Gabriel Tuñez

Doscientos cincuenta mil niñas y niños cayeron a la indigencia el año pasado en comparación con 2022, una cifra que equivale a tres estadios de River Plate colmados y que podría agravarse en el primer semestre de este año si el Gobierno nacional no aumenta el presupuesto destinado a la infancia ni dispone de una mayor suficiencia en la implementación de políticas públicas en materia de protección de ingresos.

Según un documento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, en inglés), que fue elaborado a partir de estadísticas oficiales, la indigencia en niñas y niños en la Argentina aumentó al 14,3% en el primer semestre de 2023, lo que representa a 1,8 millones de chicas y chicos. El reporte, hecho público esta mañana a la prensa en la oficina de la agencia en Buenos Aires, manifestó que el escenario se habría agudizado hacia fines del año pasado hasta alcanzar al 19,4% de la población infantil. Así, son 630.000 chicas y chicos más que viven en hogares que no cubren la canasta básica de alimentos.

El relevamiento incluyó la confección de tres informes que abordan la pobreza monetaria y las privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños; el presupuesto destinado a la infancia; y la suficiencia de las políticas de protección de ingresos. 

En ese sentido, Unicef señaló que siete de cada diez niñas y niños en la Argentina, unos 8,6 millones de chicos y chicas, experimentan carencias monetarias o de alguno de los derechos universales, entre ellos el de educarse, vivir en condiciones de bienestar, a tener un sano desarrollo integral y a contar con la protección de su salud. Sin embargo, casi cuatro millones de niñas y niños padecen privaciones en ambas dimensiones y en forma simultánea.

Unicef indicó que si se toma en cuenta únicamente la pobreza monetaria, ésta afecta al 57% de las niñas y los niños, lo que equivale a 7,1 millones de chicas y chicos. Algunos de ellos, destacó el documento, se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad cuando se toma en cuenta si los jefes o jefas de hogares tienen un muy bajo clima educativo (83%), es decir que no completaron sus estudios primarios. Los números de pobreza también se incrementan en los casos de hogares monomarentales (68%), cuando residen en barrios populares (84%) o de acuerdo al empleo que posea el o la referente del hogar (75% en el caso de un asalariado no formal frente a un 36,5% de un trabajador formal).

Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, consideró que la asignación e implementación por parte de los Estados de un presupuesto acorde con las necesidades de su población resulta “una herramienta clave para aportar elementos” que “garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia”.

Brumana dijo a la prensa que el informe elaborado por Unicef fue enviado a la Presidencia de la Nación y a los ministerios de Economía, Capital Humano y Relaciones Exteriores. Además, comentó que los equipos técnicos de la agencia de las Naciones Unidas se encuentran en contacto con funcionarios de las cuatro áreas del gobierno del presidente Javier Milei.

“Con esta información, buscamos contribuir a la toma de decisiones de los gobiernos, en cumplimiento con los planes de trabajo acordados con el Estado nacional, y a partir del mandato establecido en la Convención de los Derechos del Niño”, mencionó Brumana.

El documento difundido por Unicef mostró que el presupuesto nacional destinado a la niñez sufrió una caída del 75% en términos reales, a lo que se agrega que la implementación de políticas nacionales claves para la infancia “presenta signos de alerta en lo que va de 2024”. Eso se debe a que, por un lado, “se registra un número importante de iniciativas que muestran niveles de ejecución nulos o casi nulos”, entre ellas para abastecer a los comedores escolares, el fortalecimiento edilicio de los jardines de infantes y el apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a los programas Mil Días, Conectar Igualdad y de Infraestructura para Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que contemplaba la construcción de 500 establecimientos en todo el país. Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar evidencian “niveles de ejecución elevados para el momento del año debido a que los montos previstos en el presupuesto actual”, prorrogado de 2023, “no son suficientes para hacer frente a las necesidades de financiamiento que se requieren para dar cobertura a las familias a lo largo de todo el año”.

Para Unicef, las políticas de protección de ingresos “resultan centrales para mitigar los niveles de pobreza” porque, de lo contrario, “sin estos programas alrededor de 270.000 niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de un millón pasarían a ser indigentes”.

Si no se modifica esta tendencia actual, dijo Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina, “la prevalencia de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia para el primer trimestre del año alcanzaría valores en torno al 70%, mientras que la indigencia llegaría al 34%”, una situación que repercutirá “en el bienestar actual y de largo plazo”.

Waisgrais consideró que un contexto de vulnerabilidad social y elevados niveles de pobreza infantil como el actual, resulta “importante sostener las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos a los hogares”.

Los ingresos por transferencias, como representan la AUH o la Prestación Alimentar, “son los más estables que poseen las familias en situación de mayor vulnerabilidad” y significan una herramienta “potente para erradicar la pobreza”.

En tal sentido, valoró los aumentos del 100% otorgados a ambos beneficios porque contribuyeron a mitigar el impacto de los incrementos de precios en los hogares en situación de pobreza. Pese a eso, recordó que en los últimos años la capacidad de compra de ambas prestaciones evidenció una “significativa caída”, tanto que actualmente la AUH representa el 45% de la Canasta Básica Alimentaria y el 21% de la Canasta Básica Total que mide el Instituto de Estadística y Censos (INDEC). En el caso de la Tarjeta Alimentar, el panorama es similar, comentó Waisgrais.

Por ese motivo, el especialista evaluó necesario que se establezca un nuevo mecanismo de actualización de las prestaciones que contemple la variación de precios y replantee el esquema de las condicionalidades vigente para acceder a estos programas. 

En el caso de la AUH, Waisgrais opinó que debería eliminarse la retención del 20% mensual que el Estado establece en concepto de certificación de condicionalidades para otorgar la Asignación: se debe cumplir con los controles sanitarios y de vacunación de los hijos hasta los 4 años de edad, mientras que desde los 5 y hasta los 18 años, además de los controles de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos públicos. Ese 20% que el Estado retiene hasta comprobar el cumplimiento de esta reglamentación se abona recién al finalizar el año, por lo que la cifra correspondiente “representa muy poco con los niveles de inflación actuales”, resaltó Waisgrais.

A esa recomendación, el especialista de Unicef sumó que la Argentina debería “ampliar la cobertura de la prestación alimentaria hasta incluir a adolescentes de 15 a 17 años y unificarla con la AUH para tender a la universalización”.

Waisgrais expresó que, aun “teniendo plena conciencia del contexto de fuertes restricciones fiscales” aplicadas por el presidente Milei desde su arribo a la presidencia, es necesario que el Gobierno “priorice a la niñez y a la adolescencia” mediante una inversión en políticas que son sensibles para reducir la pobreza tanto monetaria y como extrema.

En ese sentido, indicó que alcanzaría con que el Estado, según estimaciones de la agencia de la ONU, destine “unos 40.000 pesos anuales por cada hogar situado en condiciones de pobreza extrema”, lo que significa “un total de 483.000 millones de pesos, 0,25% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, para sacarlo de esa condición.

“Es fiscalmente viable erradicar el hambre con herramientas de protección del ingreso que al menos sean suficientes”, finalizó.