La Corte Suprema y la Asociación de Magistrados coordinan acciones para evitar que el Gobierno incluya a todos los jueces y fiscales en el pago de Ganancias

La Corte Suprema y la Asociación de Magistrados coordinan acciones para evitar que el Gobierno incluya a todos los jueces y fiscales en el pago de Ganancias

El Máximo Tribunal recibirá este lunes a representantes de la Justicia para analizar el artículo que incluyó el oficialismo en el Presupuesto 2023

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y miembros de la Asociación de Magistrados mantendrán una reunión para coordinar acciones para evitar que el Gobierno incluya a todos los jueces y fiscales en el pago del Impuesto a las Ganancias, como reza el polémico artículo que incorporó el Frente de Todos en el Presupuesto 2023 que será tratado este martes en la Cámara de Diputados.

Este lunes el Máximo Tribunal recibirá a funcionarios y representantes judiciales en la previa de lo que será el debate parlamentario, con el foco puesto en el artículo 100 del proyecto de ley. Actualmente pagan Ganancias los jueces y fiscales que entraron a partir de 2017; el kirchnerismo -en su nueva embestida judicial- planea que el tributo abarque a todos y justifica que el costo fiscal de la exención es de $237.850 millones para el año próximo.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los magistrados Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti coinciden en que el artículo que incluyó el Gobierno es inconstitucional.

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Durante las últimas 72 horas en el cuarto piso del Palacio de Tribunales se revisaron fallos de la Suprema Corte de los Estados Unidos -respecto a la inconstitucionalidad de aplicar impuestos retroactivos a jueces que ya estaban designados-, normas específicas que eximen a los legisladores de tributar Ganancias sobre determinado rubros -artículo 1, punto 7 de la ley 24.475- y ciertas regulaciones taxativas que prohíben que el presupuesto establezca, modifique o suprima “tributos u otros ingresos” ( ley de Administración Financiera 24.156, artículo 20).

Además argumentarán factores políticos que apuntan a explicar que detrás de las supuestas razones de “igualdad fiscal” se persigue el objetivo de colonizar puestos claves de la Justicia con candidatos avalados por el kirchnerismo.

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Este lunes la Corte debatirá también con la Asociación de Magistrados el paquete de argumentos jurídicos que podrían sostener las probables cautelares que se impondrán en el fuero Contencioso Administrativo Federal para bloquear la eventual vigencia de la norma.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional ya expresó su “rechazo” a la incorporación de “una cláusula que pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”.

Las tres agrupaciones que nuclean a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios también salieron a rechazar sin diferencias el proyecto. Lo mismo hizo Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

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Por su parte, desde el Frente de Todos -durante el debate en comisión- explicaron el motivo por el que se busca eliminar la eximición de la que gozan los jueces: “Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, manifestó Marcelo Casaretto.

El legislador también explicó que si bien los magistrados que ingresaron al Poder Judicial a partir de 2017 pagan Ganancias, solo lo hacen por una parte de sus remuneraciones debido a una resolución del Consejo de la Magistratura. “Deben pagar por todo”, insistió. La iniciativa cuenta con el respaldo del radicalismo y del PRO.

El Presupuesto será discutido este 25 de octubre en una sesión especial cuyo comienzo está previsto para después del mediodía y que se estima que se extenderá por más de 20 horas, para luego enviarse al Senado donde se aguarda la sanción definitiva de la ley antes de la finalización del período de sesiones ordinarias.

 

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