El incremento de los precios de los alimentos que insumen una parte significativa del presupuesto de las familias se debe a que las empresas de este sector conforman oligopolios que fijan los precios y especulan con el hambre ejerciendo un chantaje a los consumidores.

La alimentación constituye una parte importante del gasto de las familias. Cuanto menor es su ingreso mayor es la parte del mismo que gastan en alimentación. Los que poseen un ingreso elevado gastan en este rubro una parte pequeña del total. La encuesta de hogares del Indec muestra que en 2018 el 20 por ciento de los consumidores que ganaba menos gastaba 34,5 por ciento de su ingreso en alimentos, mientras que el promedio global era de 22,7 por ciento. Y el 20 por ciento que ganaba más gastaba 15,5 por ciento.

Esto se verifica también geográficamente, ya que en las provincias del noreste y del noroeste, donde los ingresos son más bajos, el gasto en alimentos alcanza al 30 por ciento del ingreso. Otra característica es que cuanto más rico es un país menor es la parte que se gasta en alimentación. 

En los Estados Unidos el gasto en alimentación representa sólo el 6,6 por ciento del consumo total, mientras que en Pakistán alcanza al 48 por ciento. Cuando aumenta la riqueza de un país la parte del gasto en alimentación disminuye, aunque el valor gastado aumente y la calidad de la misma sea superior. 

Posición dominante

La industria de la alimentación tiene un crecimiento que los economistas denominamos vegetativo, puesto que sigue, en los países avanzados, la evolución de la población, o, como dicen los economistas, tiene una elasticidad ingreso que tiende a cero. Por caso, la venta de celulares aumenta más rápido que la venta de yerba mate. Pero esto no es el caso en el país donde la estrategia de las empresas agroalimentarias es aumentar los precios para que la parte del ingreso gastado en alimentación siga siendo tan importante como antes y que el consumidor, aunque aumente sus ingreso nominal, pague proporcionalmente la misma parte de su ingreso que antes.

En la mayor parte de los países avanzados, como los Estados Unidos o en Europa y así mismo en Argentina, la producción de las materias primas alimenticias es producida por una gran cantidad de productores, pero la industria de la alimentación que las transforma en el producto final está compuesta por un grupo restringido de firmas: un oligopolio. 

La característica de estos mercados es que existen pocos vendedores y muchos compradores y, según la teoría económica ortodoxa, el precio de venta es superior al precio teórico de competencia y las cantidades vendidas son inferiores a las que serían en ese caso.

Como existen acuerdos tácitos o explícitos,  la posición dominante de las empresas pueden incrementar los precios sin temer las consecuencias de pérdida de una parte del mercado y a una caída de sus ganancias, como lo afirma la teoría ortodoxa. La venta de dichos productos terminados es realizada igualmente por una cantidad muy limitada de grandes cadenas de distribución que también es un oligopolio. 

Consumidores cautivos

El correlato de esta situación es que las ganancias de las empresas oligopólicas son anormalmente elevadas porque tienen una demanda cautiva; vale decir, los consumidores están obligados a comprar dichos bienes sea cual sea el precio. 

La teoría ortodoxa ha analizado este tipo de situación desde hace casi dos siglos (duopolio de Cournot) hasta hoy con la llamada “teoría de los juegos”, que utiliza el llamado “dilema del prisionero” como base de análisis que explica que si cada empresa toma su decisión independientemente de la posición de las otras entonces corre el riesgo de provocar un comportamiento no cooperativo que impide maximizar la ganancia propia o del conjunto. 

Dentro de este esquema, una empresa que participa de un oligopolio puede aumentar los precios conjeturando que sus competidores se alinearan, ya que de no hacerlo perderían de ganar sin estar seguros de incrementar su participación de mercado. La estrategia de la empresa está determinada por el objetivo de la ganancia que desea, con una práctica de cooperación y no de enfrentamiento como supone la teoría ortodoxa. A la vez esto permite desestimar algunos argumentos de la propia teoría ortodoxa sobre la inflación, entre otras la espiral salarios-precios, la célebre puja distributiva o la inflación monetaria.

En la situación actual, la inflación es la responsabilidad de estas empresas y existen dos razones esenciales que las motivan: 

1. Por un lado, obtener las mayores ganancias posibles.

2. Por otro, desestabilizar al gobierno peronista, ya que los economistas ortodoxos cómplices del accionar de las empresas, que son sus clientes, explican que la inflación es el resultado de la emisión monetaria.

Debilidad del Poder Judicial

La situación de oligopolio que existe en mercados de la mayoría de los países, Argentina incluida, explica que exista una legislación que trata de limitar los abusos y engaños que estas empresas pueden cometer e imponer por su posición dominante sobre los consumidores.

En la mayoría de países hay condenas judiciales cuando se detectan dichos comportamientos. No son leyes nuevas ya que la primera de ellas fue votada en 1923, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, y en los Estado Unidos, la Sherman Antitrust Act fue promulgada en 1890. 

Es poco serio considerar que no se está en una situación de monopolio cuando el 75 por ciento del azúcar consumido lo produce Ledesma, el 78 por ciento de los productos enlatados, Arcor, Bimbo controla el 80 por ciento de los productos panificados o Coca Cola y Pepsi, el 87 por ciento de las gaseosas vendidas. 

Pero, paradójicamente, los responsables de impartir justicia y actores del Poder Judicial no condenan ni investigan esas conductas, ya que no parecen considerar que las leyes deban respetarse. Estas no sólo deben aplicarse porque las empresas transgreden las normas y cometen infracciones, sino porque influyen en el conjunto de la sociedad porque son responsables de la inflación y alteran la tranquilidad de la población.