En lo que va de transcurrido el mes de julio, el gobernador Daniel Scioli dio dos estocadas a las aspiraciones políticas de su vice Gabriel Mariotto. La primera fue con la resolución ministerial que creó la Policía Local y la segunda se produjo con la firma del convenio que suscribió ante el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, donde se avanzó sobre la doble escolaridad para 127 escuelas bonaerenses.

Pero el contraataque del presidente del Senado, que había llegado a un acuerdo con el Frente Renovador para resolver el polémico proyecto de la Policía comunal en comisiones y que venía avanzando en el delineamiento de una reforma educativa que incluía el cambio que Scioli llevó a cabo, no tardó en llegar. Y fue precisamente en la Cámara alta, donde Mariotto dejó avanzar una convocatoria para que el jefe de Gabinete, Alberto Pérez; el ministro de Justicia, Ricardo Casal; y el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, den explicaciones sobre los 89 muertos que dejó la inundación del 2 de abril del año pasado.

Esta invitación a los funcionarios, se da luego del fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias, ratificado por la Cámara de Apelación, que confirmó un número mayor de muertos que los 67 que se informaron desde el Poder Ejecutivo provincial.

El fallo instaba a que corrigiera públicamente la información sobre el número de fallecidos, e indirectamente denunciaba el ocultamiento de datos por parte de la gestión sciolista, lo que motivó que la diputada massista Mónica López presentara una denuncia penal contra el mandatario provincial.

Por esta causa, es que los ministros deberán prestar testimonio ante la Comisión de Labor Parlamentaria, integrada por los presidentes de los bloques del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, Nuevo Encuentro, UCR, GEN y diferentes bancadas unipersonales.

La solicitud fue impulsada por el presidente del bloque Néstor Kirchner, Mario Ishii, y por su par del bloque del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio. Un aspecto particular de este pedido, radica en que los funcionarios no se presentarán como es costumbre, a brindar informes en el recinto frente a todos los senadores, sino que se dará en el ámbito de la comisión de Labor Parlamentaria y frente a los titulares de cada bancada.

Otro punto a resaltar, es que a pesar de que Mariotto siempre defendió el fallo de Arias, nunca antes dejó avanzar ninguna citación a funcionarios del Ejecutivo provincial por parte del Senado, algo que deberá concretarse tras el receso invernal, cuando los bloques de la oposición puedan pedir una rendición de cuentas sobre los 89 muertos en La Plata que reconoció la Justicia y que nunca admitió la administración sciolista.