En medio de una escalada de precios internacionales y frente a una inflación local impulsada en parte por los alimentos, el gobierno anunciará una suba de retenciones para todas aquellas materias primas en las que la Ley de Solidaridad del 2019 permita un margen de aumento con el objetivo de financiar a productores locales, en principio a panificadoras y fabricantes de fideos, para desacoplar precios internos de externos.

Esta es una de las medidas que se incluye en el paquete anti-inflacionario que el gobierno irá anunciando en los próximos días, según pudo saber El Destape. Como preludio, este domingo el Ministerio de Agricultura suspendió el registro de exportación de la harina y el aceite de soja, según una resolución dictada por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, para detener las inscripciones de nuevas declaraciones juradas hasta que se conozcan las nuevas alícuotas. 

El ministro de Economía, Martín Guzman, había incluído en el presupuesto 2022 un artículo para prorrogar hasta 2024 la facultad que le daba la norma conocida como Ley de Solidaridad. Pero todo esto quedó sin efecto luego que el oficialismo no consiguiera los votos en la Cámara de Diputados para aprobar la ley. Y, más allá de que el Poder Ejecutivo prorrogó por decreto el presupuesto de 2021, lo cierto es que las facultades vencieron el 31 de diciembre pasado, como se estableció en la ley de emergencia económica de 2019.

Por medio de la Ley de Solidaridad N° 27.541, el Ejecutivo podía fijar los derechos de exportación y elevarlos hasta un tope del 33 por ciento para la soja y hasta el 15 por ciento para trigo, maíz y carne. "Se prohíbe que la alícuota de los derechos de exportación supere el treinta y tres por ciento (33%) del valor imponible o del precio oficial FOB para las habas (porotos) de soja. Se prohíbe superar el 15 por ciento (15%) para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que tenían una alícuota de cero por ciento (0%) a esa fecha", señalaba el proyecto. 

Actualmente el grano de soja tributa un 33 por ciento, mientras que el trigo y el maíz poseen una tasa del 12 por ciento. Sin embargo, la Ley de Solidaridad le da al Gobierno la facultad de subirla hasta el 15 por ciento. Además, en carnes se tributa un 9 por ciento y también se podría ampliar a un 15 por ciento. La leche en polvo está en 9 por ciento y también se podría incrementar, según la propuesta incluida en el presupuesto. 

Dado que no se cuenta con un presupuesto aprobado por el Congreso, el Ejecutivo implementará por decreto una suba de retenciones en el marco de lo que establece la ley que se prorrogará al menos por otros dos años. Esto forma parte de un plan que el gobierno anunciará en los próximos días para reducir el precios de los alimentos y que es muy probable que provoque una resistencia entre el empresariado del agro.

De hecho, desde las entidades ruralistas, encabezadas por la Sociedad Rural, ya habían exigido la eliminación de todas las retenciones argumentado que ante la ausencia de un presupuesto aprobado por el Congreso, este impuesto no tenía sustento legal. Por eso, si el gobierno avanza con esta iniciativa, la pelea con el sector concentrado del "campo" no será fácil, aún si el gobierno disminuyó y eliminó casi todas las retenciones a las exportaciones de producciones regionales. 

Frente a este escenario complejo, el gobierno analiza cómo lanzará esta medida de su plan anti inflacionario. Y hasta tanto no se conozcan las nuevas alícuootas con las que el Ejecutivo espera recaudar un extra de 350 millones de dólares, el Ministerio de Agricultura suspendió hasta nuevo aviso las exportaciones de harina y aceite de soja. 

"De conformidad con los términos del artículo 18 de la resolución 2019-128-APN-MAGYP de fecha 14 de noviembre de 2019 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y habiendo recibido las correspondientes instrucciones del señor Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca está Subsecretaría de mercados agropecuarios pone en conocimiento del sector exportador de los productos agrícolas comprendidos en el régimen creado por la Ley N° 21.453 que a partir de la fecha de la presente y hasta nuevo aviso el registro de declaraciones juradas de venta al exterior que involucre la exportación de las siguientes posiciones arancelarias queda suspendido", sostiene la resolución publicada en la página web del ministerio. La misiva está firmada por el Ingeniero agrónomo Javier Preciado Patiño.

La medida responde a la importancia de estas materias primas en el comercio exterior del país. El 30 por ciento de las exportaciones de este año corresponden al complejo sojero, el mismo que en 2021 aportó 9.000 millones de dólares al fisco, y se estima que la eliminación del diferencial pueda redundar en otros 350-400 millones, aunque todo depende del volumen final de las exportaciones.

Además, las exportaciones de estas materias primas no solo centrales para el país, sino también a nivel global. Argentina exporta el 52% de todo el aceite de soja que se comercia en el mundo y el 35% de la harina. En ambos casos, es el principal proveedor en el mundo.