"No tomamos una medida para bajarla una semana después. Estuvimos diseñándola durante meses y estamos convencidos de que va a servir", asegura un alto funcionario del equipo económico a iProfesional. "No hay marcha atrás", refrenda ante la consulta. Aunque la medida debe ponerse en marcha este mismo jueves, los controles arrancarán recién la próxima semana por los feriados.

Del lado de las empresas también se muestran inflexibles. "El miércoles haremos la protesta formal ante Comercio Interior y, si la rechazan, insistiremos ante la Justicia", promete el directivo de una de las empresas alimenticias líderes del país.

En el centro de la pelea está la última medida que tomó el Gobierno, con el objetivo de controlar los precios y los stocks en varios rubros claves de la economía. Entre ellos, el poderoso y sensible sector de la alimentación.

La pulseada comenzó la semana pasada, cuando el Gobierno lanzó un régimen informativo obligatorio para las compañías -el Sipre-, a través del cual las grandes empresas deberán informar mensualmente su producción, ventas, precios y stock.

Ante la consulta de iProfesional, desde los despachos oficiales son contundentes y no dan margen para ninguna negociación: "Vamos a rechazar el recurso de la Copal", la poderosa cámara que agrupa a las principales fábricas de la alimentación.

"No tomamos esta medida para sumar controles porque sí. Queremos observar en detalle a los fabricantes de insumos de la industria. ¡Ellos mismos denunciaron que tienen problemas con los proveedores! Que les aumentan sin fundamentos o que no les entregan productos para poder fabricar", se queja el funcionario consultado.

Empresarios en pie de guerra

 

Desde el lado empresario también son concluyentes. Si no logran una respuesta positivas, las principales empresas alimenticias del país irán a la Justicia en lo Contencioso Administrativa para intentar que un juez les dé la razón: básicamente plantearán que varios datos que les pide el Gobierno son confidenciales y hacen a la competencia entre las compañías y que, por otra parte, les insume costos adicionales que no están dispuestas a aceptar.

La cuestión ya fue adelantada por el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, al propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en un encuentro reservado, en las últimas jornadas, según pudo saber iProfesional.

Según el Sipre (Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica), las empresas deberán informar mensualmente los precios de venta vigentes y cantidades vendidas de los productos que elaboran.

Incluye a los rubros de los alimentos -el más sensible a nivel político y social- pero también a los otros como: bebidas, perfumería, limpieza e higiene personal, insumos de uso difundido, electrodomésticos, muebles y alimentos para animales.

Por ahora, la queja formal proviene exclusivamente del sector de la alimentación.

La medida debe ponerse en marcha el jueves 1 de abril. Entre ese día y el 10, las compañías están obligadas a enviar la información al Gobierno. ¿Qué harán las alimenticias en caso de que Comercio no escuche el reclamo?

"Iremos a la Justicia. A partir de que no hagan lugar a nuestro reclamo tendremos 60 días para llevar el pedido a un juez", dice la fuente.

Está claro: se vienen momentos de gran tensión entre el Gobierno y las principales fábricas de alimentos de la Argentina.