Alak encabeza una cumbre para debatir la reforma del Código Penal

Alak encabeza una cumbre para debatir la reforma del Código Penal
El ministro de Justicia y Derechos Humanos participará hoy en Mar del Plata de un encuentro de jueces, fiscales, abogados y expertos internacionales. Analizarán la creación de un Código de Procedimientos Contencioso Administrativo y la concepción de un nuevo paradigma penitenciario.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, participará hoy en Mar del Plata de una cumbre de jueces, fiscales, abogados y expertos internacionales con el objetivo de analizar las propuestas de reforma del Código Penal y la creación de un Código de Procedimientos Contencioso Administrativo.

El encuentro se desarrollará en el NH Gran Hotel Provincial, donde también se hablará sobre la concepción de un nuevo paradigma penitenciario, según se informó oficialmente. La apertura de la cumbre, prevista para las 9.30, estará a cargo del ministro Alak, cuya cartera es la encargada de la organización. También participarán el secretario de Justicia, Julián Alvarez; Mario Fera y Luis Cabral, miembros del Consejo de la Magistratura; María Laura Garrigós de Rébori, titular de Justicia Legítima; y Ricardo de Felipe, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

El Congreso Federal sobre Reformas Legislativas, que se extenderá hasta el miércoles, contará con expositores de todos los sectores del Poder Judicial y de reconocidos expertos a nivel internacional, convocados para debatir profundos cambios en el sistema de justicia.

Mientras que para hoy se prevén disertaciones sobre la construcción de "un nuevo paradigma penitenciario", mañana se debatirá sobre "sistematización de la normativa contencioso administrativo federal", en tanto que el miércoles será el turno de la discusión sobre "un proceso penal ágil y eficiente".

Entre los panelistas que participarán de las diferentes mesas están entre otros la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky; el director ejecutivo nacional del Ministerio Público de Chile, Pedro Bueno Figueroa; el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, Oscar Albrieu; y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar; además de expertos en seguridad penitenciaria y criminología de España, Costa Rica, Portugal, Suecia y Reino Unido.

Durante la cumbre se disertará y debatirá acerca del paradigma penitenciario, a través del análisis del cumplimiento de las reglas internacionales en materia de privación de la libertad, el repaso de las exitosas experiencias de gestión de distintos sistemas penitenciarios, y los actuales desafíos en la materia.

También se expondrá, e intercambiará experiencias, sobre la sistematización de la normativa contencioso administrativa federal, y los desafíos pendientes, y en la fecha de cierre, el eje central de las exposiciones tornarán alrededor de la crisis estructurales de los modelos inquisitivos, las necesidades de una reforma procesal penal, y el desafío de edificar una legislación que permita llevar a cabo un proceso penal ágil en todo el país.

Código Penal

El anteproyecto de reforma del Código Penal fue elaborado por una comisión multipartidaria integrada por Carlos Arslanian (peronismo); Ricardo Gil Lavedra (radicalismo); María Barbagelata (socialismo) y Federico Pinedo (Pro), con la coordinación del ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni.

El anteproyecto se destaca por su carácter "garantista", ya que entre sus principales modificaciones elimina la pena de prisión perpetua, pero también los agravantes para los casos de reincidencia. Otras cuestión que seguramente dará lugar a un duro debate, tiene que ver con la despenalización del aborto.

Uno de los aspectos más espinosos es la eliminación de la prisión perpetua bajo el argumento de que son muchos los jueces que no la aplican porque la consideran inconstitucional y colisiona contra los tratados internacionales de derechos humanos. En su lugar, la comisión creó dos categorías en la que califica a los delitos como "graves" y "gravísimos" y se eleva el máximo de la pena de 25 a 30 años de prisión. El diputado Pinedo presentó una disidencia en la que propone para los delitos "muy graves y los casos de delincuentes muy extremos" que se les permita a los jueces "penas adicionales a la prisión". Estas penas adicionales, según se indicó, podrían ir desde la fijación del domicilio del delincuente hasta "controles periódicos por parte del Estado".

Además, el anteproyecto elimina la libertad condicional y la condena de ejecución condicional. Otro de los puntos que generará un fuerte debate en el ámbito legislativo tiene que ver con la eliminación del agravante para los casos de reincidencia, por lo que las personas que fueron condenadas y vuelven a delinquir no pueden recibir una pena mayor a la que ya recibieron.

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