El Gobierno porteño busca continuar el diálogo con el Gobierno nacional sobre la rebaja de fondos por la transferencia de la Policía, que mortifica al presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y generó una nueva puja por la firma del Consenso Fiscal para 2021. El viernes lo intentó pero, a pesar de cambios que el Ministerio del Interior introdujo en el documento que firmaría luego con los gobernadores, las dos cláusulas que rechaza la administración de Horacio Rodríguez Larreta no se suavizaron como para obtener la firma del jefe porteño, quien faltó a la cita.

Se tensaron entonces más las relaciones, aunque ahora la Ciudad da señales de un acercamiento, lo cual no quiere decir que se vuelva atrás con el recorte del dinero que el Gobierno nacional considera que la Ciudad recibió demás tras el Convenio de traspaso de la Seguridad a la órbita porteña. Inclusive, el domingo el ministro “Wado” de Pedro se manifestó porque el distrito “devuelva” lo que habría cobrado de más de los fondos nacionales durante tres años.

Si bien la Ciudad seguirá rechazando esos puntos, asegura que respetará las condiciones impositivas que implica el Consenso Fiscal 2020. Esos dos puntos son los que indican que se deberán suspender las acciones judiciales relativas a la coparticipación y el que señala que las futuras transferencias de servicios a las jurisdicciones -como ocurrirá con la Justicia a la Ciudad- no pueden ir acompañadas de las suma de recursos correspondientes que salgan de la coparticipación, sino de los fondos nacionales. Son los dos temas en riña. Uno, la presentación ante la Corte de Justicia que hizo Larreta y que hasta ahora no recibió respuesta de los magistrados para que suspenda la rebaja de los fondos en cuestión. Otro, sería desdecir a Mauricio Macri, quien al transferir parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, transformó la partida correspondiente en puntos de coparticipación que ahora el Gobierno Nacional busca convertir en una suma fija anual, ya no de traspaso automático como ocurre con “la copa”.

Impuestos

Así, el viernes en la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, que conduce Claudio Romero, se incorporó a la Ley Tarifaria una denuncia al Consenso Fiscal 2017. Esto significa que la Ciudad renuncia a aquel compromiso que se selló durante la presidencia de Macri, para poder imponer nuevos gravámenes el año que viene, como 1.2% de impuesto a los Sellos a los resúmenes de las tarjetas de crédito y anular la eximición del 7% en Ingresos Brutos a operaciones de pases y Leliq.

Según el Gobierno de la Ciudad, esos gravámenes no están especificados en el Consenso Fiscal que se firmó el viernes. Inclusive el Gobierno nacional había incorporado una cláusula para impedir que se levante la eximición tributaria a las operaciones financieras, que luego quitó. De todos modos no logró que firmara el acuerdo la Ciudad, como tampoco rebajando el lapso de impedimiento para los reclamos judiciales.

El mismo viernes circuló por las sede que el Gobierno porteño tiene en la calle Uspallata del barrio de Parque Patricios, un comunicado explicativo de la posición de Larreta cuya difusión fue descartada finalmente, porque todo ya estaría explicado en la conferencia de prensa que brindó el jefe de Gobierno tras la sanción, en Diputados, de la ley que le pondrá el broche final al recorte de $52 mil millones y algo más que venía recibiendo la Ciudad.

Funcionarios porteños mantuvieron conversaciones con “Wado” de Pedro y Silvina Batakis, el mismo viernes de la firma del Consenso, pero aseguraron que “no hubo un punto de encuentro” que revirtiera la decisión de Larreta.

Mientras, la Ciudad explicaba el porqué de que “hoy no estamos llegando a un punto de encuentro”, dejando claro que no se negaba a seguir conversando.

En el Gobierno porteño remarcaron que “dos de las cláusulas se contraponen con el reclamo presentado por la Ciudad ante la Corte Suprema en lo que respecta a la quita de los recursos provenientes de la Coparticipación” y por otro lado, “el punto sobre administración tributaria nacional que señala que “la reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones previstas en el inciso 2° del artículo 75 de la Constitución Nacional no se implementa mediante el esquema de distribución de fondos previsto en la Ley N° 23.548 (coparticipación)”.

Mecanismo

Para la Ciudad, esa cláusula “intenta justificar el mecanismo que se pretende implementar a través del proyecto de ley”, que se está terminando de definir en el Congreso.

De esa manera, el viernes en la Legislatura se incorporó una modificación al proyecto de Ley Tarifaria, mediante la cual la Ciudad de Buenos Aires denunciará el Consenso Fiscal de 2017 y así se despega de sus condiciones.

Además, desde la Ciudad de Buenos Aires dejan trascender que “se compromete a respetar lo establecido en el cuadro tarifario propuesto en el Consenso Fiscal” del viernes, ya que en el mismo proyecto de la Tarifaria para el año que viene se mantienen las condiciones en sintonía con el documento al que se comprometieron todas las provincias.

Como sea, Larreta avanzará con la imposición de los nuevos tributos que anunció cuando presentó el “presupuesto de contingencia” para el próximo ejercicio que contempla a la vez un fuerte ajuste en las cuentas públicas para saldar el dinero que le faltará, mientras sigue esperando la decisión de la Corte Suprema y la sanción definitiva de la ley del recorte para ampliar su reclamo ante el máximo tribunal. El combo económico que conforman los proyectos de Presupuesto, ley Tarifaria y Código Fiscal está en agenda de los legisladores porteños para ser sancionado en la última sesión ordinaria del año, el próximo jueves, junto a un paquete más de iniciativas diversas.