Por

CARLA PELLIZA

Para Juntos por el Cambio, la difusión de los chats entre funcionarios judiciales, un ministro de la Ciudad y empresarios mediáticos estuvo íntimamente vinculada con un supuesto intento del kirchnerismo de generar caos antes de la condena de la vicepresidenta este martes. Curiosamente, el mismo episodio judicial contra la líder política del peronismo será al que se abracen para intentar dejar atrás el escándalo. Según la alianza, todo estuvo armado, fue una jugada esperable, no por lo que sucedió sino porque algo iba a suceder en la previa a la sentencia. Incluso la cadena nacional del presidente Alberto Fernández se colocó en la misma bolsa del “circo” para defender a “la jefa”.

A menos que haya nuevo material, alguno que imposibilite a los protagonistas apuntar contra una misteriosa edición de texto y audio, se decidió apoyar al ministro Marcelo D'Alessandro, funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. El titular de Seguridad no recibirá un pedido de renuncia, “de ninguna manera”, y seguirá en su cargo apoyado, hasta ahora por redes sociales, por algunas figuras de la oposición. A diferencia de otros episodios fáciles, en esta ocasión no se pronunciaron todos al unísono, dejando en evidencia el análisis que tuvieron que hacer como partido y a nivel personal. Según le dijeron a El Destape, no se pidieron esas proclamas sino que fueron sinceras, de compañeros de espacio que “se dieron cuenta” que D'Alessandro estaba en lo correcto. Sin embargo, en algunos pareció quedar dando vueltas un dejo de duda.

Como se había anticipado en los chats, la estrategia fue la de la victimización con denuncia incluida que, en el caso del funcionario, se suma a la realizada a principios de noviembre, cuando hizo una presentación por la intromisión en su teléfono celular, momento en el que tamDiego Santilli bién fue víctima. El Gobierno porteño optó por bancar a un propio y todos los candidatos de Larreta, tanto para la CABA como para la provincia de Buenos Aires, se pronunciaron en su favor. Un mensaje claro de alguien que nunca sale primero a sentar posición.

Para que los apoyos llegaran, fue necesario que primero apareciera el propio D'Alessandro. Recién ahí, comenzaron a aparecer, casi con timidad, los acompañamientos. Eso fue tomado como un fuerte respaldo del Gobierno porteño que creció con las horas. Por la Capital Federal, se pronunciaron Soledad Acuña, la halcona del larretismo; Fernán Quirós, el hombre tranquilo del larretismo; Jorge Macri, el funcionario que tiene la banca de los combativos a nivel nacional y miembro del gabinete larretista; y Emmanuel Ferrario, el joven vidalista que el larretismo subió a la contienda electoral. Los cuatro, precandidatos del PRO para la CABA. Por Buenos Aires, apareció Diego Santilli. Todos son apoyados y proliferados por el jefe de Gobierno, la intención fue clara, porque se había hablado de salir a respaldar.

Larreta esperó para salir a pronunciarse. Lo hizo recién cerca de las siete de la tarde, después de hablar con el ministro para escuchar su versión de la historia. El jefe de Gobierno adoptó la postura de no primerear y pensar bien sus posicionamientos y respuestas, por eso se tomó su tiempo para plegarse a la estrategia general y poner a disposición a todos los funcionarios de su gobierno.

Esa fue la línea que el radicalismo local consideró adecuada, la de ponerse a disposición de la Justicia para que se investiguen, lo más rápido posible, los “graves” hechos denunciados. Sin tomar partido por una u otra resolución, se abrazaron a la prudencia y celebraron la postura adoptada por el jefe de Gobierno porteño.

De los dirigentes de peso nacional, Patricia Bullrich tomó la decisión de apoyar durante el mediodía del lunes. Mientras el resto de los referentes analizaba los pasos a seguir, ella lo resolvió con una banca clara. En realidad, con el juego elegido por el PRO, dar vuelta la historia y victimizar a los protagonistas al hablar de la difusión de los chats como un “intento desesperado” para evitar la “Justicia” este martes.

