Con un trámite exprés, los legisladores mendocinos, en sesión especial, modificaron la " Ley Antiminera", permitiendo ahora la utilización de sustancias tóxicas, como el cianuro. La decisión va a contramano de la postura de ambientalistas, productores y defensores del agua, quienes volvieron a manifestarse con cortes de ruta en toda la provincia.

Luego de la rápida aprobación legislativa, creció en la provincia el malestar de organizaciones sociales y populares con la postura adoptada por el arco político. Es más, se dispuso ayer un vallado especial en la puerta de la Legislatura y el Ministerio de Seguridad para evitar desmanes. Se estableció un espacio para quienes rechazaban los cambios y otro sitio para quienes respaldaban la controversial reforma.

Hasta la Iglesia intervino a último momento, sin resultados: al mediodía de ayer, tras la aprobación del Senado, pidió postergar el debate, pero luego Diputados le dio la sanción final. En la Cámara alta el proyecto obtuvo 29 votos a favor y 7 en contra; en tanto que en la otra cámara el resultado fue 36 voluntades positivas y 11 negativas.

Más allá del tenso clima, desde el oficialismo, con el aval opositor, insisten en la necesidad de cambiar la matriz productiva provincial, apostando a la generación de empleo en el rubro minero.

De esta manera, las marcadas modificaciones que se introdujeron a la normativa dejan en claro la decisión del gobernador radical, Rodolfo Suárez, de abrirle, finalmente, la puerta al sector. De hecho, esta semana, el mandatario provincial logró el aval del presidente Alberto Fernández para avanzar con el plan minero, tras una reunión en Buenos Aires. Asimismo, a comienzos de noviembre se había dado el primero y decisivo paso de apertura a la actividad, tras 50 años de espera, con la aprobación legislativa del proyecto minero Hierro Indio, en Malargüe.

Tras dos semanas de intensas negociaciones y retoques en los alcances de los principales artículos, el radicalismo y el justicialismo llegaron a un acuerdo para darle luz verde al proyecto de modificación de la ley 7722, que prohibía la utilización de algunas sustancias tóxicas para la explotación minera, como el cianuro y el ácido sulfúrico.

 

Se trató de un histórico reclamo de los empresarios del sector, que finalmente logró el aval del Gobierno.

La norma en cuestión, conocida como " Ley Antiminera", había sido sancionada hace más de una década, y en 2015, la Suprema Corte declaró su "constitucionalidad", lo que significó un duro revés para las compañías del sector.

Sin embargo, ahora, la realidad es otra y se abre el camino a diversos proyectos de extracción metalífera a gran escala de oro y cobre, entre otros minerales.