¿Buscarán la forma de inaugurarlo pero sin techo? ¿Lo dejarán olvidado hasta nuevo aviso? ¿O hasta que otro gobernador decida continuar la obra? El futuro del Megaestadio es cada vez más incierto. Ayer a la tarde, en diálogo con LA ARENA, el ministro de Obras Públicas, Jorge Varela, dijo sin vueltas, con tono resignado, que el Ejecutivo no continuará la obra. "Quedará como está", soltó.

-¿No hay otra alternativa?

-Le hemos planteado la alternativa a la Cámara (de Diputados) y al habernos negado la posibilidad... Todo esto parte de un error de la licitación, es una obra importante, tiene un plazo escaso, le habían dado 360 días, no había plano de estructura, por eso se entendió que, como la situación adolecía de falencias y no estaba previsto el adicional para el apuntalamiento de la estructura... Se hizo ese pedido a la Cámara, pero al no haberse aprobado el proyecto de ley, quedará el Megaestadio en esas condiciones.

La respuesta sorprendió al cronista, que minutos después se volvió a comunicar con el funcionario para pedirle más precisiones. ¿Su afirmación debía entenderse como la paralización definitiva de la obra? ¿O el primer paso hacia una inauguración pero sin el mentado techo? "Ahora está planteada la negativa de la Cámara a la alternativa nuestra, con lo cual, hoy por hoy, no se puede seguir la obra. Así que habrá que pensar qué es lo que se puede hacer", dijo.

-¿Pero esa estructura va a quedar ahí...?

-(Interrumpe) No sé, hay que evaluarlo. Hoy por hoy no tenemos nada decidido y seguir con la obra no se puede.

-¿Qué se hace desde lo formal, con la empresa, los plazos, el contrato?

-Hay que evaluarlo legalmente.

-¿Lo conversó con la empresa?

-No, porque esto ha sido reciente. Es un tema complejo. La alternativa que evaluaba el Ejecutivo se le planteó a la Cámara y ante la negativa se cerró el camino para continuar la obra.

-¿Ha discutido con el gobernador el camino a seguir a partir de ahora?

-No se ha discutido, pero se cierra el camino. La alternativa que manejaba el PEP se cerró, así que no hay muchas alternativas.

Millones.

En septiembre, Varela visitó la Comisión de Asuntos Agrarios de la Legislatura donde los diputados de las diferentes bancadas le anticiparon lo que finalmente ocurrió en la sesión de la semana pasada: el rechazo al proyecto que Jorge había girado al Poder Legislativo solicitando autorización para realizar una inversión millonaria que permitiera techar el Megaestadio.

El gobernador pretendía que la Provincia comprara cuarenta columnas especiales de acero para apuntalar el techo durante su colocación. Las mismas serían cedidas a la constructora Inarco y una vez finalizado el proceso, la empresa debía devolverlas al Estado en condiciones de ser reutilizadas. Desde el Frepam, el PRO, Comunidad Organizada y el PJ (salvo Luciano Di Nápoli y Miguel Tanos) rechazaron esa iniciativa.

La obra la inició el gobierno de Carlos Verna (2003-07). Fue adjudicada por licitación a la empresa Inarco por 30.000.000 pesos. La intención original era inaugurarla en noviembre de 2007, para albergar la ceremonia de apertura de la edición de ese año de los Juegos de la Araucanía. Pero Inarco nunca pudo techarla.

Los legisladores rechazaron el veto

La Cámara de Diputados rechazó ayer el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Hidrocarburos 2675, y ratificó la norma que sancionó hace algunas semanas. Ayer los ministros Jorge Varela y Ariel Rauschenberger -no habló- llegaron al recinto para explicar los alcances del veto gubernativo, y luego de que se retiraran los legisladores ratificaron la 2675, superando los dos tercios que se necesitaban para eso, con la sola excepción de Miguel Tanos y Luciano Di Nápoli (PJ-La Cámpora).

La sesión de ayer fue presidida por el vicepresidente primero de la Cámara, Juan Pablo Morisoli. Después que se retiraran los ministros del Ejecutivo, Daniel Lovera, jefe del bloque oficialista, entregó una nómina de oradores.

