Horas después de confirmarse la muerte del fiscal Alberto Nisman, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, designó al fiscal Alberto Adrián Gentili como su remplazante hasta el fin de la feria judicial.

"Dadas las circunstancias que son de público conocimiento, resulta necesario tener por designado un magistrado para ejercer funciones a cargo de la Unidad Fiscal", detalló Gils Carbó en un comunicado.

Gentili, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal de San Martín, fue el elegido para llevar adelante la investigación del atentado a la AMIA hasta el 31 de enero. El funcionario tenía la confianza del fallecido Nisman, quien pedía que lo remplazara cuando estaba de licencia y así lo expresó días atrás antes de tomarse vacaciones.

El abogado de 48 años pasó más de 20 en la justicia federal. Dio sus primeros pasos en la justicia de Morón y en 2001 asumió al frente de la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora. Dos años después, en 2003, fue nombrado como coordinador de la Unidad Especial móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos.

En septiembre de 2006, Gentili remplazó a la fiscal Mónica Cuñarro al frente de Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas y Crimen Organizado (Ufidro).

En esa dependencia surgieron los principales cuestionamientos para el fiscal. En 2007 inició una investigación contra dirigentes políticos y sociales como la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; y el secretario general del Partido Comunista, Patricio Echegaray, por un supuesto financiamiento a las de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC). En ese momento, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) lo denunció por violación de los deberes de funcionario público.

Al año siguiente, el periodista Horacio Verbitsky acusó al entonces encargado de investigar el tráfico de drogas de haber participado de una fiesta con el abogado Julio Virgolini, quien era entonces defensor de Marco Antonio Estrada González, señalado como jefe narco en el Bajo Flores. Los conflictos en la Ufidro lo llevaron a renunciar en marzo de 2008 y el entonces procurador general Esteban Righi decidió disolver la Unidad.

Entre 2006 y 2012 también se desempeñó como subrogante en la fiscalía federal de San Isidro. Allí trabajó muy cerca de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, en causas como la dudosa muerte del represor Héctor Febres días antes de llegara a una sentencia el primer juicio oral por delitos en la ESMA, donde era el único acusado. También investigaron juntos una causa por espionaje informático a funcionarios del gobierno, del Poder Judicial y a particulares. «