El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este jueves que alcanzó "un mejor entendimiento con un grupo de acreedores" pero volvió cuestionar la estrategia de negociación de BlackRock, el mayor administrador de fondos de inversión del mundo comandado por Larry Fink. "Le piden a Argentina volver atrás con los estándares legales", planteó y ratificó que el Gobierno no aceptará aplicar los prospectos jurídicos de los títulos 2005 a todos los bonos a reestructurar.

Guzmán volvió a referirse a la negociación de la deuda en un evento internacional destinado a inversores. En este caso se trató del foro internacional sobre mercados emergentes y de frontera organizado por la agencia Bloomberg, donde participó de un panel junto a sus pares de México, Arturo Herrera Gutiérrez; de Perú, María Antonieta Alva Luperdi; y de Filipinas, Carlos Domínguez.

"Todavía queda una distancia en términos económicos y legales", dijo en referencia a las exigencias planteadas por BlackRock y sus aliados en la negociación.

El Ministro se explayó aún más en un punto que había remarcado el martes en una videoconferencia organizada por el Consejo de las Américas: las presiones para retrotraer el marco jurídico de los bonos emitidos bajo ley internacional por la gestión de Mauricio Macri, que incluye cláusulas antibuitres más importantes pautadas en los últimos años a instancias de los organismos internacionales.

"Es difícil reconciliar las diferentes miradas de los bonistas. Hoy estamos en conversaciones con dos grandes grupos de acreedores. Con uno hemos alcanzado entendimientos en varios puntos (en referencia al Comité de Acreedores de Argentina más Fintech y Gramercy), pero con el otro, el grupo Ad Hoc, hay grandes diferencias en términos legales", sostuvo.

En concreto, el grupo Ad Hoc pretende que el marco legal que hoy tienen los bonos emitidos como parte del canje 2005/2010 (los Discount y los Par), que es más beneficio para los tenedores que el actual ya que facilita la posibilidad de litigar, se haga extensivo a todos los títulos que se emitan en la presente reestructuración, es decir, que se aplique también para quienes hoy tienen bonos Globales colocados entre 2016 y 2018, como BlackRock y otros grandes fondos que apostaron a prestarle a Cambiemos antes del estallido de la crisis cambiaria.

Por caso, el contrato 2005 impone un piso de adhesión de entre el 75% y el 85% de los bonistas para activar las cláusulas de acción colectivas (CAC) y forzar a todos los acreedores a entrar al canje sin riesgo de litigios. El contrato 2016 tiene una CAC de entre el 50% y el 66%. 

El Gobierno aceptó conservar esos derechos para los tenedores de Discount y Par pero descartó resignar derechos ya adquiridos en los títulos más recientes.

Guzmán consideró que la exigencias de Ad Hoc implica que el país "vuelva atrás en el tiempo" ya que los contratos de los bonos posteriores a 2016 son los "estándares legales" actuales de las finanzas internacionales auspiciados por el G20 y el FMI. "Argentina respecta la legalidad y seguirá utilizando el lenguaje más moderno con los estándares hoy vigentes". 

"Argentina es miembro del G20 y del FMI, y cumpliremos con el lenguaje contractual que ahora se ha convertido en estándar", agregó.

Con todo, el funcionario aseguró que es un proceso que "lleva tiempo y mucho diálogo" y se mostró esperanzado en "alcanzar finalmente un acuerdo". 

El viernes pasado el Ejecutivo extendió por más de un mes el cierre de la invitación al canje de USD66.200 millones de deuda externa. Así, la negociación podrá continuar hasta el 24 de julio, aunque Guzmán espera cerrar un acuerdo antes de esa fecha con los acreedores. Una vez consensuada, el Gobierno formalizará la oferta oficial ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés), que deberá quedar abierta durante al menos diez días.