Frente a la escalada inflacionaria, el Gobierno reforzó los programas de promoción y asistencia social, siendo de las únicas partidas presupuestarias que le ganaron a los precios en los últimos doce meses y exhiben un alto nivel de ejecución. En montos, las partidas a marzo se incrementaron un 117 por ciento, con un crecimiento real respecto de la inflación esperada de 103,7 por ciento interanual.

El aumento se explica principalmente por el elevado nivel de ejecución, ya que los montos de las partidas destinadas vigentes quedaron rezagadas frente a la suba de precios y el recorte de 150.000 beneficiarios dentro del programa Potenciar Trabajo. La efectividad de los refuerzos sociales seguirá condicionada a la posibilidad de reducir una inflación que absorbe cualquier ajuste nominal de ingresos. 

En el diseño presupuestario para este año, a través de la decisión administrativa publicada el 10 de enero en el Boletín Oficial, el Gobierno había dejado sin efecto la ampliación del gasto en políticas alimentarias, con un recorte de 100.000 millones de pesos, según el informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Sin embargo, varias partidas tuvieron que ser reforzadas y acelerada su ejecución frente a una inflación que no cede y eleva exponencialmente los niveles de pobreza e indigencia.

Este martes el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, y la de Desarrollo Social anunciaron un aumento de 35 por ciento, y dos nuevos ajustes trimestrales, en los montos de la tarjeta Alimentar para las familias con hijas e hijos de hasta catorce años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, la Asignación por Embarazo o la Pensión Contributiva para madre de 7 o más hijos/as. Este incremento implica un refuerzo de la inversión en seguridad alimentaria para lo que resta de 2023 de 121.000 millones de pesos, compensando el recorte vigente presupuestado para este año.

La ejecución de partidas también se aceleró. “La función Promoción y Asistencia Social alcanzó una ejecución del 27 por ciento, superior al promedio de 20,3 por ciento”, señala un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). La partida vigente para estos programas asciende a 1,3 billones de pesos, de los cuales ya ejecutaron 361.122 millones de pesos.

Las partidas de los programas vigentes se dividen en acciones de inclusión socio-productivas (590.982 millones de pesos), políticas alimentarias (442.756 millones), asistencias  financieras (91.377 millones), abordaje territorial (51.867 millones), formulación de políticas contra la violencia (50.655 millones), actividades centrales (21.152 millones), integración socio-urbana (11.214 millones), asistencia a la actividad cooperativa y mutual (10.590 millones) y atención y acompañamiento a personas (8689 millones).

En el caso de las políticas alimentarias, la ejecución presupuestaria asciende al 29 por ciento, habiéndose devengado hasta marzo 127.469 millones de pesos de los 442.756 millones de crédito vigente (sin contar la ampliación anunciada el martes). El programa Tarjeta Alimentar cuenta con 2.413.316 beneficiarios (93,7 por ciento son mujeres). Los recursos destinados al programa se incrementaron originalmente un 94 por ciento interanual, por debajo de la inflación proyectada hasta el momento. La mayor suba se dio en el Potenciar Trabajo. En este programa, pese a la baja de 150.000 beneficiarios, las transferencias se incrementaron un 125 por ciento interanual.

En términos globales, el gasto devengado de la Administración Pública Nacional (APN) alcanzó en marzo los 2,5 billones de pesos, con un incremento interanual nominal del 94 por ciento y una caída a valores constantes del 4,8 por ciento, de acuerdo con el informe de CESO en base a datos del Ministerio de Economía.

Las erogaciones destinadas a subsidios energéticos registraron un descenso nominal del 21 por ciento, que en términos reales representaría una baja de más del 60 por ciento. El informe puntualiza que "todavía no se hicieron transferencias al Fideicomiso del Programa Hogar (Garrafa Social)" y que los subsidios se concentraron en transferencias a productores (Plan Gas y Gas Propano) y distribuidores de gas (Tarifa Social), en tanto la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) solamente utilizó un 15,7 por ciento del presupuesto disponible..

En la clasificación por finalidades, el mayor aumento interanual del gasto se dio en Deuda Pública (141 por ciento), seguido por Servicios de Defensa y Seguridad (113 por ciento), Servicios Sociales (91 por ciento), Servicios Económicos (65 por ciento) y Administración Gubernamental (63 por ciento).

En cuanto al grado de ejecución (porcentaje del gasto respecto del previsto para todo el año), las cinco jurisdicciones que encabezaron el listado fueron los ministerios de Mujeres, Género y Diversidad (32,9 por ciento), Transporte (31,6 por ciento), Desarrollo Social (28,6 por ciento), Educación (26,3 por ciento) y el Poder Legislativo (25,6 por ciento).