Pensar en vivir en una ciudad en la cual seamos capaces de lograr un equilibrio entre las componentes del patrimonio natural y los recursos humanos, suena a una utopía. Claro está que los sistemas socioeconómicos que funcionan destruyendo el ambiente son insostenibles, y seguramente, más de uno puede pensar que estamos más encaminados en esta segunda línea que la utopía marcada al comienzo.

 

Esta discusión no es nueva y como ciudadanos nos debemos la tarea de sentarnos y analizar muchas cuestiones relacionadas a la misma, para saber qué se está haciendo referido a este tema y de este modo, ser parte y poder contribuir y exigir (recordemos que el conocimiento es poder). Porque cuando de energía se trata, estamos hablando de la responsable de suministrar a cada ciudadano una mejor calidad de vida, entendiendo que la energía no es un fin en sí mismo, sino que es solo un medio para satisfacer las necesidades sociales que se manifiestan de diferentes maneras como, por ejemplo: comunicarnos, trasladarnos, alimentarnos, vestirnos, estudiar e inclusive el simple hecho de ducharnos.

 

Lograr mantener constantes las condiciones del ambiente amerita una correcta generación, distribución y uso de la energía. En este sentido, como sociedad no solo debemos pensar en los altos costos que pagamos en las facturas de luz que nos llegan mes a mes y cómo reducir los mismos, sino intentar realizar un análisis más sistémico del tema, que es sumamente complejo, pero es un pilar social al cual no podemos simplemente desaparecer, y si lo hacemos, veremos cómo en algún momento en el mediano o largo plazo, nosotros o las futuras generaciones sufrirán las consecuencias.

 

Es un buen comienzo desagregar el sistema energético en las múltiples dimensiones que está compuesto para poder visibilizar la complejidad a la cual se hace referencia. Podemos enumerar los siguientes: Ambiental; Legal; Cultural; Económica; Estratégica; Territorial; Institucional; Material; Política; Salud Humana y Animal; Seguridad; Social; Tecnológica; Temporal.

 

Antes de continuar, cabe destacar que el objetivo de este artículo no es analizar tópico por tópico (ya que tampoco me creo idóneo para hacerlo), sino dar una idea general del pensamiento crítico que se debe tener al momento de pensar la incorporación de políticas energéticas sostenibles a la agenda pública.

 

Ahora que se puso de manifiesto la conformación del sistema energético, podríamos intentar buscar quienes son los responsables directos de cada dimensión para hacer que este régimen funcione, pero simplemente estaríamos segmentando el problema. Lo lógico debería ser, en primer lugar, saber a dónde queremos llegar utilizando este sistema y, en segundo lugar, identificar quién es el responsable de garantizar que esto suceda y qué herramientas posee para que se lleve a cabo.

 

Creernos una isla y hacer una prospectiva local para plantearnos dónde queremos encontrarnos en un futuro sería erróneo, ya que el cambio en una única población sin incorporar objetivos globales, no contribuiría en redireccionar el rumbo mundial. En este sentido sería apropiado alinearse a los 17 objetivos para transformar nuestro mundo (aprobados por la ONU en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible). De esta manera, el trabajo focalizado en una región, sí contribuiría a nivel global. El garante de llevar adelante este proceso, es sin dudas el Estado, quien posee la responsabilidad de centralizar y guiar la discusión y accionar en este tema a través de la gestión diaria de políticas públicas donde sea manifiesto el escenario escogido, rumbo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.

 

La desagregación del sistema energético justifica y legitima la intervención mediante políticas públicas activas y la búsqueda de respuestas robustas a las diferentes dimensiones antes vistas. Ahora bien, ¿cuáles son esas políticas?, ¿cuáles son esas respuestas robustas? Nuevamente se caería en un gran error si se listasen las decisiones que se deberían incorporar en la agenda pública, ya que estas preguntas son complejas y para nada triviales, no solo dependen de buenas intenciones sino que demandan el análisis sistémico del pasado, las situaciones actuales y los posibles futuros que podemos transitar con las diferentes acciones que se puedan implementar, utilizando los recursos que se dispongan para llegar en el ámbito local, regional o nacional a los objetivos planteados.

