Diputados de Cambiemos presentaron un proyecto de ley para autorizar y regular el uso de armas no letales en las fuerzas policiales y de seguridad, como las pistolas taser, que son rechazadas por el Gobierno pero elogiadas por Sergio Berni.

La polémica por su uso volvió con el caso "Chano Charpentier", el músico que recibió un tiro de un policía de la provincia de Buenos Aires cuando intentaba reducirlo mientras se le abalanzaba con un cuchillo. 

"De haber contado con las taser, hoy no tendríamos que lamentar casos como los de Chano o el fallecimiento del policía Juan Roldán", dijo el diputado radical Luis Petri. Roldán era un inspector asesinado a cuchillazos en Palermo en septiembre y retomó el debate sobre las taser, que Patricia Bullrich había habilitado, pero eliminó su sucesora Sabina Frederic.

 

Aún después del caso Chano, la ministra ratificó que no está en sus planes sumar las tyser y creó un "Comité de Ética Profesional Policial" para crear "una doctrina sobre los principios, valores, competencias y conductas" en las fuerzas. 

Berni, por el contario, valora su utilidad pero advierte que sería un costo muy alto comprarlas para la policía bonaerense e instruir a los oficiales para su uso efectivo. Desde diciembre, podrá defender la ley para promover su uso su esposa Agustina Propato, que será diputada del Frente de Todos. 

El proyecto de Petri establece la obligatoriedad de contar con "armas electrónicas no letales" en todos los móviles policiales afectados a tareas de prevención y su disponibilidad en eventos, espectáculos o lugares de concurrencia masiva de público donde el uso del arma de fuego pueda suponer un riesgo a la vida de terceros.

Petri dijo que la ley permitiría "eliminar cualquier tipo de controversia respecto de las tyser" y que "sólo deberán utilizarse exclusivamente en situaciones en que hubiera estado justificado el empleo de una fuerza mayor o letal y siempre que no produjere un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar".

El proyecto identifica estos casos cuando resulten ineficaces otros medios no violentos para "inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse", o cuando "deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas" o "para impedir la comisión de un delito de acción pública".

 

 

 

Pero prohíbe su uso "contra personas vulnerables, tales como niños, mujeres embarazadas o ancianos y en otros supuestos que no hagan aconsejable su uso de acuerdo a criterios científicos y conforme lo determine la reglamentación". 

"Es imprescindible dejar de lamentar hechos graves, sea por la utilización de armas de fuego o desistir del uso de la misma, dotando al personal de las fuerzas de seguridad de una alternativa intermedia que, de manera proporcional y racional, sea idónea para repeler una agresión, defender la vida de terceros o evitar la comisión de un delito", sostuvo Petri.

Firmaron el proyecto los diputados Alfredo Cornejo, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Carla Piccolomini, Omar de Marchi, Álvaro de Lamadrid, Julio Sahad, Pablo Torello, Adriana Ruarte, Francisco Sánchez.