Por el caso de espionaje, ahora el Gobierno habla de “confusión”

Por el caso de espionaje, ahora el Gobierno habla de “confusión”
Lo admitió ayer el ministro de Defensa. Aunque negó que el seguimiento a dirigentes sociales haya sido ilegal.
El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, rompió ayer el silencio oficial sobre las pruebas del espionaje ilegal realizado por Gendarmería a cientos de organismos y dirigentes sociales a través del Proyecto X, y que fueron reveladas en la edición de Clarín del último miércoles. Y negó enfáticamente que el programa estuviera dirigido a hacer espionaje. “Las fuerzas de seguridad en absoluto están haciendo inteligencia interna”, afirmó.

Con todo, el funcionario intentó justificar justificar las tareas del grupo de Gendarmería desde el cuartel de Campo de Mayo. “La tarea del Ministerio de Seguridad está en una frontera muy inmediata con lo que pueden ser tareas de inteligencia, (lo que) puede llevar a alguna confusión”, señaló el ministro, dando indicios de las dificultades que tendría el Gobierno para controlar las tareas de los diversos órganos de inteligencia.

“Acá nadie más va a utilizar el aparato del Estado para hacer inteligencia o política”, agregó sobre esas tareas prohibidas por ley que los gobiernos kirchneristas hicieron desde 2004 a 2011 sobre estudiantes, vecinos de villas, gremialistas y ruralistas enfrentados al Gobierno y hasta sobre dirigentes cercanos a la Rosada, como Hebe de Bonafini, de Madres, y Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, además de integrantes de otras entidades de derechos humanos.

Llamó la atención que el titular de Defensa saliera a dar la cara, mientras la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que tiene a su cargo a la Gendarmería, se mantenía en silencio. Un año atrás, cuando estalló el escándalo, la funcionaria admitió la existencia del Proyecto X, pero negó que apuntara a hacer espionaje ilegal.

Los años en que, según los discos secuestrados por la Justicia en Campo de Mayo, tuvo vigencia el operativo contra dirigentes sociales, abarcan las gestiones en el área de Seguridad de Garré y del actual senador Aníbal Fernández.

Tras revelarse las pruebas del espionaje, que están en manos del juez de la causa, Sebastián Casanello, Puricelli salió al cruce al afirmar que el Gobierno actúa en forma “transparente” y no hace “ ninguna tarea que pueda perjudicar los derechos humanos ”.

Los denunciantes de la operación consideran que se violaron las leyes de Seguridad Interior (en sus artículos 2 y 16) y de Inteligencia Nacional, en varios incisos de sus artículos 4 y 5. La Ley de Inteligencia Nacional, sancionada a fines de 2001, establece que ningún organismo puede hacer tareas de espionaje sin “requerimiento específico” de autoridad judicial y en el marco de una causa concreta. En los informes de Gendarmería no hay indicios de que se hayan dado esas circunstancias.

Los abogados denunciantes, Myriam Bregman y Agustín Comas (del PTS), manifestaron ayer su “sorpresa” de que Puricelli haya sido el primer funcionario en hablar y acusaron a Garré, de mantener “un silencio ensordecedor”. “Los archivos encontrados en las pericias realizadas y que constan en el expediente en el juzgado de (Sebastián) Casanello demuestran que la Gendarmería tiene una red nacional de espionaje y bases de datos de actividades de militantes y organizaciones sociales absolutamente ilegales. No nos interesa si ese banco de datos se llama ‘Proyecto X’, UESPROJUD u otra denominación. El hecho es que existe, es ilegal y el Gobierno nacional debe dar explicaciones con la celeridad del caso”, afirmaron.

Por su lado, la Mesa de Enlace rural, otro blanco del espionaje, manifestó ayer su “preocupación” por el episodio.

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