Estado Antony Blinken?

El Gobierno piensa que ha hecho los deberes para que en las próximas semanas comience a evaluarse un fuerte desembolso futuro del FMI para la Argentina. El compromiso de “empalmar” un nuevo programa a fin de año empuja esa hipótesis. Si bien el superávit es clave, el propio FMI le dejó la inquietud: ¿cuánto podrá estirarse el resultado positivo de las cuentas públicas si, como parece, el superávit de enero se logró gracias al recorte de las jubilaciones, el freno del giro de transferencias a las provincias y el congelamiento nominal del resto de las partidas? Por aquí también se mete la pelea con los gobernadores.