El primero en usar de la palabra fue Pedro Etchalús (PJ), quien de entrada manifestó "el total apoyo y acompañamiento" a la ley que habían sancionado que, dijo, tiene en cuenta la legislación nacional. Destacó "la madurez política" de los diputados de los distintos bloques que trabajaron en su redacción y quien reveló que el nuevo texto legal "impide que se puedan hacer negocios" que no se puedan controlar.

Darío Casado (PRO) rescató "la construcción colectiva" que significó el trabajo para dar forma a la ley, y manifestó "tristeza porque creía que el Poder Ejecutivo iba a tener una propuesta superadora". Expresó su desencanto por lo que entiende fue "una falta de respeto" del ministro Varela cuando refirió que la ley afectaría la venta de "baldes y palanganas plásticas. No vamos a poner un todo por dos pesos", agregó.

"Una ley más plural".

Por su parte Miguel Tanos y Luciano Di Nápoli expresaron las opiniones divergentes con respecto a sus colegas y se pusieron del lado del Gobierno provincial. Dijeron que de haberse escuchado al Ejecutivo -con los fundamentos y los adicionales que acompañaron al veto, y a los actores del sector petrolero, pudo darse forma "a una ley más plural; en tanto Di Nápoli advirtió sobre la posibilidad de futuras acciones judiciales.

Martín Borthiry (PJ) pidió "que se haga costumbre" la visita de los ministros a la Legislatura, sostuvo que los diputados "no trabajan para las cámaras petroleras", dijo que no era confiable el veto del Ejecutivo con respecto a la ley de hidrocarburos y lo tomó "como una chicana al trabajo de los diputados". Después le pegó duro al ministro Varela, al señalar que "se ha dedicado a moverse con las cámaras empresariales y a hacer lobby, a trabajar para los empresarios, cuando su obligación es trabajar por los pampeanos. No sé para quién trabaja el ministro Varela", puso en duda.

Ratificó que la ley sancionada "defiende los recursos estratégicos" y "protege de manera sustantiva los intereses provinciales, cumpliendo íntegramente los preceptos constitucionales, además de haber sido aprobada por todos los bloques". En un momento afirmó vehemente que coincide "con los principios filosóficos de Cristina Kirchner" en cuanto a los recursos estratégicos, pero se mostró en desacuerdo con el viceministro Axel Kicillof.

Estructura jurídica de fondo.

El frepamista Hugo Pérez sostuvo que "la ley protege de manera sustantiva los intereses provinciales, dejando al Ejecutivo la posibilidad de reacomodar su estructura a través de un reglamento conveniente que respete el acuerdo". Explicó que "en la Argentina existe un marco normativo que regula de manera integral la actividad hidrocarburífera, y que esa regulación debe ser única y aplicada en todas las jurisdicciones. La Ley 17319 y su complementaria Ley 26197, conocida como 'Ley Corta' y la reciente Ley 26741 de Nacionalización de YPF, configuran la estructura jurídica de fondo íntegra y suficiente. En este contexto, las provincias deben orientar sus esfuerzos en pos de dictar sus propias leyes que establezcan los procedimientos, de manera de propender una aplicación favorable de la Ley Nacional, en acuerdo al artículo 126 de la Constitución Nacional", argumentó.

Después volvió a reclamar que el Poder Ejecutivo cumpla con leyes vigentes, como por ejemplo "la asignación de un Director por la primera minoría de la cámara y un Síndico por la segunda minoría. Esa ley no está vetada gobernador -lo interpeló-, aunque de hecho pareciera que sí".

Ratificó que "esta ley de Hidrocarburos cumple íntegramente con los preceptos constitucionales y ha surgido del consenso de todas las fuerzas políticas que componen esta cámara".

Lovera: River o Boca, que decidan.