 

Como ciudadanos responsables e interesados en la temática, podríamos examinar en forma indirecta, si realmente el Estado está poniendo foco, preocupación y ocupación para que las generaciones venideras posean las mismas posibilidades de satisfacer sus necesidades que las actuales.

 

Retomando la problemática de equilibrar los componentes del patrimonio natural y los recursos humanos a través de la incorporación de políticas energéticas sostenibles en la agenda pública, es fundamental comprender cómo se estructura el Estado en este tema en particular, y dónde se encuentra una de las grandes complejidades para implementar territorialmente las políticas que se deseen llevar a cabo.

 

El Estado, ya sea de alcance local, provincial o nacional, posee políticas globales compuestas por diferentes políticas sectoriales complementarias, como lo es la política energética. Aquí podemos evaluar si se encuentra una planificación estratégica y participativa para transitar por el escenario deseado con la finalidad de concretar los objetivos planteados.

 

Para ejemplificar lo dicho, se pueden mencionar dos de los ODS 2030 fuertemente entrelazadas y analizar alguna política pública llevada a territorio que esté en consonancia con ellas: los objetivos 7 y 11. El primero, apunta a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, mientras que el segundo, busca lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Paso siguiente es evaluar si dentro de la planificación del proyecto llevado a territorio, se contemplan diferentes acciones concretas, orientadas a las metas de los objetivos 7 y 11 y que las mismas sean acordes a las realidades a las que se circunscriben.

 

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) es una política estratégica en este sentido, como lo podemos encontrar textualmente, en la página oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Una forma de disminuir la disposición final de residuos es someterlos a procesos de reuso y reciclado tantas veces como sea posible, antes de ser descartados definitivamente y enviados a su disposición final.

 

El proceso de reciclado, al utilizar como insumo los materiales recuperados de los residuos sólidos urbanos (RSU) dando lugar a su valorización, permiten, al mismo tiempo, reemplazar y ahorrar los recursos naturales que sustituyen. Otro ejemplo que podemos encontrar en la misma página, relacionado con la GIRSU, es el programa de Biogás llevado adelante en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el proyecto GEF Modelos de negocios sostenibles para la producción de biogás a partir de residuos sólidos urbanos orgánicos. Su objetivo es demostrar que las plantas y los sistemas de generación y aprovechamiento de biogás que generan los residuos sólidos urbanos orgánicos, como son los rellenos sanitarios y los biodigestores, son sostenibles desde el punto de vista técnico, ambiental, institucional y económico financiero, de manera que se puedan incorporar a los proyectos de GIRSU que se implementan y, de este modo, puedan ser operados adecuadamente por los municipios.

 

En estos ejemplos, se puede ver cómo se hacen tangible diferentes metas de los objetivos 7 y 11 de los cuáles podemos nombrar: los ítems 7.2 relacionado a aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas; el 7.3 que busca duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética y el 11.6 orientado a reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Precisamente en estos ejemplos concretos, la política toca a varias dimensiones del sistema energético, como lo son el ambiental, legal, cultural, estratégico, territorial, político, salud y tecnológico.

 

Podemos concluir que un factor determinante al momento de implementar este tipo de políticas, es: su planificación, ya que debe de ser estratégica, por contar con recursos limitados, y participativa debido a que involucra a muchos actores para llevarla a cabo, como la educación en sus diferentes niveles, la concientización de la sociedad civil, el aporte de los profesionales para su implementación en relación a la logística y lo técnico, etc. Demás está decir que carece de valor si las estrategias no son efectivamente ejecutadas y monitoreadas, evaluando continuamente el progreso del plan, de tal manera de alinear los recursos disponibles e implementar los ajustes necesarios para cumplir con el objetivo. Un factor de riesgo de su implementación a largo plazo es su interrupción ante eventuales cambios de gobiernos. Es en este punto que como ciudadanos debemos exigir que las mismas se transformen en políticas de Estado y puedan perdurar más allá del gobierno de turno.

 

Una consideración final. Ningún proyecto aislado será fructífero por sí mismo si no está enmarcado dentro de una política energética general o subsectorial, que haya sido planificado en forma estratégica, participativa y en un horizonte de largo plazo, evaluado x distante periodo de tiempo para la toma de decisiones necesarias en pos de redireccionar los escasos recursos que se cuenten y continuar por el escenario escogido.