La mole laberíntica de Ramón Carrillo 375, en Barracas, hace un tiempo viste un té con leche vívido. Por dentro, hacia sus entrañas, es también hace un tiempo polvo y ruido de taladros. Es que el Gobierno de la Ciudad está encarando, como ya lo hizo con el neuropsiquiátrico infanto-juvenil Tobar García, una lavada de cara al edificio. Lo que queda del paisaje del histórico hospital monovalente, hablamos del Borda, claro, son los locos que piden cigarrillos o monedas para cigarrillos. Se estima que son unos 600 en relación a los más de 2 mil que había antes de que la política de externación macrista pusiera segunda.

Es que los planes del GCBA son otros para esas cuatro hectáreas que forman el Borda, el Moyano, el citado Tobar García y el hospital Rawson. Las intenciones Pro para ese lugar atienden al Master Plan que proyecta que, a comienzos de 2014, el Centro Cívico, núcleo de todas las dependencias gubernamentales porteñas, debería emplazarse justamente allí. Esas son las intenciones del gobierno, nada más. Porque a la fecha, la realidad es otra.

De la brutal represión del 26 de abril, que dejó más de 50 heridos por balas de goma, entre pacientes, médicos, enfermeros, legisladores y periodistas –cuentan en el Borda que uno de los internos más grandotes, de esos gigantes con cara de niño, aún llora desconsoladamente recordando aquella jornada–, a estas semanas, hubo novedades. Recapitulemos: la madrugada de aquel día arrancó con la demolición del Taller Protegido 19, donde muchos pacientes se dedicaban a armar muebles poniendo en acto la vieja promesa de resocialización. Lo que sobrevino fue la resistencia de los trabajadores e internos, la represión, un festivalazo por el Borda y la batalla judicial: sus hitos dan cuenta de la denuncia a varios miembros del Gobierno porteño y una medida cautelar que frena cualquier avance de obra en el lugar.

Es más: en estos días, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña confirmó la medida cautelar que mantiene suspendida la construcción del Centro Cívico.

La causa

La Sala II de la Cámara decidió ratificar la suspensión de las obras –como sucede desde diciembre de 2012, después de haber comenzado en mayo del mismo año–, contempladas en el decreto N°121/12. Los camaristas consideraron que no se encuentra acreditada la evaluación de impacto ambiental, como tampoco la intervención del Ministerio de Planeamiento Urbano ni el de Cultura.

A la par, se citó para la próxima semana a declaración indagatoria al ministro de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chain; al jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, y al comisionado Martín Jorge Roth, a raíz, precisamente, de la represión de abril. La citación fue firmada por el titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional 30, Jorge Adolfo López, y apunta a los presuntos delitos de “abuso de autoridad, requerimiento ilegal de auxilio de la fuerza pública y desobediencia a una orden judicial”.

Al ministro Chain –el autor intelectual del proyecto para construir el Centro Cívico en los terrenos del Borda– se lo acusa de ser el responsable de la orden de desalojar el Taller Protegido. A partir de testimonios de legisladores que estuvieron el 26 de abril oponiéndose a la demolición del taller y a la represión después, como Fabio Basteiro y Alejandro Bodart, se supo que el funcionario mantenía una comunicación permanente con el jefe de la Metropolitana, Horacio Giménez, presente en el lugar de los hechos. Tras ordenar las indagatorias, el juez López giró el expediente al fiscal Eduardo Cubría, quien interviene en la causa. López es el mismo juez que en un expediente paralelo, derivado de los mismos hechos, tomó indagatoria a cinco trabajadores a quienes se acusa de resistencia a la autoridad, por las heridas que sufrieron los policías.

Vale recordar que también sobre el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri; el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro; el subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace, y la ministra de Salud, Graciela Reybaud, pesaron cargos relativos al abuso de autoridad, desobediencia, lesiones y privación ilegal de la libertad. Además, la Cámara les aplicó a Macri, Chain y al procurador Julio Conte Grand multas de 20 mil pesos.

Hace poco más de un mes, la Justicia porteña, a partir del pedido presentado por el dirigente de ATE Marcelo Frondizi –delegado de los talleres protegidos–, había ordenado la reapertura del mencionado Taller Protegido número 19, que, en rigor, a horas de la represión, los mismos pacientes junto a los trabajadores volvieron a erigir, chapa y tirante mediante, al costado de las ruinas del antecesor, pura madeja de hierros retorcidos y escombros. Así las cosas, la orden de la Justicia indicaba que en un plazo de veinte días debía reabrirse el sector. Pese a que la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad no especificó en su fallo dónde debe estar el nuevo taller ni aclara si debe ser reconstruido el que fuera derrumbado, establece en forma taxativa que debe adecuarse a las normas de seguridad y salubridad, que no se cumplen en el nuevo taller construido, de acuerdo a un informe de bomberos: le falta equipamiento contra incendios, padece de un nivel de ruidos que hace insoportable, al parecer, el trabajo e incumple con las condiciones mínimas de salubridad.

