La iniciativa busca "garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública", indica el texto.

El Decreto 206/2017, que lleva las firmas de la vicepresidente Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, entrará en vigencia el 29 de septiembre de 2017.

El Gobierno explicó además que "la reglamentación que aprueba el presente decreto es producto de múltiples y enriquecedores debates, así como de una consulta pública en la que se puso a consideración de la sociedad civil la necesidad de reglamentar algunos aspectos de la ley", en referencia a los artículos que aún quedan por reglamentar.

De esta forma el Estado deberá entregar la información "de forma totalmente gratuita" a quien la requiera siempre y cuando exista versión electrónica de los datos pedidos. Caso contrario, el solicitante deberá abonar el monto correspondiente a los costos de reproducción.

Según difundió el Ministerio del Interior en un comunicado, "las iniciativas favorecen el control de los ciudadanos sobre la gestión de los tres poderes al brindar nuevas herramientas para recabar información en poder del Estado y dar publicidad a la actividad de los funcionarios públicos". 

"En paralelo, el Gobierno enviará al parlamento en los próximos días un proyecto de Ley de Gestión de Intereses, para regular la actividad de lobby. Ambas iniciativas tienen como objetivo promover mecanismos que fomenten una mayor transparencia y mejoren el control de la ciudadanía de los actos de gobierno", añade. 

La norma prevé además la autarquía y la elección por concurso abierto, público y participativo de los funcionarios que integren la autoridad de aplicación y la creación de un Consejo Federal para la Transparencia que estará integrado por todas las provincias y desde el cual se podrá evaluar el funcionamiento de la aplicación de la ley.