Hay muchas definiciones de gobernabilidad. La mayoría dentro de la ciencia política. Pero, para el caso argentino de estos tiempos, tomemos la preferida del sistema financiero. Según el Banco Mundial, gobernabilidad implica un estilo de gobierno con cooperación entre el Estado y actores no estatales, dentro de redes mixtas de decisión pública y privada. En términos prácticos, es la eficacia del sistema político y administrativo para responder a las necesidades sociales, garantizar la ley y generar confianza institucional. La gobernabilidad no es solo tener poder, sino saber usarlo de forma efectiva, legítima y sostenible. La definición pertenece a los informes del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), y es el concepto que se toma como válido dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI); el organismo custodio de las metas y objetivos que Argentina deberá cumplir para poder recibir la ayuda financiera establecida con los Estados Unidos para no caer en default durante 2026 y 2027.

Concretamente, desde el Fondo se irán liberando paulatinamente los dólares para que el gobierno de Javier Milei vaya cumpliendo con los pagos de los vencimientos de bonares y globales de enero y julio de cada año. En total, son unos US$ 18.500 millones, distribuidos en pagos de entre 4.300 y 4.200 millones en cada vencimiento, que, en el caso de que la Argentina no pueda acumular suficientes reservas o recurrir a los mercados financieros voluntarios de deuda, se pagarán con el dinero que Estados Unidos tiene depositado en el FMI. Con una condición anterior, que la Argentina cumpla con los compromisos fijados con el organismo. Una obligación que va más allá de las metas pactadas con el Fondo en el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el 11 de abril, por el cual el país debe cumplir con un superávit fiscal programado, emisión monetaria cero y un nivel de recuperación de reservas que mejore la performance del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En general, estas metas se cumplen, salvo la última, donde radica el principal debe de la gestión Javier Milei-Luis “Toto” Caputo ante los ojos técnicos del FMI.

Sin embargo, el listado de obligaciones de la Argentina ante el FMI (y el Tesoro de los Estados Unidos), aumentará sustancialmente en el momento en que se firmen todos los papeles para arrancar, técnicamente hablando, con el acuerdo de salvataje de EE.UU. al país, vía swap, vía FMI. Para que el Ministerio de Economía pueda acceder a los dólares que custodia el Fondo, además de las metas del Facilidades Extendidas (especialmente el incremento de las reservas del BCRA), es obligación trabajar en la gobernabilidad. Es un sí o sí. Para el Fondo, desde el 27 de octubre terminó la época en la que Milei maneja la economía de manera cerrada y despectiva para los que piensan distinto.

Siguiendo la definición del Banco Mundial (la que vale para el Fondo), debe instrumentar acuerdos políticos con otras fuerzas de la república y la democracia argentina, además de “actores no estatales, dentro de redes mixtas de decisión pública y privada”, para que se pueda avanzar en reformas estructurales, a los ojos del FMI y del gobierno de los Estados Unidos (y quizá también para el tándem Milei-Caputo), imprescindibles para que el país salga de su crisis crónica que le impide crecer desde hace casi 15 años. Incluyendo el bienio 2024-2025. El concepto de gobernabilidad que tiene en mente el FMI incluye “eficacia del sistema político y administrativo” y “generar confianza institucional”.

Trasladando estas frases algo teóricas y frías, además de bastante diplomáticas, a la realidad argentina; lo que desde el FMI y el gobierno de EE.UU. le están diciendo a Javier Milei es que desde el día después de las elecciones, su gestión debe abrirse de manera concreta y amplia, al resto de los políticos del ecosistema criollo que coinciden con la necesidad de reformas estructurales. Dicho de manera más brutal, y sin eufemismos, Milei debe abrir su propio gabinete a figuras políticas calificadas antes como “mandriles” y a políticos definidos como “casta” o, aun peor, “ensobrados”, para volver a tener una red dirigencial legislativa que le permita una mayoría de votos en Diputados y el Senado, que solo con el dialogo con potenciales aliados se podría lograr. Esto incluye no solo al PRO, sino a los gobernadores otrora dialoguistas, que fueron combatidos, asediados, castigados, criticados y hasta maldecidos por Las Fuerzas del Cielo, pero que desde el día después de las próximas legislativas, tienen que volver a ser transeúntes de los puentes del dialogo político. En síntesis, y por orden de EE.UU. y el FMI, la “tabula rasa” más grande y firme de toda la corta vida política de Javier Milei y su gobierno.

Pero el acuerdo de gobernabilidad debe ir más allá, e incluye otra reconciliación del Gobierno con un espacio trascendental de la realidad del país. Milei debe recomponer relaciones con el Círculo Rojo; un ámbito casi ignorado por parte del Presidente, y que quizá por prejuicios mutuos, estuvo fuera de las alianzas con el Ejecutivo. De hecho, se sabe, los ministros del gabinete tienen prohibido reuniones con altos representantes de las cámaras empresariales, el gremialismo privado o cualquier alto influencer que hable en nombre de los históricos o nuevos responsables de las grandes compañías del país. Salvo un elenco muy selecto de empresarios como Marcos Galperin, Eduardo Elsztain y no muchos más, el elenco estable y renovado de los popes del Círculo Rojo no tienen diálogo con el Presidente. Y tampoco grandes contactos formales o informales con su gabinete. Esto debe romperse, según los códigos de gobernabilidad del Banco Mundial, y el jefe de Estado y sus ministros y secretarios, abrirse al diálogo con los referentes de sectores como el comercio, la industria, construcción, servicios, etc.

En síntesis, un nuevo acuerdo político entre la casta y el Círculo Rojo, que garantice la gobernabilidad.

¿Y qué debería salir de esta nueva alianza? O, más bien, ¿cooperativismo gubernamental? En concreto, en los próximos dos años, Javier Milei deberá conseguir consenso para que el Congreso Nacional apruebe estas seis leyes fundamentales:

◆Presupuestos 2026 y 2027

◆Reforma impositiva

◆Reforma laboral

◆Reforma previsional

◆Ley de autonomía del BCRA.

Todo esto antes de diciembre de 2027. Si lo logra, el de Milei habrá sido un gobierno realmente revolucionario, al menos en términos capitalistas. Pero para esto, debe cambiar radicalmente su postura de aislamiento político. Y cambiar radicalmente su concepto de relación con la casta y el Círculo Rojo. No tiene mucha opción. Este capítulo es imprescindible para que lleguen los dólares-DEGs del FMI, pactados con el rescate de los Estados Unidos. Si no, Milei y su gestión entrarán en default. Pero, antes, lo sabrán los mercados.