La Cámara "en lo Clarín y la Rural"

Demetrio Iramain.

Si ciertas dependencias judiciales parecen feudos, si la prospia de los nombres se repite, bien poco puede esperar la sociedad democrática.

La justicia se encuentra desde el primer minuto hábil del año 2013 en feria. La mayoría de los juzgados de todas las competencias y fueros del país está de vacaciones. Sólo permanecen guardias mínimas en algunas dependencias. En otras, ni la luz se enciende. Los tiempos procesales se vuelven aun más laxos. La feria de enero interrumpe los plazos y prolonga hasta febrero –y más allá también– lo que para cualquier ciudadano común resulta improrrogable. Por ejemplo, obtener un sobreseimiento al filo de fin de año que lo rescate de una prisión preventiva. Pero no: para brindar en casa y con la familia hay que llamarse Fernando de la Rúa.

El tribunal más encumbrado de la juricatura nacional sabe que el sistema judicial está en deuda con la democracia. Para comprender muchos fallos bastaría conocer cómo funciona la estructura interna de los tribunales, la matriz oligárquica que articula su burocracia, y lo amigable que resulta para sus miembros, la exclusiva "familia judicial". Sólo ascienden los portadores de apellido. La movilidad escalafonaria es para los ahijados de los padrinos, especialmente en el ámbito de la Corte. Si ciertas dependencias judiciales parecen feudos, si la prosapia de los nombres se repite como el eco en muchos fueros, bien poco puede esperar la sociedad democrática.

El último acuerdo de cortesanos respecto de la Ley de Medios volvió a dejar pagando a los otros dos poderes del Estado. Alguna vez, en pleno conflicto con las patronales rurales por la Resolución 125, el todavía hoy presidente de la Corte había declarado que lo mejor era "no judicializar" los diferendos propios de la política, y que era allí donde debían resolverse porque "para eso funciona la política". ¿Seguirá pensando igual Ricardo Luis Lorenzetti? ¿Será que para él el lugar por excelencia de la política ya no es más la soberanía popular expresada en las urnas, ni las decisiones de los dos poderes del Estado de derecho renovables periódica y democráticamente?

Sin dudas, el voto no positivo de Julio Cobos les sentó bien a quienes no deseaban anticipar tanto los tiempos y obligar a los jueces a asumirse como políticos, como pareciera estar ocurriendo ahora. He ahí, quizás, otro de los logros de este tiempo de transición, veloz e intenso: las cosas cada vez más claras.

Para el juez Raúl Zaffaroni, en tanto, la justicia no es una corporación debido a que existe en su interior "pluralidad ideológica" entre sus miembros. De acuerdo. Evidentemente, los 200 y pico de jueces y fiscales que firmaron la solicitada por "Una justicia legítima" no son los que insisten en mantenerse atados como con pernos a las corporaciones económicas, mediáticas, eclesiásticas, o a todas ellas juntas. El problema es la competencia: ¿habrá en materia judicial algo más determinante que un fallo de la Corte? ¿Quién pudo más: aquel intachable fiscal de investigaciones administrativas, Ricardo Molinas, renunciado por Menem en 1991, o el riojano Julio Nazareno?

Que existen edificantes disputas y hasta una saludable batalla por la hegemonía al interior del Poder Judicial es notorio. Tanto como la adversidad de los progresistas en la correlación de fuerzas. A veces pareciera que el poder económico baja una bandera a cuadros, tras la cual el segmento más aristocrático de la justicia se pone en línea y firma a coro sus dictámenes. El mismo día que la Corte rechazó el per saltum en el expediente Clarín, contradiciendo lo perentorio de su anterior fallo y extendiendo la cautelar hasta el impreciso día que haya sentencia de fondo, otros jueces de un tribunal de más allá confirmaron el sobreseimiento de De la Rúa por los crímenes ocurridos durante la represión a la rebelión de 2001. Para la Agencia de Noticias del Poder Judicial se trató, apenas, de los "incidentes del 20 de diciembre".

¿Qué pasaría si la cabeza del Poder Judicial enviara un mensaje a los tribunales inferiores de absoluto crédito a sus competencias y apoyo a su trabajo, aunque también muy claro respecto de su compromiso institucional? Algo así hizo la presidenta hace una semana cuando identificó a sectores del PJ como responsables por los saqueos organizados miserablemente a cuatro días de la Navidad.

Que Néstor Kirchner haya presidido el justicialismo hasta el día de su muerte, y que ese partido formara parte sustantiva del Frente Para la Victoria, no le impidieron a Cristina producir semejante muestra de autoridad, deber democrático y contracción al cargo más importante de la República. A la presidenta pareció no pesarle su condición de peronista, ni tener pactos con las lecturas más ortodoxas del movimiento policlasista. Los pejotistas, claro, no se lo perdonan. Vienen alzando las orejas desde 2008, cuando en pleno conflicto con las patronales agrosojeras, Cristina dijo que después de las Madres ya nadie podría considerar a la Plaza de Mayo como propiedad política exclusiva de los peronistas.

¿Será capaz el Poder Judicial de una conducta semejante, de real soberanía también para con la propia tropa, que parece lo más difícil? ¿O será nomás como dijo Martín Sabbatella, para quien algunos jueces no están preparados suficientemente para enfrentar a las corporaciones, porque ellas son parte constitutiva de la justicia? ¿Imagina alguien al titular de la Corte pidiendo perdón en nombre del Poder Judicial por la inacción de los jueces (cuando no pasmosa complicidad) ante el genocidio, la impunidad, el saqueo del patrimonio público, el desmembramiento del Estado?

Ya sé, ya sé: los jueces deben ser independientes, sus fallos no tienen por qué tener en cuenta el contexto, el Poder Judicial debe velar por la división de poderes (especialmente si se trata de un gobierno progresista y popular), cada causa es un mundo, el fallo de Casación nada tiene que ver con la condena de un tribunal oral, mucho menos con la cautelar de la Cámara Civil y Comercial. Pero que las hay, las hay. Ni en los Estados Unidos la justicia es un enclave al interior del propio Estado, con semejantes niveles de discrecionalidad y autonomía, como ansían nuestras élites. Los jueces deben ser independientes y no autistas sociales, ahistóricos, desentendidos de la marcha de un Estado que componen desde su especificidad. A este paso, ¿quién va a negarles a Miguens, Biolcati y Etchevehere su derecho a ilusionarse con que la "Cámara Nacional de Apelaciones en lo Clarín y la Rural" ampare a los hacendados y suspenda a tiempo la "confiscación"? -

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