El proyecto de Ley de Etiquetado Frontal, que recibió media sanción de Senadores hace un año, podrá convertirse en ley este martes cuando sea sometido al tratamiento parlamentario en la Cámara Baja. 

La iniciativa establece que los alimentos procesados y las bebidas sin alcohol incorporen en el frente de su empaquetado un sello octogonal de color negro que advierta sobre excesos de nutrientes críticos, como azúcares, sodio, de grasas saturadas, grasas totales y calorías, de acuerdo a los estándares de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

La obligatoriedad del etiquetado, de acuerdo al texto de la ley, se funda en que estos nutrientes críticos son causa directa de hipertensión, hiperglucemia y obesidad. Sin embargo, el proyecto cuenta con apoyo y críticas que atraviesan a los diferentes bloques políticos representados en la cámara.

Pese a las resistencias, el proyecto podría aprobarse este martes si el Frente de Todos, que en su mayoría apoya la iniciativa, consigue el quorum. Para eso será fundamental que los diputados de Cambiemos se sientan en su bancas para iniciar el debate. Desde el oficialismo tienen esperanza, ya que un puñado de diputados opositores está a favor de la normativa. 

El proyecto de etiquetado frontal establece severas restricciones para la promoción de estos alimentos y bebidas con excesos de grasas y azúcar. Por ejemplo, aquellos que estén dirigidos a niños y adolescentes no podrán realizar publicidades que tengan como finalidad el otorgamiento de premios, ni tampoco podrán utilizar a personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades o deportistas para su difusión. Además, estos alimentos y bebidas no podrán ser comercializados en instituciones educativas. 

Apoyo y resistencias: ¿qué pasa en Tucumán?

 

La iniciativa llegará al recinto tras recibir 91 votos favorables en el debate de comisiones, superando ampliamente el proyecto alternativo del presidente de la Comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin.

Si bien en el Frente de Todos hay un amplio consenso para aprobar la norma, dentro del oficialismo hay también resistencias. Una de ellas es la que representa el gobernador en uso de licencia Juan Manzur, una figura de peso nacional que tomó notoriedad con su designación al frente de la Jefatura de Gabinete. 

Manzur tiene a sus espaldas la presión de la Federación Económica de Tucumán y la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (Fotia). La oposición a este proyecto tiene sus fundamentos en aspectos meramente económicos: la industria alimenticia ve como una amenaza el hecho de que los consumidores tengan información sobre qué es lo que comen y, así, disminuir su capacidad de publicidad y venta. 

De hecho, en el debate en Senadores del año pasado la iniciativa tuvo media sanción tras ser aprobada casi por unanimidad. De los tres votos negativos, dos fueron de las senadoras tucumanas Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin, argumentando que la ley perjudicaría a la industria azucarera, el principal motor de la economía tucumana. 

Desde la vereda de enfrente, la iniciativa tiene el respaldo de las grandes organizaciones mundiales vinculadas a la salud y de organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), Consumidores Argentinos, Fundeps, Sanar y Consciente Colectivo.