La Comisión de presupuesto del Senado aprobó hoy el proyecto para descontar el IVA a los alimentos que consuman jubilados y beneficiarios de planes sociales, que podría ser sancionado mañana mismo o a más tardar en la próxima sesión.

El dictamen llegó tras una fugaz sesión, con la visita del director de la AFIP Alberto Abad, quien frenó la idea original de retornarlo a Diputados que tenían los senadores de todas las fuerzas, temeroso de volver a lidiar con los planteos de Axel Kicillof.

Como explicó LPO, cuando este proyecto se trató en Diputados, durante la votación en particular el ex ministro de Economía enloqueció a reclamos a sus pares de Cambiemos y logró escribirlo de vuelta.

Tanta fue su vehemencia que algunos artículos quedaron mal redactados como el 10, que con la idea de no cobrar la instalación del posnet en los comercios chicos le concede ese beneficio a los comercios de todos los tamaños.

Pero Abad no quiso saber nada con otro interrogatorio del ex ministro y sugirió que lo sancionen como está y él lo corrige en la reglamentación.

La recomendación fue aceptada por Juan Manuel Abal Medina, a cargo de la Comisión de Presupuesto, y ningún senador del Frente para la Victoria pidió cambios.

No faltaron los ya clásicos reclamos de la santacruceña Ester Labado, cercana a Cristina Kirchner, quien retomó las dudas de los diputados sobre la implementación del plan en las pequeñas localidades, donde casi no hay posnet.

“No hay que tener miedo a cambiar. Le doy un ejemplo cercano: la Sube fue un éxito”, buscó seducirla el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llanch. “Le estoy hablando de las pequeñas localidades, donde ni siquiera hay colectivo”, lo desautorizó Labado.

Abad habló y no se quedó para las preguntas. Celebró que la ley beneficiará a 3 millones 600 mil jubilados, 1 millón 500 mil personas con pensiones no contributivas, 4 millones de receptores de la AUH y 100 mil de la Asignación por Embarazo.

Y admitió que uno de los objetivos es “formalizar la economía” con el pago electrónico. Otra las rabietas de Kicillof era que el proyecto, según su experiencia, no es más que un lobby de los Bancos para cobrar comisiones.

Para Abad, antes que eso, el pago con tarjeta es el mejor instrumento para combatir la evasión.

Otra invitada fue la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, quien dijo que el costo fiscal de “máxima” sería 30 mil millones de pesos. “¿Por qué no incluyen a los que cobran seguro de desempleo?”, la interrogó Labado. “Primero queremos ver como funciona”, se escapó la funcionaria.