La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, suspendió temporalmente la investigación sobre los activos específicos de YPF. Accedió al pedido de la petrolera de esperar a que la Corte de Apelaciones decida si es legal investigar a la empresa como un "alter ego" antes de seguir adelante. 

En septiembre de 2023, Preska sentenció a Argentina a pagar USD 16.100 millones al fondo buitre Burford Capital por la expropiación de YPF en 2012. Para que el país pudiera apelar sin tener que pagar inmediatamente, la jueza exigió la presentación de garantías, como acciones de la empresa o cuentas por cobrar de la represa Yacyretá. Al no presentarse estos avales antes del plazo límite fijado en enero de 2024, la jueza habilitó a los demandantes a buscar bienes para embargar.

La orden de investigación no es un embargo en sí, sino que es el paso previo. Permite a los demandantes exigir información detallada sobre las reservas de oro (se pidió información sobre el movimiento de lingotes del Banco Central al exterior), datos de cuentas bancarias (transferencias y cuentas del Estado en el extranjero) y comunicaciones oficiales (mensajes y correos del ex ministro de Economía Sergio Massa y el actual titular de la cartera, Luis Caputo) para determinar si ciertos activos son del Estado o de entidades separadas.

Bajo la ley de Estados Unidos, si se demuestra que el Gobierno utiliza a estas entidades como su "caja propia" o que no tienen independencia real, sus activos, que normalmente están protegidos por inmunidad soberana, podrían ser sujetos a embargo.

El abogado y director de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, Sebastián Soler, explicó en X que esta suspensión se mantendrá algunos meses hasta que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resuelva la apelación del fallo con el que Preska condenó a Argentina y favoreció a los fondos Petersen y Eton Park, que a su vez vendieron el derecho a litigar al Buford Capital.

El grupo Petersen pertenece a la familia argentina Eskenazi. Entre 2008 y 2011, compraron el 25% de YPF a la española Repsol a través de un mecanismo curioso: pagaban las cuotas de las acciones con los propios dividendos (ganancias) que generaba la petrolera. Cuando el Estado expropió el 51% de YPF en 2012, intervino la empresa y prohibió el reparto de dividendos. Sin ese dinero, las empresas Petersen no pudieron pagar sus deudas, entraron en quiebra en España y perdieron sus acciones.

Eton Park era un fondo de cobertura estadounidense que tenía el 2,9% de las acciones de YPF en el momento de la expropiación. Se unió a la demanda alegando que, al igual que a Petersen, el Estado argentino no les ofreció comprar sus acciones como exigía el estatuto de la empresa cuando tomó el control.

Buford Capital es un fondo de inversión británico especializado en financiamiento de litigios. No es una petrolera ni un banco, sino un bufete que "compra" juicios que otros no pueden o no quieren pagar para llevarlos adelante y quedarse con la ganancia. En 2015 pagó 15 millones de euros por los derechos del juicio que le pertenecían al Grupo Petersen.

Según Soler, “esta apelación debería tramitarse de manera ‘expeditiva’” porque la apelación “involucra un tema importante y poco tratado por la Cámara”. “Por ‘expeditiva’ significa, de mínima, muchos meses”, aseguró.

El director de Latam Advisors, Sebastián Maril, sostuvo en su cuenta personal de X que esto se trató, nada más y nada menos, de “un regalo navideño para YPF”. “La jueza Loretta Preska accede al pedido de la petrolera de suspender la búsqueda de activos para ser embargados, mientras apela la decisión de la misma jueza, quien permitió dicho discovery e impidió una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar”, explicó en sus redes sociales, al tiempo en el que agregó: “Esta orden no aplica al discovery contra otros activos soberanos que continúa vigente”.