Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia ratificaron que las conductas denunciadas constituyen un estímulo a la violencia. La medida alcanza a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, quienes estaban procesados en primera instancia por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por integrar una organización que tiene "por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor", que tiene una escala penal de tres a ocho años de cárcel.

En cambio, los camaristas entendieron que los cuatro son, en principio, responsables por el delito de "incitación a la violencia colectiva", cuya pena prevista va de los tres hasta los seis años de prisión.

No es la primera vez que la Cámara Federal porteña debe resolver cuestiones vinculadas al caso Revolución Federal: antes se había expresado en favor de que la causa tramite por separado de aquella en la que se investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta y también fue el tribunal que revocó las prisiones preventivas de Morel, Sosa, Guerra y Basile.

En esta causa, por otra parte, en diciembre pasado la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó que vuelvan a ser detenidos los referentes de Revolución Federal, tras considerar que en la causa que investiga el accionar violento de esa agrupación fue hallada evidencia de que "planeaban juntar dinero para contratar un sicario", situación que podría estar relacionada con el intento de magnicidio del cual fue víctima.

"De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso", agregó la expresidenta en una serie de mensajes publicados a fin del año pasado en su cuenta de Twitter, a los que además adjuntó la presentación realizada por sus abogados en base a informes elaborados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Ante la prueba incorporada el pasado 19 de diciembre a la causa que investiga al grupo autodenominado “Revolución Federal”, mis abogados acaban de pedir nuevas medidas de prueba y la detención de Morel, Sosa y Guerra.https://t.co/2SqMJt6eCl

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 28, 2022

En aquella presentación, la querella recordó el 25 de agosto pasado, Morel expuso en Twitter Spaces una forma ´posible de atentar contra Fernández de Kirchner, análoga a la que emplearía Fernando Sabag Montiel siete días después: la de infiltrarse entre los militantes que acudían todos los días a la casa de la vicepresidenta a expresarle su cariño y apoyo.

La presunta financiación de Revolución Federal

Esas son, además, las líneas de investigación en las que trabaja por estas horas el fiscal Gerardo Pollicita: los movimientos de dinero en derredor de los acusados y los posibles vínculos con el atentado fallido contra la vicepresidenta.

La fiscalía ya trabaja en el análisis de la economía de Revolución Federal y sus integrantes: uno de los focos está puesto en el vínculo económico entre Morel y Caputo Hermanos, de los hermanos de Luis Caputo, exministro del gobierno de Mauricio Macri.

Al presentarse en la causa, la empresa perteneciente a los familiares de "Toto" Caputo sostuvo que el dinero transferido a Morel y su entorno correspondía a pagos por servicios de carpintería facturados por esos dos fideicomisos y rechazó cualquier vinculación con lo que se investiga en la causa.

La fiscalía de Pollicita, además, impulsó un peritaje tendiente a determinar si en la información extraída de los teléfonos celulares de los miembros de Revolución Federal surge alguna información o contacto con el intento de asesinato de la vicepresidenta o con las personas procesadas por ese caso.