El Gobierno acusó hoy a la Justicia de encabezar un "ataque despiadado" y enhebrar una "estrategia de golpismo activo"por investigar una empresa hotelera de la presidenta Cristina Fernández a partir de "denuncias falsas sin ningún tipo de entidad".

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que hay "jueces que hostigan permanentemente al Gobierno o a funcionarios del Gobierno", en supuesta referencia al magistrado federal a cargo de la causa, Claudio Bonadio.

En su habitual conferencia de prensa matutina, que hoy se realizó en el sector militar del aeroparque metropolitano Jorge Newbery, el funcionario dijo que hay "un ataque despiadado del Poder Judicial, una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad".

“Es una clara persecusión política”, dijo el jefe de Gabinetequien luego leyó un comunicado formal de la Inspección General de Justicia para decir finalmente que “la operatoria de la empresa es transparente” en referencia a Hotesur, la empresa de Cristina.

Y sumó que “lo mismo pasa con el Fútbol para Todos”, cuyo manejo de fondos está siendo investigado por la Justicia y que tiene a Capitanich imputado por la jueza María Romilda Servini de Cubría.

El juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli impulsan un expediente que busca determinar si la compañía Hotesur funciona de modo ilegal.

Por eso, Bonadio ordenó el allanamiento de la última sede registrada de la firma que controla el Hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina fernández de Kirchner. La Justicia también allanó la Inspección General de Justicia (IGJ); y realizó un operativo en busca de la información sobre el hotel que está en poder de la AFIP.

El hotel Alto Calafate-Hotesur fue regenteado hasta fines del año pasado por una empresa del socio de la Presidenta, Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero en Suiza, Uruguay y la Argentina. Ayer, después del allanamiento a una de sus empresas, la Presidenta viajó a Santa Cruz.

Clarín había informado sobre las irregularidades en el funcionamiento de Hotesur: su sede de la calle Lavalle 975 está inactiva, la empresa no presentó ante el Estado sus últimos estados contables y tampoco informó sobre la renovación de sus autoridades; y ni siquiera paga los impuestos de la IGJ.

El allanamiento de Hotesur ratificó que la sede de la firma registrada ante la IGJ, en Lavalle 975 piso cuatro departamento 5, está vacía y en alquiler, según supo Clarín 

El lunes 10, la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) había presentado una denuncia penal contra la Presidenta y el ministro de Justicia, Julio Alak, entre otros funcionarios, argumentando que el mal funcionamiento de Hotesur podría esconder la comisión de delitos de corrupción. Stolbizer señaló en su escrito que las finanzas de los Kirchner y de Báez se entrecruzaban en el Alto Calafate.