Por el impacto de la coronacrisis, casi 15.000 empresas dejaron de presentar sus declaraciones juradas de seguridad social ante la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) entre febrero y abril, es decir, el 2,8% del total. Así lo advierte un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo que advierte también sobre una baja significativa en el empleo registrado.

De acuerdo al Boletín Mensual de la Seguridad Social de la AFIP, que toma como base el CEP XXI, en abril había 14.923 empresas que dejaron de pagar las cargas sociales de sus empleados respecto de febrero, el mes previo al comienzo de la cuarentena. Como consecuencia, sólo en abril 1,3 millón menos de trabajadores registraron aportes patronales, una caída sin precedentes que en términos interanuales alcanzó el 25,6%.

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El sector más afectado por el parate fue Hoteles y Restaurantes, que tuvo una caída del 8% en la cantidad de empresas que declaran aportes.

“Si bien es prematuro catalogar esto como cierres definitivos, es un dato que ilustra el daño que ha generado el Covid-19”, sostuvo el centro de estudios que dirige Daniel Schteingart. Ocurre en realidad una combinación de tres situaciones: algunas de esas empresas efectivamente bajaron las persianas; otras recortaron personal ya que, según datos adelantados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en abril se destruyeron 91.000 puestos de trabajo; y otro tanto eligió recortar compulsivamente el pago de aportes y priorizar los salarios o los gastos de funcionamiento ante la caída de sus ingresos.

El reporte oficial muestra que, luego del histórico desplome de abril, que en la industria fue del 33,5% interanual, la economía comenzó a dar señales de recuperación en mayo a partir de la progresiva reapertura de distintas actividades. Así, hoy en día 15 provincias ya tienen más del 80% del empleo habilitado para trabajar, cuando al comienzo del aislamiento preventivo ninguna provincia llegaba a ese porcentaje.

Sin embargo, las secuelas sociales de la pandemia se intensifican. En marzo, el SIPA registró una caída del 0,8% en la cantidad de asalariados formales del sector privado -es decir, se perdieron 48.000 puestos-, el mayor derrumbe mensual desde 2002. Y en abril, según adelantó la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, la caída fue del 0,6%, la más abrupta para un mes de abril también desde 2002. A eso se suma el salto en las suspensiones con rebajas salariales, acordadas sectorialmente bajo el paraguas del convenio CGT-UIA que homologó la cartera de Claudio Moroni, que se septuplicaron en un mes y alcanzaron al 7,5% de los ocupados, el mayor porcentaje de la serie que comienza en 2006.

Pese a que la flexibilización de la cuarentena habilitó a más sector a trabajar, es difícil pensar en una pronta recuperación laboral ya que una gran cantidad de empleos hoy está sostenido por el pago de hasta dos salarios mínimos que hace el Estado a través del programa ATP.

Como correlato, las mediciones privadas ya anticipan un fuerte incremento de la pobreza. El econometrista Martín Rozada, que realiza estimaciones de actualización mensual, calculó que el porcentaje de personas pobres alcanzó el 41,4% para el “semestre móvil” formado entre diciembre y mayo, casi 6 puntos más que en la segunda mitad de 2019, lo que equivale a 2,7 millones de argentinos. En el conurbano bonaerense, la tasa habría escalado al 46,6%.

De confirmarse, esto sucederá a pesar del amplio paquete de asistencia desplegado por el Gobierno. De hecho, según del CEP XXI y los ministerios de Economía y Trabajo, el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia en el último bimestre. Algunos analistas, como Rozada, sostienen que el impacto positivo del IFE es mayor en la contención del aumento de la indigencia que en el de la pobreza.