Por su parte Daniel Lovera (PJ) fue el que más minutos utilizó. Dispuso de 12 carillas y fue diciendo lo suyo. Señaló que "los recursos hidrocarburíferos son propios de las provincias argentinas", que "han asumido en forma plena el ejercicio del dominio originario y su administración, mientras que el Estado Nacional es responsable de diseñar las políticas energéticas a nivel federal. Las provincias no han delegado constitucionalmente en el Poder Legislativo Nacional facultad alguna que posibilite dictar normas que otorguen facultades a los Ejecutivos provinciales en la materia. Entonces, el veto preocupantemente desconoce el sistema de organización federal del país, y con ello los artículos 1, 5, 121 siguientes y concordantes de la Constitución Nacional, pues pretende que sea operativa una norma nacional en la organización institucional de la provincia de La Pampa sin que ésta haya sido incorporada al derecho local mediante acto expreso".

Lovera confirmó la Ley 2675 "en los términos y con las mayorías establecidas en el segundo párrafo del artículo 70 de la Constitución Provincial. Entendemos que debemos asumir una clara posición respecto de los recursos naturales hidrocarburíferos, estratégicos también en el desarrollo de la dinámica social y económica de la región y de nacional, dotando al Estado Provincial de las herramientas que la Constitución y la Ley le otorgan, para la mejor consecución del bienestar de todos los pampeanos, tal como lo dijéramos al presentar el proyecto de esta Ley, y en contraposición a los criterios expuestos en el veto".

Después indicó que "ahora quedó claro: esta ley representa los intereses de los pampeanos y el gobierno representa a un sector. Que el ministro Varela se quede tranquilo que las empresas no se van a ir", le respondió.

En un momento Lovera quiso marcar las contradicciones del Gobierno provincial y le pidió que se defina, porque "en Buenos Aires son de Boca y en la provincia de River".

Varela: "Es una ley inconstitucional".

El ministro de Obras Públicas, Jorge Varela, adelantó que el Gobierno provincial va a plantear la inconstitucionalidad de la ley de Hidrocarburos que ayer fue ratificada en la Legislatura provincial, con el voto de una gran mayoría de legisladores, y la sola excepción de los dos que responden al sector conocido como La Cámpora.

Antes, en el recinto, Varela -quien llegó acompañado del ministro Coordinador Ariel Rauschenberger- había planteado ante los diputados que la norma que habían sancionado resultaba inconstitucional y "llega a situaciones absurdas" al punto que "avasalla las facultades del Poder Ejecutivo. Advirtió que "de ser sancionada (en realidad debió decir promulgada) traerá condiciones de competencia desfavorables" y podría conllevar que "el capital privado se irá a otras provincias".

Varela defendió el proyecto enviado por el Ejecutivo -junto al veto- y dijo que con él se le daba "transparencia a la actividad, porque el negocio petrolero mueve muchos millones de pesos. No sé cuál es la razón por la cual los diputados no le quieren dar transparencia a través de un consejo donde intervienen el Ejecutivo, el Legislativo, el Tribunal de Cuentas y los Municipios".

Después agregó que como integrante del Ejecutivo estaba en el derecho de asistir a la sesión, aunque en estos primeros meses del año no respondió invitaciones para hablar del tema que ahora fue a abordar, la Ley de Hidrocarburos.

"La Pampa en desventaja".

Dijo el ministro que "la ley está imponiendo condiciones de administración cuando no las tiene", y razonó que pretende legislar respecto de actividades comerciales sobre las cuales la Cámara (de Diputados) no tiene incumbencia. Por ejemplo está legislando que para poner un negocio de venta de plásticos -y mencionó baldes, palanganas, etc.- le tiene que dar el 20% a Pampetrol, si quiere transportar también el 20%. Está regulando comercios para los cuales no tiene facultades", alertó.

Puntualizó que la Ley Nacional 17319 de la actividad hidrocarburífera "establece que quienes pueden llevar adelante la actividad son empresas privadas, empresas estatales y empresas mixtas. En este caso en la Provincia no podrá haber empresa privada que venga a invertir", con lo cual "si esta ley se lleva adelante, por muchos años, -ya que la vigencia de los contratos es 9 años de permiso de exploración y 25 años de concesiones de explotación-, concretamente 34 años, la provincia de La Pampa va a estar en desventaja respecto de otras". Y dedujo el ministro que "si desde el vamos una empresa en La Pampa para invertir pierde el 20% porque se lo tiene que dar al Estado, cruza el río y en Río Negro va tener condiciones más favorables porque no tienen estos requisitos".

