Por: María José Lucesole

LA PLATA.- Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires transfirió a los 135 municipios $14.000 millones en aportes no reintegrables y reintegrables. Los intendentes no solo esperan nuevos envíos, sino que cuestionan el sistema de reparto de los fondos recibidos y exigen que se condonen deudas de créditos.

La asistencia tiene dos renglones distintos. Los Aportes del Tesoro Provincial (ATP), no reintegrables, representan el 70% de las transferencias: unos $10.000 millones. Por cuerda separada, el 30% restante son aportes reintegrables correspondientes a un Fondo Especial de Emergencia: $4000 millones que, de acuerdo a lo firmado, los alcaldes deberían comenzar a devolver el mes que viene. En seis cuotas y a tasa cero.

Pero llega agosto y los alcaldes presionan para renegociar este acuerdo. Es injusto, opinan. Reclaman más cuotas de pagos, con varios meses de plazo de gracia, como mínimo. Los más exigentes pretenden convertir las transferencias reintegrables en no reintegrables. Es decir, no devolver el dinero recibido.

Los intendentes opositores son la voz visible de estas demandas. Los oficialistas callan porque temen un recorte de transferencias, pero coinciden.

Axel Kicillof tiene ahora otra prioridades: aprobar un nuevo endeudamiento para la provincia. El gobernador envió a la Legislatura un proyecto de ley de financiamiento donde solicitó autorización para tomar US$500 millones con organismos multilaterales de crédito, $20.000 millones para regularizar atrasos de Tesorería y $8000 millones más para emitir Letras.

Los intendentes comenzaron a hacer números. A cambio de que sus legisladores levanten la mano, exigirán que se les difieran o condonen las transferencias que ya se giraron como préstamos, dado que las consideran injustas. No solo por ser aportes reembolsables. También por el método utilizado para el reparto.

Kicillof está dispuesto a reprogramar el pago de estos créditos en 18 cuotas y desde enero, según expresó en el proyecto de ley de financiamiento, en su artículo primero. Allí menciona que el cronograma de devolución de los $4000 millones del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria de contención Fiscal Municipal podrá extenderse hasta 18 meses.

Pero algunos intendentes de Juntos por el Cambio consideran que aún así es injusto. Y mediante sus legisladores presentaron alternativas. "Nuestro bloque pidió en la Cámara de Diputados de la provincia que estos compromisos se paguen a partir del final de la pandemia, en 24 meses", informó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse (UCR), a LA NACION, en referencia a un proyecto presentado por Walter Carusso y Fernando Pérez.

Hay además un proyecto impulsado por Daniela Reich, esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (Pro), para que el Fondo Especial creado por el decreto 264/2020 sea una ayuda financiera no reembolsable.

"No deberíamos reembolsarlo porque todos los municipios estamos haciendo un enorme esfuerzo en invertir en lo sanitario y en lo social", dijo a LA NACION el intendente de la Plata, Julio Garro (Pro).

La negociación avalada en público por los intendentes opositores tiene por lo bajo el aval de los intendentes peronistas, que son mayoría en el área metropolitana, donde el parate de la actividad económica fue mayor.

"Yo le hice ese mismo planteo a Axel [Kicillof] por privado: si él recibió Aportes del Tesoro Nacional no reintegrables debería actuar igual en las transferencias a los municipios", dijo a LA NACION uno de los intendentes peronistas del AMBA. "El Gobernador argumentó que no todos los fondos que recibió son no reembolsables", relató el jefe comunal del Frente de Todos.

Crítica a la distribución

Las quejas de los alcaldes no se limitan a la obligación de devolver $4000 millones. También se extienden a la forma en que se repartieron esos fondos entre los 135 alcaldes.

El reparto fue del 50% acorde al Coeficiente Único de Distribución (CUD, que se utiliza para la coparticipación provincial) y el otro 50% de acuerdo a los ingresos corrientes de 2019.

El primero de estos parámetros favorecería a los municipios del interior, que tienen menos casos de Covid-19. Y el segundo a los municipios más populosos del Gran Buenos Aires.

Los alcaldes del conurbano consideran que la mayoría de los recursos deberían estar abocados a atender a los municipios del AMBA que estuvieron con menor actividad económica en los últimos 120 días. Pero en este reclamo no hay unidad dentro de Juntos por el Cambio.

"El interior prefiere siempre que el reparto sea por CUD y el Gran Buenos Aires prefiere que sea por masa salarial o por pérdida de ingresos, ya sea en los préstamos como en los ATP", reconoció Posse, para completar: "Siempre elegí apoyar que fuese por CUD, para conciliar mi apoyo a los municipios del interior".

Desde el Frente de Todos, Fernando Gray buscó contener a los reclamos: "Frente a la pandemia los municipios estamos recibiendo ayuda de la Nación y de la Provincia. Esta ayuda está materializada en insumos y aportes. Somos conscientes de que la Provincia está haciendo un gran esfuerzo, aunque por la situación social y económica siempre se necesita reforzar algún aspecto", admitió.