Eugenia Muzio

El quinto piso del Palacio de Hacienda cierra el 2025 con lo que calificó cómo un "éxito rotundo" del RIGI y, según confirmaron fuentes oficiales a PERFIL, planea extenderlo en el tiempo. Con los proyectos aprobados este año junta inversiones por más de USD 24.000 millones, pero en realidad el monto asegurado para los próximos dos años de gestión es mucho menor y no tendría impacto directo en las reservas del Banco Central, aunque no deja de ser cálculo para afrontar un apremiante cronograma de vencimientos de deuda.

El piso que el ministro de Economía Luis Caputo tiene asegurado es de USD 3.680 millones. Se trata de un mínimo legal, ya que la norma indica que las iniciativas deben desembolsar el 40% del monto mínimo de inversión en los primeros dos años. Es decir: unos USD 80 millones por proyecto general, que ingresó con un monto de USD 200 millones, y para el caso de los Proyectos de Exportación Estratégica (PEELP), reservados para inversiones superiores a los USD 2.000 millones, obligan a poner sobre la mesa USD 800 millones upfront.

Además, el grueso de divisas comprometidas está concentrado: el 87% de los dólares que entrarán "sí o sí" provienen de solo cuatro iniciativas.

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Mirado con lupa, el régimen en realidad incluyó proyectos —sobre todo, energéticos— que se hubieran ejecutado incluso sin necesidad del sacrificio fiscal y, en cuanto al empleo, no termina de reunir un capital intensivo. Aun así en los despachos oficiales prevén un decreto para alargar la vida al régimen, mientras que aún no hay avances sobre la ampliación a los proyectos de upstream de petróleo que anunció el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, frente a las empresas más importantes del país.

Los proyectos troncales y la pared de deuda

La promesa del flexible régimen de exención impositiva de la segunda mitad de mandato de Javier Milei descansa sobre los hombros de estos cuatro proyectos estratégicos (PEELP), que en conjunto aportan un piso de USD 3.200 millones de ejecución inmediata: el GNL de Southern Energy (un pool de empresas encabezadas por PAE y Golar), el oleoducto Vaca Muerta Sur (YPF y socios), el litio de Río Tinto y el cobre de Los Azules.

El aporte del "pelotón" y la ilusión del empleo

Los otros seis proyectos aprobados suman USD 480 millones al piso de divisas inmediatas. Aquí entran desde el parque solar de YPF en Mendoza y el eólico de PCR y Acindar, hasta la planta siderúrgica de Sidersa y la terminal portuaria de Timbúes, según la información ordenada que proporcionó a PERFIL el Ministerio de Economía. Incluso sumando la reactivación de la mina de oro Gualcamayo, el blindaje de los dólares depende casi exclusivamente de los gigantes energéticos.

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En cuanto al empleo, el Gobierno contabiliza más de 27.000 puestos en sus planillas, pero los analistas piden cautela. Gran parte de estos números corresponden a la fase de obra civil. Son picos de contratación temporal para la construcción (como los 9.700 de Timbúes), no puestos operativos permanentes. Una vez cortada la cinta, estos sectores operan con alta tecnología y baja dotación de personal, lo que limita el efecto "derrame" sobre el consumo masivo que necesita la economía real.

Dólares por fuera de la cuenta

Tal como con las privatizaciones, tanto Caputo como agentes y consultores del mercado cuentan las inversiones del RIGI como una fuente más de divisas que tiene el país para los próximos años. Pese a ello, en el primer año de inversión la normativa establece que los ingresos por aportes de capital o préstamos financieros son de libre disponibilidad.

Es decir que la empresa puede traer los dólares y dejarlos en una cuenta en el exterior o venderlos en el mercado financiero (CCL/MEP) si le conviene más la brecha, sin obligación de liquidarlos al tipo de cambio oficial. O sea, esos dólares físicos no entran necesariamente a la bóveda del Central. Además, las divisas generadas por estas grandes exportaciones —como el cobre o el GNL— no tendrán la obligación de liquidarse en el mercado oficial (MULC) una vez cumplidos los plazos iniciales (100% primer año, 20% segundo, 40% tercero y libres al cuarto año).

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El Gobierno insiste, sin embargo, con que está creando las condiciones de confianza necesarias para que las inversiones se queden en Argentina. Mientras que con las obligaciones del Tesoro la manta queda corta. Según un informe de la consultora Eco Go, el perfil de vencimientos de deuda en moneda extranjera es una pared vertical:

2026: El Gobierno enfrenta pagos por USD 16.707 millones. De ese total, USD 7.185 millones son bonos con el mercado y USD 9.522 millones con organismos internacionales.

2027: La carga sube a USD 20.065 millones, con fuerte peso de los multilaterales (USD 12.251 millones).