El ex presidente Carlos Menem y el ex ministro Domingo Cavallo fueron condenados a penas de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de "peculado" por el pago de "sobresueldos" a funcionarios de alto nivel durante los '90. Sin embargo, ninguno de los dos irá, por ahora, a la cárcel. La condena, dictada ayer por el Tribunal Oral Federal IV, no está firme. Y además, en el caso de Menem, todavía está protegido contra el arresto por sus fueros como senador.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Patricia Mallo y Néstor Costabel condenaron a Menem a cuatro años y medio de prisión; a Cavallo, a tres años y medio, y al ex ministro de Justicia y secretario de Legal y Técnica, Raúl Granillo Ocampo, a tres años y tres meses de encierro.

María Julia Alsogaray, la única funcionaria menemista que cumple hoy pena de prisión (domiciliaria, por ser mayor de 70 años) fue absuelta. En su caso, el tribunal entendió que había sido penada por el cobro de "sobresueldos" en la causa en la que resultó condenada por "enriquecimiento ilícito".

En marzo pasado, cuando comenzó el juicio, entre los acusados estaba el ex canciller Oscar Camilión, pero como consecuencia de su delicado estado de salud fue apartado del proceso. El tribunal también absolvió a otros ex funcionarios: Raúl Castellini, Heriberto Baeza González, José Torzillo, Enrique Kaplan y José Coronel. Los fundamentos del fallo se conocerán el 2 de marzo del año próximo.

Todos llegaron a juicio imputados por la "implementación y ejecución de un sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos en forma periódica por parte de funcionarios del PEN. Las sumas utilizadas provinieron de partidas asignadas a gastos reservados, que se encontraban vinculadas a la defensa y la seguridad del Estado, y cuyo régimen especial dificultaba en gran medida el control estatal pues permitía la disposición del dinero en efectivo. Ello exigió una ingeniería compleja, integrada por la conformación de un fondo general de dinero en efectivo mediante el aporte de distintos organismos autorizados a administrar gastos reservados, a los cuales previamente se les efectuaban transferencias desde jurisdicciones que no disponían de esos fondos, para ser extraídos definitivamente del mecanismo de control previsto por la Ley de Administración Financiera del Estado y de allí ser retirados en efectivo para su utilización en el sistema de sustracción investigado. El dinero recaudado fue administrado en la Secretaria General de la Presidencia y luego en la Jefatura de Gabinete -órgano que la reemplazó a partir de 1994-, y desde allí fue distribuido mensualmente a los titulares de los distintos Ministerios y Secretarías de Estado".

Menem no estuvo presente en la sala de audiencias de Comodoro Py. Sí, Cavallo, que recibió su primera condena por su paso por la función pública en tres instancias: durante la dictadura, en el gobierno de Menem y luego como ministro de la Alianza.

La condena tiene una accesoria: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si el fallo quedara firme antes de diciembre de 2017, Menem debería cesar como senador. Por lo pronto, se convirtió en un caso paradigmático, ya que ejerce un cargo legislativo en la Cámara Alta con dos condenas sobre sus hombros (la otra es por la denominada "causa armas").

La sentencia también tiene un costado económico. El tribunal ordenó decomisar $ 220.868 a Cavallo y $ 1.350.000 a Granillo Ocampo. Esas sumas fueron consideradas "efectos provenientes del delito por el cual se considerara responsable a los imputados". «

Escuchas: Di Lello resuelve mañana

El fiscal Jorge Di Lello resolverá mañana si el presidente electo, Mauricio Macri, debe ir a juicio o no en la causa por las escuchas ilegales, al destacar que el futuro jefe de Estado tiene que tener "definida su situación jurídica" antes de su asunción, el 10 de este mes. Sin aguardar los seis días hábiles que le permite el Código, la fiscalía trabaja contrarreloj para determinar si el puñado de pruebas que solicitó el juez Sebastián Casanello para dejar su elevación a juicio en suspenso en marzo de 2014, es suficiente para sobreseerlo, como paso posterior a lo dispuesto por el juez.

“Yo hace un año y medio ya había pedido que se elevaran todos a juicio oral", recordó Di Lello, aunque estimó correcto que Macri asuma con una definición concreta en torno a su acusación como partícipe de una asociación ilícita enquistada en el gobierno de la Ciudad destinada al espionaje de opositores políticos.

Por esa causa once personas aguardan el inicio de un juicio oral y público previsto para el año entrante. También deberán opinar las dos querellas por los “escuchados”: el familiar de víctimas de la AMIA Sergio Burstein, y el cuñado de Macri, Néstor Leonardo, quienes tendrán seis días hábiles para emitir su respuesta, aunque pueden pedir una prórroga.

Cierra la investigación sobre Ciccone

G. M.

Sin el tramo de la denominada “ruta del dinero”, el juez Ariel Lijo clausuró ayer la causa Ciccone y la giró al fiscal Jorge Di Lello para que se expida sobre la elevación a juicio de la investigación por la que está procesado el vice Amado Boudou, entre otros. El juez dio así el paso formal para que la causa sea elevada a juicio si es que la fiscalía considera que se llevaron a cabo todas las medidas de prueba solicitadas.

Como anticipó Tiempo en julio, Lijo optó por desdoblar el caso y considerar cerrada la pesquisa sobre el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho contra Boudou; su amigo, el empresario José María Núñez Carmona; el titular de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele; el empresario Nicolás Ciccone; el funcionario de Economía, Guido Forcieri; y Rafael Resnick Brenner, jefe de Gabinete de la AFIP.

La Cámara había exigido que se esclarezca también el flujo de fondos que permitió financiar el levantamiento de la quiebra y el funcionamiento posterior a esa operación, algo sobre lo que el juez aún no profundizó. En tanto, el juez Norberto Oyarbide citó a Boudou a indagatoria el día 15, en la causa que investiga vuelos pagados por empresarios.