La denuncia contra Sergio Schoklender por presunto lavado de dinero que la Unidad de Información Financiera (UIF) remitió ayer a la Justicia ya tiene juez: Norberto Oyarbide.

El magistrado concentra desde hace varios años las causas que más comprometen al Gobierno. Fue quien sobreseyó al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. Investiga además la denominada mafia de los medicamentos, el presunto pago de coimas y sobreprecios por parte de Skanska y el supuesto enriquecimiento ilícito del ex secreario de Transporte, Ricardo Jaime. También tiene en sus manos el caso por las escuchas ilegales en el que está procesado Mauricio Macri.

La denuncia contra el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini, había sido elevada por la UIF al fiscal antilavado Raúl Pleé ayer, después de casi un año de haber sido presentada por dos diputadas de la Coalición Cívica.

Además de aquella presentación, que data del 18 de junio de 2010 y revela irregularidades en la compra de terrenos en José C. Paz, el expediente que ahora tiene en sus manos Oyarbide tiene además informes de varios organismos públicos sobre la situación patrimonial de Schoklender, que hasta la semana pasada fue apoderado de las Madres de Plaza de Mayo.

Según informó a a LA NACION una fuente que conoce la investigación, el expediente de la UIF no se inició por la denuncia de la Coalición Cívica, sino por un reporte de operación sospechosa (ROS) que una entidad bancaria emitió contra Schoklender. Así se disparó la investigación por lavado de dinero.

El entramado de sociedades vinculadas con Schoklender incluye firmas tales como Gorlac, Regie Royale, Stylo Car, Habemus y Meldorek, la compañía que construía viviendas populares con fondos públicos contratada por las Madres de Plaza de Mayo y era, en realidad, del propio Schoklender. La denuncia de las diputadas Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin incorporada al expediente de la UIF afirmó que Schoklender dispone de 15 inmuebles en la localidad de José C. Paz y uno en el partido de Pilar.

"No se lo puede escindir de la Fundación". Mientras tanto, el escándalo que estalló a partir de su renuncia sigue sumando voces, incluso de los especialistas.

Alicia López, ex titular del organismo encargado de investigar esos delitos planteó que no sólo hay que investigar a Schoklender, sino también a la Fundación que preside Bonafini, además de exigir información al Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido.

"Las diputadas [de la Coalición Cívica que hicieron la primera denuncia] se centraron en Schoklender, pero uno no puede escindir a Schoklender de la Fundación. Dentro de la investigación entra todo", consideró López en declaraciones a radio Mitre.

Audio: «La Fundación debe dar información», dijo la ex jefa de la UIF(Mitre)

Enseguida, precisó: "Hay que pedirle información a la Fundación sobre a qué se dedicaba Schoklender, qué y cuántos fondos manejaba, en dónde se aplicaron esos. Todo eso tiene que aportarlo la Fundación".

En este punto, sumó al Gobierno al panorama. "También hay que pedirle datos a Planificación", advirtió. Y aludió directamente al actual jefe de la UIF, José Sbatella. "Estamos hablando de todos organismos del Estado. En mi caso, que no era política, pudo haber habido retaceo, pero en el caso de Sbatella no debería haberlo", se diferenció.

Más temprano, el propio Sbatella había dicho: "Hay algún movimiento de las transacciones [de Schoklender] en el que hay que dar explicaciones y eso es lo que tiene que hacer la Justicia".

Audio: Sbatella: «El estado público del caso dificultó la investigación» (Mitre)

El funcionario intentó explicar la demora de casi un año en elevar la denuncia a la Justicia, pero terminó por objetar que la presentación de las diputadas de la CC se haya vuelto pública. "El estado público del caso dificultó la investigación y es mejor que la Justicia la tome directamente en sus manos", intentó despegarse.