Por Mauricio Cantando

Javier Milei tiene una hoja de ruta para resistir lo que considera es un ataque de los gobernadores y la oposición al equilibrio fiscal, la columna vertebral de su gestión. El plan del Presidente consiste en esperar que el Congreso trate vetos a eventuales leyes que sumen gastos y, si son rechazados, presentarse en Tribunales.

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Ante los jueces de turno, el jefe de Estado explicará que no puede cumplir con esas normas, porque no especifican cómo financiar íntegramente las obligaciones. En esa instancia, también cuestionará el trámite parlamentario del Senado.

No habrá, como se especuló el fin de semana desde algunas usinas oficialistas, denuncias inmediatas sobre las irregularidades del proceso legislativo que los funcionarios cuestionaron, con acusaciones a Victoria Villarruel. El periplo judicial llegará sólo si los vetos son desestimados.

Preparada para resistir, como anticipó Letra P, este martes la vicepresidenta envió los trámites a Diputados para que Martín Menem los complete. El presidente de la Cámara de Diputados se tomará este miércoles para girar a comisiones los dos proyectos aprobados con respaldos de los gobernadores: la coparticipación del impuesto a los combustibles y el reparto pleno de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).

La oposición debate fechas para pedir una sesión y acelerar el tratamiento. Las ausencias por el receso invernal hacen imposible abrir el recinto la semana próxima, como pretende Unión por la Patria (UP). Podría ser el 30 de julio o la primera semana de agosto.

Los pasos de Javier Milei

Menem también debe validar las tres sanciones: el aumento de jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

Recién cuando finalice el trámite, Milei tiene diez días hábiles para definir el veto y trataría de agotar los plazos, para estirar la negociación con las provincias.

Un veto es rechazado por el Congreso sólo si dos terceras partes de cada cámara así lo decide. Como explicó Letra P, en La Libertad Avanza confían en que están los votos para sostener la anulación del aumento jubilatorio y de la moratoria previsional.

Sobre la emergencia en Discapacidad hay un debate abierto en la Casa Rosada. La orden de Milei es mantener el "relato político" y vetar todas las leyes que impliquen gastos que no puedan afrontarse, pero en este caso se evalúan salidas intermedias. Es que el Gobierno tenía la decisión de actualizar las prestaciones, uno de los planteos de la ley, pero para eso necesita culminar con una auditoría de las pensiones que no pueden concluir.

El motivo de la demora es burocrático: se enviaron más de un millón de cartas documentos a beneficiarios para que aclaren su situación y sólo se notificaron 400 mil. "Si logramos definir un ahorro desde ahí, las prestaciones suben", repiten en la Casa Rosada.

Qué pasa en el Congreso

El Congreso tiene otros tiempos. Si para fin de mes la emergencia en Discapacidad es vetada, la oposición la pondrá en tratamiento en las dos cámaras, donde ya consiguió dos tercios para la aprobación en ambos recintos.

En Diputados hay una mayoría opositora dispuesta a agilizar los tiempos. La componen los bloques que vienen manejando la agenda: Unión por la Patria, Encuentro Federal (EF), Democracia Para Siempre (UCR crítica) y la Coalición Cívica.

Son estas fuerzas las que impulsaron las normas que Milei quiere vetar y acompañan también las que piden los gobernadores. Para acorralar a los mandatarios, en EF y UP evalúan condicionar los proyectos que tienen fondos para las provincias a un compromiso de rechazar los vetos. Son por ahora ideas sueltas que se plantean.

Miguel Ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, durante el debate de las universidades.

El camino judicial

En el oficialismo del Congreso y también en la Casa Rosada aseguran que nunca estuvo en los planes judicializar el proceso parlamentario de la sesión del Senado, que el propio Milei y sus ministros consideran irregular. La estrategia del Presidente, según supo Letra P, es apostar a que los vetos prosperen y, recién si ese paso fracasa, acudir a Tribunales.

Los argumentos de las presentaciones judiciales serían los mismos que se expondrán en los considerandos de los vetos. Se incluirá el supuesto mal procedimiento legislativo, aun cuando fue validado por Villarruel. En el oficialismo insisten en que en el Senado no está permitida la autoconvocatoria a una sesión.

"Para eso hay que cambiar el reglamento con dos tercios. No con una mayoría circunstancial", señalan en La Libertad Avanza. En UP están tranquilos. Sostienen que la Constitución es clara sobre la facultad de los senadores para interpretar las reglas del juego, tal como hicieron durante la sesión, con anuencia de la vicepresidenta.

Pero el principal argumento para judicializar las leyes que tiene Milei es que no hay plata. En términos jurídicos, se explica en los supuestos riesgos para el país que significa que un Presidente emita dinero para cumplir una ley. Es por eso, remarcan, que la ley de administración financiera exige colocar orígenes de los fondos en cada norma que implique un gasto.

Algo de esto habló el Presidente hace un año con los radicales con peluca, que justamente nacieron para defender los vetos presidenciales al aumento de jubilaciones y del presupuesto universitario. "Yo no voy a cumplir las leyes: si es necesario, le pediré a la justicia que me diga cómo hacerlo", sostuvo aquella vez.

El riesgo, en su segundo año de Gobierno, es que algún magistrado le pida revisar gastos superfluos del Presupuesto y, justo en el medio de la campaña, podría obligarlo a reacomodar partidas.