En enero, la jueza Elena Liberatori ya había ordenado la reapertura, pero un mes más tarde, la jueza Andrea Danas revocó dicha medida con el argumento de que el Gobierno ya había construido otro espacio para el funcionamiento del taller. En ese fallo se basó el Ejecutivo para ordenar la demolición del taller, el 26 de abril. Y el operativo represivo.

A su vez, hace poco más de un mes también, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Legislatura, los trabajadores del Taller Protegido 19 presentaron un proyecto de restauración del lugar. Luego de la destrucción del taller en los terrenos en los que el Jefe de Gobierno busca construir el Centro Cívico, la Junta Interna de los talleres realizó un proyecto para reconstruirlos. El plano y la maqueta fueron elaborados por el exvicerrector y exdecano de la Facultad de Arquitectura de la UBA Jaime Sorín y por su equipo de colaboradores, formado por docentes y alumnos.

Recordemos que, a todo esto, el 14 de diciembre de 2012 se realizó en el Edificio del Plata la audiencia pública para decidir el destino de los terrenos en los que se emplazan los tres hospitales de salud mental y el Rawson. En ella, los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado y la Asociación de Profesionales del Borda advirtieron que iban a resistir la demolición de los edificios y la erección del Centro Cívico. Más tarde, Chain desconocería no solo la disposición de la jueza Liberatori sino también la catalogación de los terrenos de Barracas en el Código de Planeamiento Urbano, bajo la categoría uso Hospital. Más acá en el tiempo, la suspensión de los trabajos del Centro Cívico derivó también en la postergación de la venta del edificio del ex Mercado del Plata, situado en Pellegrini 211. Por ley, el dinero proveniente de la subasta del inmueble debía invertirse en el desarrollo del distrito gubernamental, valuado en unos 280 millones de pesos.

Hoy el Borda es todo expectativa, expectativa que se cuela por los pasillos y le gana al polvo, expectativa que se expresa en los múltiples murales que se pintaron por estos días, de la mano del célebre Patch Adams y de uno de las tantos grupos que pululan por el neuropsiquiátrico, en pos de la desmanicomialización, como Voces de los Muros, con Julio César Creativo como loco conductor. Allí todo es, en definitiva, expectativa y lucha.

¿Quién es el cuerdo acá?

Inmortalizado en la película que protagonizó Robin Williams en los 90, aunque solo en su costado divertido, despolitizando la fuerte carga ideológica de su mirada, el payamédico más famoso del mundo, el creador de la risoterapia que ancla sus bases en toda medicina que se precie de heterodoxa, Hunter Doherty “Patch” Adams visitó hace una semana el hospital Borda. Dejó un mural y risas por doquier.

Patch es un hombre que pisa los 70 años, alto, de pelo largo –con un mechón azul–, zapatos de payaso, un chupete colgado y una nariz roja en el bolsillo, por las dudas. Quiso conocer el Borda. Gracias a Vanina Grossi, su discípula argentina, pudo concretar su deseo. Ese día, el revuelo en el hospital era comparable a una visita de los Beatles y los Stones juntos.

El conocido médico fundó un hospital (más tarde el Instituto Gesundheit), al que concibió como una universidad de la cultura humana. Crítico del capitalismo, de la medicina vertical y de las guerras, dejó una frase de Freud picando en el Borda: “Tal vez, la enfermedad mental es una respuesta saludable a una sociedad enferma”.

Sistema de locos

Internación, externación, abandono edilicio, talleres de rehabilitación y resocialización, demolición de espacios en los que se desarrollan talleres, sobrepoblación de pacientes y falta de profesionales son algunas de las características del actual sistema de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, la judicialización, tanto de conflictos colectivos con la administración porteña como de casos particulares de pacientes que ven vulnerados sus derechos, se vuelve el recurso para encontrar respuestas a problemas que podrían evitarse.

Con el objetivo de sumar ideas y propuestas que puedan mejorar el sistema reduciendo los conflictos que recurren a los tribunales para su solución, la Justicia porteña, a través de la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad, realizó el 4 y el 25 de septiembre las jornadas “La salud mental en la Ciudad de Buenos Aires: Aportes para cambiar un sistema de locos”, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Entre los temas que se trataron se destacan los modelos de intervención en salud mental: modelo médico/judicial vs. modelo social; derechos del usuario según la Ley 26.657 (de orden nacional) y 448 (ámbito porteño); actualidad de los hospitales monovalentes de salud mental: Borda, Moyano, Tobar García y Alvear; aspectos conflictivos del marco de la salud mental; adicciones: enfoques según los distintas perspectivas sociales; competencias judiciales y del Ministerio Público en la Ciudad; internaciones y tratamientos: conflictos entre la realidad y la ley; jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario; y la mirada de La Colifata, la radio del Borda.

Los expositores fueron Gustavo Moreno, Pablo Rosales, Lucio Mastandrea, Roxana Amendolaro, Alfredo Olivera (psicólogo impulsor de La Colifata), Fernando Juan Lima, Raúl Carimali, Padre Carlos Olivero, Marcela Pérez Pardo, Angélica Sexto, Mabel Daniele y Norma Sas, entre otros.