“Está todo cerrado. Ahora avanzan con los acuerdos en el lenguaje legal. No había ya diferencias”. No fueron cinco minutos como dijo Alberto Fernández, pero a las tres de la tarde del lunes la letra chica del acuerdo con el FMI parecía haber encontrado su cauce, según indicaron a BAE Negocios desde el Banco Central y la vocería de Presidencia. “No queda mucho más, puede ser uno o dos días (para su presentación)”, aclaró Gabriela Cerruti.

Con el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania los precios internacionales del gas y el petróleo se dispararon, situación que incide directamente sobre la cuenta de las transferencias económicas hacia el sector energético.

Este escenario de crisis global había quedado afuera del borrador publicado en exclusiva por BAE Negocios. “Entiendo que la cláusula post guerra o índices vinculados a los insumos como el gas es lo que se está considerando incluir”, aclararon a este diario desde el equipo económico.

Tal como sostuvo este diario, el punto de mayor tensión con el organismo multilateral versó, durante las últimas jornadas, sobre la cuestión tarifaria y los subsidios. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández adelantó que le quitarán los subsidios al 10% de la población con mayor capacidad económica y que para el resto habrá un ajuste de tarifas que no podrá superar el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), tal como establecía la ley 27.443 vetada por Macri en 2018. El límite que se fijaría sería un 80% del CVS.

“¿Cuánto será el ahorro fiscal si le quitan el subsidio al 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo?”, preguntó este diario a un consultor especializado en temas energéticos. “No creo que nadie en la Argentina sepa eso – respondió-. Se sigue sin entender que la energía llega a la puerta de cada hogar por medio de cada distribuidora provincial. Las distribuidoras no tienen a sus clientes catalogados por nivel de ingreso. Ergo, habría que cruzar las bases de AFIP con las bases de todas y cada una de las distribuidoras del país”.

Desde el ENARGAS hicieron el mismo razonamiento. “El decil 10 se construye con la encuesta permanente de hogares, protegida por el secreto estadístico. Se debería cruzar datos de gastos con AFIP. No es algo muy practicable”, indicaron a este diario desde el Ente Regulador.

La otra novedad que surge del discurso del Presidente es que el aumento de tarifas promedio no será del 20 por ciento como fuera publicado en el Boletín Oficial sino más cerca del Coeficiente de Variación Salarial. En diciembre, el Indec informó una variación interanual del 56,5 por ciento. Si se fijase el tope del 80 por ciento del CVS como sugería Sergio Massa en 2018, las subas serían cercanas al 45 por ciento.

“Los tienen poder adquisitivo deben pagar una tarifa mayor. Esos deciles de altos ingresos también son demandantes de divisas por otros medios (canasta importada y dólar ahorro). Si se liberan esos recursos podrían utilizarse para amplificar el efecto multiplicador mediante gastos de capital y otro tipo de inversiones por debajo de la pirámide social. Es correcto que se ponga un límite a la tarifa”, sostuvo a BAE Negocios el economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), Nicolás Zeolla.  

El Gobierno se comprometió a reducir los subsidios en un 0,6 por ciento del PBI. Para los economistas Nicolás Arceo y Emmanuel Agis, con la suba de tarifas del 20 por ciento anunciada hace unas semanas, los subsidios tenían destino de trepar por encima de los 14.000 millones de dólares durante 2022 (2,4% del PBI). Ambos analistas sugerían aumentos del 80 por ciento para llevar las transferencias al 1,9% del producto. Lo anunciado por Fernández desde el Congreso parece ubicarse en el medio de ambos escenarios.