La audiencia será el 4 de agosto en Washington. Ante la denuncia del FreSU Gobierno deberá exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las «consecuencias nocivas» de la reforma laboral para los derechos al trabajo, a trabajar en condiciones dignas y satisfactorias, a la huelga y a la libertad sindical.
En una audiencia pública del 194º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en la Universidad de Miami, organizaciones de prensa y derechos humanos expusieron un diagnóstico alarmante sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina.
Desde el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), junto a organizaciones como Amnistía Internacional, CELS, ARGRA y FOPEA, presentarán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el gobierno nacional por lo que denuncian como “una política de ataque sistemático y planificado” hacia periodistas y comunicadores.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) ha fijado fecha para presentar su denuncia sobre «la destrucción de las políticas sociales y alimentarias en Argentina» bajo la administración de Javier Milei.
Así lo determinó el juez Cormick, luego del recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y el CELS.
Las ONG piden al Máximo Tribunal que interceda ante el desfinanciamiento del Gobierno. "La consecuencia es el empeoramiento de la calidad de vida de las personas", advierten.
“Queremos que Bullrich entienda que no somos blancos móviles”, dijo Agustín Lecchi, secretario general de SiPreBA. Las diferentes fuerzas de seguridad que reprimieron las protestas contra la Ley Ómnibus hirieron a 35 trabajadoras y trabajadores de prensa. El ataque no discriminó por línea editorial.
En un comunicado denunciaron la influencia de las multinacionales mineras sobre los representantes provinciales con responsabilidad en el Congreso. Mañana se votará el articulado de la ley ómnibus, que incluye la explotación a zonas glaciares prohibidas.
Una delegación de la Federación Judicial Argentina (FJA) se reunió con integrantes del bloque Innovación Federal e insistieron con las graves consecuencias de aprobar las dos medidas del gobierno nacional.
“Con la puesta en vigencia del protocolo, la protesta social deja de ser un derecho para pasar a ser un delito”, afirma Diego Morales, del CELS. El repudio de la CGT y la CTA de los Trabajadores. La marcha del 20 de diciembre.
Reclaman la renuncia del gobernador y la derogación de la reforma que en medio de la fiebre del litio impulsa el desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad. Mientras los detenidos comenzaban a recuperar la libertad, Morales convocó a una reunión informativa para el martes y la multisectorial gremial a un banderazo.
Madres de Plaza de Mayo, Familiares y la APDH, entre otros, le solicitaron al Presidente que se amplíe el máximo tribunal y que se someta a juicio político a sus integrantes. Volvieron a poner en agenda el pedido para que el mandatario indulte a la líder de la Tupac Amaru.
Cuatro de las siete mujeres detenidas en el violento operativo de desalojo en una comunicad mapuche fueron trasladadas a Ezeiza. Otras dos permanecen en Río Negro por ser lactantes y la restante se encuentra internada con un embarazo avanzado.
Victorio Paulón, uno de los fundadores de la CTA, falleció este jueves a sus 74 años. Tras la noticia, dirigentes de todo el arco gremial lo despidieron a través de las redes sociales.