Alarma empresaria: deuda récord, estrés del stock de insumos y doble impacto financiero

Alarma empresaria: deuda récord, estrés del stock de insumos y doble impacto financiero

El sector privado afronta la deuda comercial “más grande de la historia” del país. Los atrasos en los pagos de SIRAs generaron un descalce financiero, tanto para compras como para ventas, que supera el 20% de los costos.

Ariel Maciel

Las empresas alimenticias se pusieron al frente de un reclamo que esconde una lista de sinfines de reproches al Gobierno, en el medio de un pronóstico de recesión y pérdida de rentabilidad para el sector. Así lo denunciaron las fábricas argentinas y estadounidenses, casi a coro. La filtración de una carta de reclamos del círculo rojo norteamericano no sólo que no tuvo impacto negativo para la cuidadosa Amcham, sino que envalentonó a la poderosa Copal que conduce el también presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. Esa movida sería el inicio de un efecto en cadena, si los dólares no aparecen para la producción.

Fuentes empresarias confiaron a PERFIL que el costo de financiamiento que asumen las fábricas ante sus compradores les genera costos mayores al 20%, lo que provoca una “pérdida total de la rentabilidad”. Pero ese escenario se agrava con la acumulación de la deuda con proveedores extranjeros, debido a la falta de pago de las importaciones que habían sido aprobadas en el sistema SIRA y que tenían que ser saldadas, pero que se congelaron por la falta de dólares en las reservas del Banco Central (BCRA).

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“Hace casi un mes que se vienen arrastrando problemas para pagar las importaciones que tenían fecha de vencimiento, porque las SIRAs no salen. Y, en las últimas semanas, cuando queríamos pagar, comenzaron a desaparecer los registros del sistema. Pero, lo más grave, es que no hay certeza de cuándo se va a poder pagar”, se quejó el dueño de una empresa, que tiene materias primas sin sustitución de importaciones en el país.

El antecedente actual no es muy alentador. Según un informe de la consultora Ecolatina, “la deuda comercial por importaciones de bienes es la más elevada de la historia argentina, incluso medida en moneda constante”. “Al primer trimestre de 2023 el stock trepó a USD 34.300 millones, debido al acelerado incremento experimentado desde 2022 de USD 12.200 millones, el cual representó el 36% del stock total actual. Además, estimamos que durante el segundo trimestre se acumuló nueva deuda neta por un total de USD 2.700 millones”, sentenció el estudio.

Estrés en el stock de insumos importados

En la UIA la alarma se encendió con el recuento de insumos importados que tienen algunas fábricas, que comenzaron a sentir el estrés de la falta de dólares para poder pagar a los proveedores internacionales. “Se van acabando las materias primas importadas. Y, para sostener la cadena de ventas, si se vende a 60 días, el costo financiero es mayor de 20%, o sea que se come toda la ganancia. Pero el problema es la suba de los costos, porque les influye tanto el dólar formal, como los financieros y, hasta, el informal, lo que genera una incertidumbre de precios, porque no se sabe cuál es el costo de reposición”.

Los empresarios se encontraron que en el mundo se les terminó el “fiado”. “Si encontrás materia prima en plaza, te piden que la pagues a doña billete. Los proveedores del exterior ya no nos quieren entregar más, porque tienen miedo de quedar enganchados. Hoy la Argentina se convirtió en mala palabra, en términos de pago”, se lamentó ante este medio un integrante de la mesa chica de la UIA. En hechos concretos, las empresas optaron por utilizar dólares físicos para cubrir urgencias, pero los números de la inversión en relación con la rentabilidad, medidos ambos en dólares, comenzaron a “preocupar” a los fabricantes.

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Según confiaron otras fuentes de la central fabril, el incumplimiento en el esquema de pago de SIRAs comprometidos en el sistema generó que “al Gobierno ya no se le crea nada”. “Si se empieza a honrar los compromisos de pago que se adeuda, creo que solo podríamos mantenernos como hace unos meses atrás. Con esto y la recesión que se está viniendo, apenas llegaríamos a fin de año. Pero en el medio tenemos la exigencia del Fondo Monetario Internacional de reducir las importaciones, lo que repercutirá también en la caída de la actividad”, afirmó otro empresario que vio restringido a cero el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Las alimenticias, también en pie de guerra

Un comunicado de prensa de la Cámara de Industrias Alimenticias (Copal) tensó al máximo la relación con el Gobierno. Sucede que salió a denunciar que el pacto antiinflacionario que anunció la Unidad de Negociación de Acuerdo de Precios con algunas empresas del sector fue impuesto y no dialogado. Ese duro posicionamiento se conoció luego de la filtración de una carta de reclamo que la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) le había enviado al Gobierno ante la inviabilidad de que sus empresas asociadas puedan cumplir con ese acuerdo. Esa misiva tomó estado público y desde el sector privado temían que un funcionario haya sido el responsable de su difusión.

“La dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, no es posible ni sostenible si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial”, afirmó la Copal, quien además denunció que las empresas firmantes, que integran la central fabril, “han debido acatar para continuar abasteciendo”, pero aclaró que “de ninguna manera funciona sobre bases firmes, menos aún sobre los principios de un acuerdo voluntario”.

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Con un reproche de por medio, la Copal dejó incierta la posible continuidad del programa Precios Justos: “Pretender que la industria de alimentos y bebidas pueda absorber el impacto de la reciente devaluación es negar el marco de desequilibrios de costos y precios que afecta a este sector, al igual que al resto de la cadena de valor. Sólo en las últimas 3 semanas, los principales costos de producción han aumentado en promedio entre un 15% y 30%, frente al 5% de incremento de precios propuesto. También se proyectan paritarias por encima del 140%. Evidentemente, la política distorsiva en materia inflacionaria vuelve a generar presión sobre la industria de alimentos y bebidas, que con mucho esfuerzo ha sido el único actor de la cadena de valor en absorber el impacto de este flagelo, que lejos está de ser resuelto e impacta al conjunto de la sociedad”.

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