Habrá más controles y sanciones para los que violen la norma

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, llamó a los sectores sindical y empresario a velar por el cumplimiento de las medidas.
El proyecto presentado ayer por la presidenta, Cristina Fernández, con el fin de aportar al aumento del porcentaje de trabajo formal, es fruto de la mesa de diálogo de la que participan desde el año pasado empresarios y gremios con el auspicio del gobierno nacional.

Entre los principales puntos de la iniciativa que ingresa al Congreso de la Nación para su tratamiento formal, se encuentra "el objetivo central" de reducir los costos laborales no salariales para aquellas empresas de baja productividad. En tanto, el punto siguiente apunta a "fortalecer las facultades nacionales para llegar mejor a regiones y sectores rurales donde el Estado nacional llega menos y en los cuales el trabajo no registrado convive muchas veces con actividades que tienen niveles de rentabilidad altísimos", se informó ayer luego de la presentación que encabezó la titular del Ejecutivo.

Por otra parte, la iniciativa legislativa propone la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, que prevé incluir "a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en trata de personas para el trabajo forzado".

El proyecto impulsa también que las empresas con infracciones sean eventualmente incluidas en el Registro para que se les apliquen restricciones desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos, según se supo ayer.

Tras la presentación del proyecto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, consideró que tras muchos años de abandono de la cuestión "hemos avanzado mucho" y agregó que con la nueva iniciativa "vamos por el impulso final". En esa línea, el funcionario expresó que ese impulso requiere de la participación del mundo del trabajo en general, en el caso de los empresarios "cumpliendo con la ley" y por el lado de los sindicatos "exigiendo y velando por su cumplimiento”. Finalmente, Tomada llamó a la participación de los trabajadores "defendiendo sus derechos presentes y futuros" así como también la del Estado "ejerciendo un estricto control".

Según el titular del ministerio, el proyecto "tiene más de 10 años de experiencias, de trabajo didáctico, de difusión y de búsqueda de resultados. Y en el último año, con motivo de la mesa de diálogo que abrió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay un trabajo conjunto con los gremios y con los empresarios que hizo que se llegara como conclusión a este proyecto que estamos enviando al Congreso".

Entre otros beneficios del proyecto que se envía al parlamento, también se amplían dos instrumentos actualmente existentes en la materia como son, por un lado, la Ley 26.476, que prevé beneficios para la contratación de nuevos trabajadores.

A esta normativa se suma ahora la posibilidad de incluir mayores incentivos a las pymes. Por otro lado, los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, un instrumento impulsado por el conjunto empresario gremial, que facilita la registración en actividades agrarias o forestales de gran estacionalidad.

La iniciativa también crea un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de menores niveles de productividad y competitividad. En ese marco, las empresas que no son sociedades anónimas y que tienen hasta cinco trabajadores tendrán una reducción en las contribuciones patronales y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART.

Voceros del Ministerio de Trabajo explicaron a Tiempo Argentino que se espera que la posible ley beneficie a cerca de 290 mil micro empleadores gracias a los mecanismos para facilitar la registración de sus trabajadores. Esa cantidad representa el 50% del total de los empleadores formales.

"Las acciones incluidas en la ley prevén para el primer año $ 4150 millones en beneficios a los empleadores", explicaron en la cartera oficial. El 65% de esos beneficios es para las microempresas, agregó la fuente consultada. «

respaldo del sector empresario

Las distintas cámaras empresarias opinaron sobre el proyecto de ley. Daniel Funes de Rioja, presidente de la COPAL, comentó que está "a favor de promover la formalidad del empleo". Mostró, sin embargo, sus recaudos: "La finalidad nos parece bien pero vamos a analizar lo que se presente."

A su vez, Ider Peretti, presidente de la CGE, aclaró que el proyecto es fruto de "las mesas de diálogo de agosto", y celebró que se premie "a las empresas pequeñas y microempresas para generar. Lo positivo es que todos los sectores pueden tener esa posibilidad, no sólo el agro."

Por su parte, Marcelo Fernández, presidente de la CGERA Argentina, expresó que es "una verdadera decisión contra un mal que carcome la competitividad", al mismo tiempo que se enorgulleció de que "un 65% de los beneficios sea destinado a microempresas".

Al respecto, Pablo Reale, presidente de CAMIMA y la UIPBA, declaró que "es importante avanzar con todo lo que tienda a eliminar el trabajo precarizado, facilitando a las microempresas su formalización".

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