Era improbable que los Kirchner restituyeran a los militares en el espionaje sobre las cuestiones internas del país. Pero sabemos cada vez con más certeza que el relato es una cáscara vacía. No debe sorprendernos, por lo tanto, que los militares estén otra vez dentro de los servicios de inteligencia del Gobierno, según se desprende de varios pedidos de informes de la oposición a la Comisión Bicameral de Seguimiento del espionaje vernáculo. La “comisión Moreau” –el diputado Leopoldo Moreau es, cuándo no, su presidente– decidió no responder los últimos reclamos de los opositores o no lo hizo la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), la ex-SIDE, porque teme una filtración de sus respuestas. La implícitas denuncias de la oposición en sus pedidos de informes conllevan un grado especial de gravedad. Refieren a la posibilidad de que cuatro coroneles retirados estén trabajando como espías orgánicos o inorgánicos en el espionaje interior del país y que, además, haya una coordinación de los servicios argentinos con los servicios de inteligencia venezolano, cubano y ruso. El silencio es una manera de aceptar, porque negar tales informaciones hubiera sido la reacción más fácil y rápida de despejar cualquier duda. La reticencia para responder fue la única respuesta que recibió hasta ahora la oposición.

La cuestión cobró una nueva dimensión desde que se supo que el actual jefe de la AFI y exministro de Defensa, Agustín Rossi, será dentro de pocos días el nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Juan Manzur. Rossi tuvo tiempos moderados e inmoderados; fue consensual en los primeros años de Néstor Kirchner, pero luego se volvió un talibán de la causa cristinista cuando Cristina Kirchner profundizó la radicalización de sus posiciones. También fue ministro de Defensa en los últimos dos años de ella como presidenta y, antes, presidente del bloque oficialista de diputados. “El Chivo (así lo llaman sus amigos a Rossi) debería saber que siempre se puede decir que no y renunciar”, solía decir por aquellos tiempos Alberto Fernández, que tampoco nunca pudo decir que no. Nadie sabe dónde está parado ahora Rossi, pero lo más probable es que no esté muy lejos de Cristina Kirchner, dueña y señora del peronismo en el que cree el nuevo jefe de Gabinete. Esté donde esté, lo cierto es que fue Rossi quien les abrió a los militares las puertas de los servicios de inteligencia. Sus reiterados pasos por el Ministerio de Defensa y su relación con el exjefe del Ejército César Milani parecen haberlo convencido de que no hay mejores especialistas que los militares para hurgar en la vida de los argentinos. El Presidente no es inocente porque la AFI tiene una dependencia directa del jefe del Estado; nadie se interpone entre él y los servicios de inteligencia.

Poco tiempo después de la restauración democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín hizo aprobar por el Congreso la ley de defensa nacional, que les prohíbe explícitamente a los militares incursionar en el espionaje interno de la nación política. Bajo esa misma administración se sancionó la ley de seguridad interior, que insistió con la misma prohibición. Ya en los años 90, otra ley, la de inteligencia, reiteró que los militares solo pueden hacer inteligencia referida a la seguridad del país y no meterse en cuestiones propias de la vida política interna. En 2006, Néstor Kirchner modificó la ley de defensa nacional y estrechó aún más el margen de los militares para incursionar en asuntos internos. Siempre se interpretó que tales leyes significaban un avance del control civil sobre las Fuerzas Armadas. El mundo y el país cambiaron luego; comenzó entonces el debate sobre si el narcotráfico y el terrorismo internacional son agresiones externas (con cómplices locales) que merecen la reacción de los militares y no solo de las fuerzas de seguridad. Ese debate no ha concluido en nada nuevo; las leyes vigentes son aquellas que les fijan a los militares serios límites para penetrar en la esfera interior del país.

