Ignacio Torres y Guillermo Francos se cruzaron por las transferencias a las cajas jubilatorias

Ignacio Torres y Guillermo Francos se cruzaron por las transferencias a las cajas jubilatorias

El gobernador cuestionó el recorte de los fondos previsionales a las provincias y anticipó que irá a la Justicia. La respuesta de la Casa Rosada.

En la previa a las reuniones que los gobernadores tendrán en la Casa Rosada, el Gobierno abrió otro frente de conflicto con las provincias. El mandatario chubutense, Ignacio Torres, calificó como “una torpeza” la decisión de Javier Milei de eliminar por decreto las transferencias de la Nación a 13 cajas previsionales provinciales, anticipó que recurrirá a la Justicia y aseguró que se trata de “otra medida inconsulta que terminará dándoles la razón”. Se apuró a responderle el ministro Guillermo Francos, quien se esmeró en aclarar que en realidad no se eliminaron sino que “se reasignaron para otras partidas provinciales”. “Están, con diferencias de denominación, pero están”, sugirió. El titular de la cartera de Interior admitió que “la Nación le debe a varias cajas provinciales” y justificó la demora en que “hay auditorías pendientes” para determinar “el monto a transferir”. Más tarde, la denominada “oficina del Presidente” difundió un comunicado en la misma línea.

El decreto 280/24 que Milei firmó el miércoles último agravó aún más las finanzas de las provincias al dar de baja varios artículos de la Ley de Presupuesto 2023 (prorrogada por su administración) que le garantizaban recursos de la Nación. El Presidente derogó la prórroga de los fondos destinados a las cajas jubilatorias provinciales, que de hecho dejó de enviar desde que asumió en diciembre pasado, al tiempo que formalizó la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y del de Compensación al Transporte Público del Interior.

“El caso del FONID se había anticipado. En Chubut decidimos compensar (el cese de transferencias) a través de un fondo de incentivo provincial. En cuanto a la caja previsional, creo que será judicializado. Hay una ley que obliga al Gobierno a hacer esas transferencias. En Chubut tuvimos que intervenirla y pudimos armonizarla e hicimos un reclamo de deuda al Estado nacional, que se tiene que cumplir. (El recorte) es otra medida inconsulta que terminará dándole la razón a las provincias”, dijo Torres en declaraciones radiales.

El gobernador consideró que el nuevo recorte fue “más una torpeza que una provocación”. “Veníamos hablando con la ANSES sobre una estrategia conjunta para armonizar la caja. Veremos el jueves cuál es la respuesta”, dijo en referencia a la reunión con los mandatarios de Juntos por el Cambio tienen prevista con Francos.

“Chubut no es el caso más representativo, hay provincias como Córdoba y Río Negro que tienen reclamos más importantes. Hay una ley que, en todo caso, debería derogarse, que obliga al Estado Nacional a cubrir ese dinero. Es dinero de los jubilados, no es para rentas o para el Tesoro de las provincias”, señaló.

Consultado sobre la negociación con vistas al hipotético “pacto de mayo” con el que se ilusiona la administración libertaria, Torres consideró que “esta medida no ayuda, sobre todo en las formas. Hay sobrada jurisprudencia que avala lo que estoy diciendo. Va a terminar siendo una derrota para el gobierno nacional, que va a tener que hacerse cargo de ese dinero”.  “En el tránsito al 25 de mayo, se están tomando decisiones que están trabando las adhesiones. Además de metas fiscales, queremos el crecimiento de la economía y cómo generar más trabajo”, planteó, y fue contundente en su rechazó a la restitución del impuesto a los altos ingresos de trabajadores para la cuarta categoría.

La misma postura sostienen los gobiernos de Santa Fe y Córdoba. El secretario de Seguridad Social santafesino, Jorge Boasso, criticó la decisión de Milei, sostuvo que "las Cajas de jubilaciones no son casta" sino "los aportes de los trabajadores durante su vida laboral" y advirtió que la provincia analiza recurrir a la vía judicial. El funcionario de Maximiliano Pullaro en materia previsional aseguró además que el DNU configura "una apropiación indebida de fondos". En tanto, el cordobés Martín Llaryora dejó trascender que por ahora estudian la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de la Nación o a una Cámara Federal.

La respuesta de la Casa Rosada

Tras las declaraciones de Torres en Radio Mitre, Francos llamó a la misma emisora para intentar calmar las aguas. “Lo venía escuchando, me parece que hay un error y quiero aclararlo. No es que se eliminaron las partidas, están, lo que pasa es que se reasignaron para otras partidas provinciales”, dijo. Añadió que “hay auditorías pendientes para determinar los verdaderos montos a transferir”, porque los montos que las provincias reclaman “difieren” con “lo que el Estado debe”. “Pero las partidas dinerarias que estaban en el Presupuesto del 2023, se prorrogaron y actualizaron ahora, están, con diferencias de denominación pero están”, siguió. “La Nación le debe a varias cajas provinciales, algunas han judicializado el tema pero lo que no está definido porque hay auditorías pendientes es el monto a transferir, por eso quedémonos tranquilos (sic) porque si no se hace una bola de nieve”.

 

Poco después de la desmentida de Francos, la “oficina del Presidente” repitió desde su cuenta en la red X que “el crédito presupuestario contemplado para las transferencias a las cajas previsionales provinciales de la ANSES no ha sido eliminado”. Añadió que cuando culmine “el proceso de auditoría”, el Estado “cumplirá en abonar los montos que correspondan a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación”.

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