Si una persona en la Argentina es pobre, indígena, migrante, parte de la comunidad LGBTI o simplemente un niño, tiene más probabilidades de ir presa que cualquier otra. Una vez que es detenida, además, son altas las chances de que quede aprehendida por más tiempo que lo debido por un exceso en la aplicación de la presión preventiva. Con esas premisas, las Naciones Unidas difundieron ayer un duro informe preliminar y evaluatorio sobre la situación de la privación de la libertad en el país.

Las palabras "alarma" y "preocupación" se repiten varias veces en un escrito de doce páginas difundido ayer por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del organismo, que llegó al país el 8 del actual convocado por el propio gobierno nacional ante el escándalo que generaron los motivos de la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala , en Jujuy, en enero de 2016. Ayer, el grupo reiteró que la decisión de mantener a la dirigente en prisión "es arbitraria".

Así cerraron una visita de diez días en los que se reunieron con funcionarios y opositores y visitaron cárceles y comisarías de la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Chubut y Jujuy. A partir de eso elaboraron el escrito preliminar -el completo será presentado en septiembre de 2018 ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos-, que contiene fuertes cuestionamientos a un sistema judicial "selectivo", a la acción de la policía y al tratamiento brindado a los presos.

"Aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por la sospecha de haber cometido un delito, o «demorados» para verificar su identidad", reza el escrito, que llama la atención, entre otros puntos, por "la respuesta desproporcionada" de las autoridades en manifestaciones de pueblos indígenas.

Los dos miembros de un grupo de cinco que difundieron los resultados del trabajo en una conferencia de prensa, Elina Steinerte (Letonia) y Setondi Roland Adjovi (Benín), hicieron especial hincapié en el "uso excesivo" de la prisión preventiva. El 60 por ciento de la población carcelaria nacional está comprendida, según afirmaron, por detenidos en esa condición.

"Notamos que el plazo de dos años [para estar detenido sin condena], que ya de por sí es un período extendido, se excedía. Se encontraron personas que pasaron de cuatro a 10 años así", señaló Steinerte, quien además criticó que en la mayoría de los establecimientos visitados no había "separación" entre los detenidos preventivos y los condenados.

El grupo remarcó también el estado de las cárceles y el alto número de detenidos en comisarías que "no están equipadas" ni tienen "personal idóneo" para "llevar adelante las funciones de agentes penitenciarios".

"El grupo ve con alarma que las comisarías albergan detenidos durante períodos prolongados. Encontramos detenidos que pasan meses y, a veces, años allí", subrayaron.

En ese aspecto, los funcionarios recorrieron establecimientos que albergan detenidos en cuatro distritos, incluida la prisión de Alto Comedero, donde está presa Sala. Allí se reunieron con ella. Sin embargo, los miembros del grupo no hablaron de la dirigente y se excusaron de responder las preguntas sobre su situación, al afirmar que no habían venido al país a evaluar una cuestión en particular, sino el funcionamiento del sistema de justicia penal en lo que refiere a las detenciones.

La misma reacción demostraron cuando LA NACION los consultó acerca del estado de la cárcel de Alto Comedero, luego de que en los últimos días surgieron rumores acerca de maltratos a los detenidos. "Eso quizá lo incluyamos en el informe completo", respondió Steinerte.

De todas maneras, Adjovi afirmó que la recomendación que había hecho el grupo el año pasado en la que exigía la liberación de Sala no sufrió ninguna modificación. "La detención es arbitraria y [la recomendación] está vigente", señaló.

En el entorno de la líder de la Tupac Amaru sostuvieron a LA NACION que están "conformes" con el análisis del grupo y reiteraron en un comunicado el pedido de liberación de Sala. La dirigente, que tiene numerosos procesos judiciales sobre sus espaldas por corrupción y amenazas, está a la espera del juicio oral por la mayor causa, que la tiene imputada por presunta asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

En cuanto al informe de la ONU, en el entorno del gobernador jujeño, Gerardo Morales, afirmaron a LA NACION que se le otorgó "toda la información necesaria" al organismo para que evalúe la situación de la dirigente y remarcaron que tiene "el mismo trato" que cualquier otro detenido en el penal.

Por su parte, el gobierno de Mauricio Macri no se expresó acerca del caso Sala y rechazó ser el único responsable de las fallas que figuran en el informe de la ONU. "La última vez que vinieron fue en 2003. ¿Qué pasó en todo este tiempo?", remarcaron. Además, delegó en los jueces la necesidad de "tomar nota" acerca de las observaciones del grupo.

Un llamado de atención

"Los niños, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía"

"Es particularmente alarmante la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden ante las manifestaciones realizadas por los pueblos indígenas"

"A menudo las comisarías se utilizan para alojar personas en prisión preventiva o condenadas. Las comisarías no están equipadas para tal fin y el personal no es idóneo para llevar adelante funciones de agentes penitenciarios"

"Alentamos a las autoridades a aplicar medidas alternativas a la detención en todos los casos posibles"