Ya la AFI de Rossi había aceptado, en respuesta a la oposición en esa Comisión Bicameral, que dos militares habían pasado con él al servicio de inteligencia interior. Se trata de Roberto Adrián Román, que fue director nacional de Inteligencia Estratégica Militar, y que ahora revista como secretario de Planificación de Inteligencia Nacional en la AFI, y de Ramiro Gómez Riera, que hasta 2014, al menos, revistó como subteniente del Ejército, luego fue personal de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estrategia Militar y ahora está al lado de Rossi como asesor de la AFI. La oposición reclamó que le dijeran si Milani era personal orgánico o inorgánico de la AFI, pero la respuesta de Rossi fue que no formaba parte de la planta permanente del organismo. No especificó si desempeñaba tareas como inorgánico del organismo, una figura muy usual en los servicios de inteligencia para encubrir a sus colaboradores. Milani, entonces jefe del Ejército, se hizo cargo de hecho de la inteligencia del Estado cuando Cristina Kirchner, presidenta en aquel tiempo, rompió con el todopoderoso exjefe del espionaje local Jaime Stiuso, luego de que ella firmara el acuerdo con Irán. Stiuso se opuso a ese pacto con los iraníes por sus estrechos nexos con servicios de inteligencia occidentales. En su época como mandamás del Ejército, Milani, según versiones nunca desmentidas, investigaba si sus subalternos simpatizaban con el gobierno de Cristina Kirchner o con la oposición. De acuerdo con esa información, oficiales y suboficiales eran ascendidos o sus carreras se veían truncadas. Un comienzo cantinflero y abortado de chavismo argentino.

La oposición pidió luego, el 2 de enero, que le informaran si los coroneles retirados Augusto Cayo, Enrique Tonazzi, Leopoldo Lobo y Sergio Skobalski fueron contratados como Personal Civil de Inteligencia (PCI) en la AFI. Nunca hubo respuesta. En fecha más reciente, el 25 de enero, tres miembros opositores de la Comisión Bicameral (los diputados Cristian Ritondo y Miguel Bazze y el senador Ignacio Torres) tomaron nota de las declaraciones del dictador venezolano Nicolás Maduro para justificar su ausencia de la reunión de presidentes de la Celac en Buenos Aires. Maduro dijo que había decidido no viajar a la Argentina porque “sé que existe un plan elaborado por la derecha neofascista cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones contra la delegación” venezolana. Luego, se extendió aún más en su denuncia y afirmó que “fuentes de inteligencia y de contrainteligencia de primer nivel nos advirtieron sobre un ataque de Estados Unidos” y advirtió que sería víctima de una “emboscada” que lo obligaría a “entrar en combate en territorio argentino. Es una información muy delicada”, se pavoneó.

La oposición hizo su propia investigación y como resultado de esa pesquisa le pidió a la “comisión Moreau” que la AFI le informara si algún organismo oficial tuvo acceso a la solicitud de ingreso al país de los escoltas de Maduro y si pidieron permiso para portar armas. Lógico: solo se “entra en combate” armado. Preguntó también si la AFI tuvo información sobre ese presunto plan para agredir a Maduro; si tenía un plan contingente en caso de que fuerzas extranjeras “entraran en combate” en territorio argentino, y si tiene conocimiento de que existen redes de inteligencia venezolanas en el país y de grupos de inteligencia cubanos que operan aquí en apoyo de intereses venezolanos. También averiguó si la AFI sabe de reuniones en el país de los servicios de inteligencia de Venezuela, Cuba y Rusia para intercambiar información, y si tuvo información por terceros países sobre la existencia de redes de inteligencia venezolana en la Argentina. Por último, preguntó sobre si existían programas de cooperación en materia de inteligencia entre los gobiernos de la Argentina y los de Venezuela, Cuba y Rusia. Silencio. Sin respuestas. Otra vez: el silencio otorga.

Paralelamente, Rossi inició una causa penal contra dos periodistas (Daniel Santoro y quien esto escribe) por violar supuestamente la ley y revelar nombres de agentes de inteligencia. La denuncia en sí misma es la confirmación de la información publicada, que significa una clara violación de las leyes argentinas. Alberto Fernández se convirtió, así las cosas, en el presidente que reinstaló al trabajo periodístico en el Código Penal (que significa la posibilidad de cárcel) y, al mismo tiempo, en el presidente que aceptó que los militares volvieran a hacer espionaje interno en el país. No fue el primero; Cristina Kirchner lo había precedido en esa ilegalidad. ¿Quién, entonces, violó la ley? ¿Los periodistas o los que gobiernan? El periodismo seguirá haciendo su trabajo. Contar la verdad nunca fue un delito.