Negó que el Ejecutivo esté a favor de las empresas petroleras. "Estamos en favor de la mano de obra pampeana. Se va a resentir mucho la mano de obra, de las grandes empresas y de las que venden insumos y la ley tal como la quieren los diputados va a resentir la economía de La Pampa".

Sobre el final dijo que la norma hidrocarburífera debiera convocar a todas las partes, y dijo que "ya se manifestaron los gremios, la Uocra, en contra de esta ley así como la trató la Cámara ¿Cuál es el motivo de sancionar, de apurar una ley en estas condiciones?", se preguntó.

Una ley que no se respeta.

La Ley 2563 dispone que no se puede fumar en Espacios Públicos y, además, la resolución 52/08 de la Legislatura provincial dice que no se lo puede hacer en el ámbito del edificio. Los mismos diputados trabajaron en una ley de tabaquismo, y obviamente no ignoran esas disposiciones. Al menos no pueden argumentar que no las conocen. Ayer, antes de la sesión, César Ballari (PJ), ante la presencia de sus colegas Pedro Etchalús y Fernanda Alonso, y a la vista de todo el mundo, no tuvo disimulo en fumar. Un claro desprecio a una ley plenamente vigente, y un ejemplo pequeño pero para nada edificante.

Otros temas de la sesión legislativa.

Más allá del tratamiento y rechazo al veto a la ley de Hidrocarburos, en una larga sesión, los diputados aprobaron un proyecto autoría de Mariano Fernández (PJ), para que sean las madres quienes cobren las prestaciones asignadas por nacimiento, por hijo, por adopción, por familia numerosa, por escolaridad y por ayuda escolar primaria; mientras que la asignación por matrimonio se efectivizará a ambos cónyuges.

Así se modificó el artículo 95 de la ley 643 que establece el régimen de los agentes de la administración pública provincial. Las excepciones se darán cuando medie una autorización de la madre para que lo haga el padre, cuando sea el padre quien tenga la tenencia del o los hijos y en caso de fallecimiento de la madre.

Además el orden del día contemplaba modificaciones en el Consejo Consultivo de Salud. Por unanimidad se aprobó un proyecto que proponía la modificación de los Artículos 1º, 3º y 4º de la ley de su creación. Por lo tanto se incorporará como miembros a asociaciones profesionales y gremiales vinculados a la Salud; otorgándole al Ministerio de Salud la facultad de convocar, cuando la temática lo requiera, a otros integrantes y la obligatoriedad de que el Consejo Consultivo de la Salud sesione un mínimo de seis veces por año calendario.

Juan Carlos Olivero (Frepam) dijo que si bien no quería hablar de crisis había que hablar de que la Salud "no anda bien. Creemos que debemos llevar adelante las acciones necesarias para mejorar el sistema y brindar a todos los ciudadanos una salud de calidad. Con esa finalidad, pensamos que un buen funcionamiento del Consejo Consultivo de la Salud, puede aportar positivamente al sistema y subsanar mucho de los problemas que lo aquejan", completó.

Cabe señalar que antes de empezar la sesión, representantes de la mesa intersindical estatal se reunieron con los presidentes de bloque y acordaron que sea la Comisión de Poderes de la Cámara la que trate la nota en la que piden convocar a una sesión especial para tratar el tema del conflicto salarial. Inmediatamente de leído ese punto en el recinto las gradas -hasta entonces completas- quedaron vacías.

Descentralización.

Además ayer los diputados aprobaron la ley por la que se modifica el artículo 11 de la Ley 2358, de creación del Consejo Provincial de Descentralización. El nuevo texto dice que "el programa de Desarrollo de la Economía Social tendrá como objetivo promover la institucionalidad de las micro finanzas poniendo en práctica una política de desarrollo de emprendimientos de la economía social, por medio de la implementación de otorgamiento de micro créditos, destinando como mínimo el 10% de los recursos disponibles, para emprendimientos solicitados por personas con discapacidad". Marina Cahais (PJ) fue la encargada de fundamentar el proyecto.

"La inserción laboral de una persona con discapacidad es un derecho, una necesidad, una obligación de la sociedad; y teniendo como meta brindar alternativas para el ingreso al mercado laboral considero que los recursos financieros son decisivos", argumentó.