Ese libreto fue preparado el mismo domingo, cuando estalló el escándalo en forma mediática. Según la oposición, estaban esperando alguna maniobra del kirchnerismo para alentar el caos social antes de la sentencia contra Cristina Kirchner y desorganizar al país post condena. Sin saber cuál sería esa jugada, apareció la difusión de las conversaciones que las filas amarillas la vincularon directamente con esa supuesta maniobra de ocultamiento y distracción. D'Alessandro les dijo que lo difundido es todo mentira.

Según la teoría opositora, a diferencia de otros momentos históricos, ahora el kirchnerismo y sus servicios de inteligencia se habrían perfeccionado no sólo para lograr capturar conversaciones sino para, convenientemente, editarlas. Por eso, casi como si fuera una paradoja, denunciaron espionaje ilegal. Algo de lo que se rieron los integrantes del grupo de Telegram pero, en esa oportunidad, en referencia a Mauricio Macri, un experimentado.

Incluso, además de acusar la intromisión en el celular, la edición y la publicación del contenido, también se apuntó, contradictoriamente, contra el amateurismo de quienes supuestamente lo hicieron porque, según algunas lecturas, no incluyeron ningún delito en la conversación semi ficticia. Sin embargo, el ida y vuelta entre jueces, empresarios de medios y funcionarios fue desde los posibles aprietes hasta la confección de facturas truchas.

Bajo esa lógica, la maniobra de distracción ideada por le kirchnerismo también incluyó la reacción de Alberto Fernández y la realización de una cadena nacional. La radical Soledad Carrizo, la trató de “oportuna” (las comillas son suyas), Bullrich trató al jefe de Estado de “testaferro de la presidenta en funciones” y lo acusó de haber intentado “todo”, desde la instalación del concepto del lawfare hasta “operaciones de inteligencia y mentiras”.

Las salidas públicas parecieron quedar acotadas al PRO. Hubo alguna defensa o acompañamiento de parte de referentes porteños de la Coalición Cívica, de peso en el armado porteño, pero el radicalismo hizo como si nada hubiera ocurrido. Como si el problema fuera de un aliado pero no propio, sin encontrarle sentido a subirse a la disputa. De hecho, tal vez los mayores cuestionamientos fueron hacia la cadena nacional del Presidente y no tanto de apoyo al ministro de la CABA.

Gerardo Morales, de buena relación con Larreta, decidió el silencio en las horas posteriores al escándalo. En la previa al conocimiento de los chats, estuvo en Formosa junto a unos cuarenta dirigentes radicales, en una cena. Según sostuvo el titular de la UCR, se había arribado a un acuerdo con Facundo Manes para hacer internas partidarias y tener un solo candidato. El diputado tuvo que aclarar que la conversación efectivamente se dio pero que no se llegó a ningún pacto, sino que se seguirá charlando y, de haber alguna definición, será en marzo del año que viene. En principio, al no tener cargos en el partido ni haber sido anotado formalmente como precandidato, el neurocientífico sugirió analizar la propuesta en los organismos internos aunque se cree que puede ser una mala idea, de difícil realización.

Fuera de lo electoral y de regreso a los chats, la esperanza opositora pasará por la aparición de un tema aún más fuerte en agenda para tapar el escándalo del fin de semana. Como se había dicho en el chat, la disolución del interés público. Ese tópico sería la condena contra la vicepresidenta que se conocerá luego de las últimas palabras del último acusado. Con una sentencia contraria a la dirigente política, los chats, el viaje, el intento de encubrimiento quedarían en el olvido.

El martes, se leerá la sentencia contra la vice y otros acusados en la causa Vialidad. Desde la oposición dijeron esperar a ver qué se resolverá para definir pasos a seguir, pero las consecuencias de una condena son algo analizable hace tiempo. Hasta el momento, la única que se pronunció en forma contundente fue Elisa Carrió, que dijo que el acto de “Justicia” no puede ser un acto de “venganza” y que no hay que celebrar pero, al mismo tiempo, planteó que será una oportunidad para terminar con “16 años de impunidad” del kirchnerismo.