Amplios sectores del macrismo –con algunas reservas radicales– y del massismo –con reservas por parte de la eventual aliada de Sergio Massa, Margarita Stolbizer– parecen encaminados a modificar el régimen actual, por el cual los menores de 16 años no son penalmente imputables. En general, se propugna bajar ese límite a 14 años de edad.

En ese marco, la sexta bancada en Diputados –la delasotista, que se integra a la massista de UNA– da señales de sumarse a la movida. La jefa del bloque, Claudia Rucci, ya había presentado en 2010, junto con diputados que entonces respondían a Francisco De Narváez, una iniciativa para llevar la edad de imputabilidad penal a los 14 años de edad.

Ahora, el diputado nacional por Córdoba, Juan Brügge, sostuvo que el debate tiene que darse “lo antes posible”.

Por ello, renovó el pedido del interbloque Frente Renovador-UNA al presidente Macri para que convoque a sesiones extraordinarias.

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El democratacristiano advirtió de la necesidad de tratar la reforma a la ley penal juvenil en su ámbito natural que es el Congreso y “no que se trate en una comisión de gente que se designe a dedo”, remarcó, en alusión a las mesas de consultas que lleva adelante el Gobierno.

En cuanto al planteo de bajar a 14 años la edad de imputabilidad, quien integra el bloque parlamentario que responde a De la Sota y a Schiaretti, opinó que es “un tema dentro de lo que es el régimen penal juvenil”.

Para Brügge el asunto debe ser analizado de manera integral, en igual sentido que lo planteó la Iglesia.

“Si sólo se baja la edad, estaremos enviando a los chicos a una ‘escuela del delito’”, afirmó el legislador, quien recalcó que “no sería lo más conveniente”, más allá de que “se disponga un pabellón aparte para los menores en las cárceles” del actual sistema penitenciario.

En ese sentido, calificó de “parche” una medida así, pese a reconocer que hay un grupo de la sociedad que lo demanda. Esto “no viene a dar solución inmediata a los problemas que entendemos que hay que dar”, agregó.

Según el aliado delasotista hay que avanzar en un régimen especial con un presupuesto asignado a tal fin, ya que harán falta establecimientos especiales y cuerpos interdisciplinarios para tratar la problemática de los menores.

Ante lo que se presenta como “diferencias internas” sobre la baja de imputabilidad en menores, el legislador nacional destacó que “acá no es la discusión entre Stolbizer y Massa, en la cual uno dice que sí y otro dice que no, no se circunscribe a eso. Creo que el debate nos va a dar la respuesta dentro de un marco en donde haya un tratamiento integral”.

Por otro lado, Brügge incluyó como punto clave a tratar en la reforma, el agravamiento de las penas en todos los delitos en los cuales los mayores utilicen menores para delinquir.

“Si bien hoy existe una tipificación, considero que hay que agravarla más aún”, opinó el diputado democristiano por Córdoba.

Complejo Esperanza. La legisladora provincial kirchnerista Liliana Montero impulsó un proyecto de ley para regular el tratamiento en Córdoba de los jóvenes que están en conflicto con la ley y privados de libertad. El proyecto es amplio y se divide en dos grandes aspectos. Uno, busca definir derechos y obligaciones de los niños y adolescentes que están en esta situación (la mayoría en el Complejo Esperanza). El otro aspecto se centraliza en la actividad de los llamados “guardias”. El proyecto propone crear un Cuerpo Especial de Asistencia en Contención, encargado de cuidar y contener a los jóvenes. Prohíbe el uso de fuerza física, excepto en situaciones conflictivas, previa orden de la máxima autoridad y con la única finalidad de sujeción a fin de hacer cesar el conflicto. Los agentes tampoco podrán portar armas, sin excepciones.