Desde hace varios años Bahía Blanca viene siendo eje de un multimillonario y poco claro negocio a cargo del gobierno nacional: la importación de gas natural licuado (GNL) para cubrir el cada vez más acentuado déficit energético.

Las operaciones, que desde el año pasado están a cargo de YPF y la empresa estatal Enarsa, mueven en el país unos 5 mil millones de dólares anuales y continúan generando duros cuestionamientos por la falta de información oficial y escasa transparencia.

Los últimos reclamos provinieron de los diputados nacionales del Pro Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich, quienes aseguraron que interpondrán una denuncia contra Enarsa, a la vez que pedirán la interpelación del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, para que explique el tema en el Congreso.

Si bien el senador nacional y exintendente bahiense Jaime Linares (GEN) ya se había venido ocupando del tema con duros cuestionamientos durante los últimos años (ver aparte), el tema detonó con mayor intensidad a fines de 2014.

El año pasado el ex ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Roberto Dromi, aseguró que asesoró a De Vido en temas energéticos y afirmó que, a cargo de Enarsa, YPF actúa en la compra de gas desde 2012 "sin transparencia y fuera de la ley".

Los legisladores del Pro solicitarán que se realice una investigación para determinar si se constituyó o no un delito en el accionar de la empresa y pidieron que se determine si los funcionarios y asesores actuaron dentro del cumplimiento de deberes de funcionario público y han realizado negociaciones compatibles con la función pública o si han actuado con desvío de poder en las referidas operaciones.

En un reportaje concedido a fines del año pasado al diario "La Nación", Dromi había señalado que “el modo en que la Argentina está comprando gas natural no se ajusta a derecho" y afirmó que hay denuncias en la Justicia que no sabe si van a prosperar.

También recordó que, hasta 2012, el país le compraba GNL a la española Gas Natural Fenosa, empresa para la que él mismo trabajó durante cinco años.

"Fenosa me pagaba un honorario, pero era un seguimiento rigurosísimo, con consultoras que manejaban hasta el movimiento intercontinental de barcos", manifestó.

Sin embargo, ahora, para el ex ministro de Obras, hay embarcaciones que no están sometidas a ningún tipo de control.

"Las trae YPF, paga Enarsa, pero en realidad las paga YPF", consideró Dromi y adelantó que "ese contrato se ha hecho en idioma inglés, con cláusulas secretas, con claves blindadas y nadie conoce el pliego, ni el precio, ni absolutamente nada. No se sabe".

YPF respondió mediante un comunicado donde señaló que no iba a “permitir que los beneficiarios del sistema anterior pongan en duda las reglas vigentes y el actual procedimiento de compra, con la única finalidad de volver a instaurar un sistema que solo les rindió sus réditos personales en perjuicio del país".

El ministro De Vido, el otro actor en esta novela de denuncias, había señalado mediante un escueto comunicado de prensa que "YPF adquiere el GNL en el marco jurídico que corresponde dentro de los valores vigentes en el mercado".

Por su parte, un vocero de la compañía Gas Natural Fenosa, principal proveedora del país, dijo desde la sede central en España que "los contratos son totalmente correctos, transparentes y competitivos de acuerdo con los estándares internacionales".

Además, sostuvo que "actualmente están vigentes y se desarrollan con normalidad".