Los fiscales argentinos arrastran una extensa historia de ataques, amedrentamientos y amenazas, que la última semana regresaron a la memoria de los funcionarios judiciales a partir de las denuncias de Guillermo Marijuán, quien investiga el supuesto lavado de dinero a través de la financiera SGI. Hay un factor común: detrás de los agresores siempre se esconde un enorme negocio ilegal.

En 1996, Pablo Lanusse era fiscal federal e investigaba la denominada “mafia del oro”. El nombre aludía a una maniobra de contrabando que había permitido evadir unos 20 millones de dólares y tenía como protagonistas a conocidos operadores de la City porteña. Una noche, una persona encañonó a Lanusse con una pistola y lo atacó.

Un mes después, Patricia Lanusse de Rawson, su hermana, fue obligada a escribirse la palabra “oro” en su frente.

En el marco de esa misma investigación, dejaron dos granadas en el despacho del juez a cargo de la causa, Jorge Ballesteros. “Tu peor inversión fue el oro”, le había advertido uno de los agresores a Lanusse, para despejar cualquier duda sobre las motivaciones.

Los antecedentes de coacción contra funcionarios judiciales son varios. Carlos Rívolo, el fiscal que investigaba el accionar del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, recibió fotos de sus familiares en sobres cerrados, como también innumerables llamadas amenazantes a un teléfono particular que sólo conocían sus allegados. Tampoco se salvaron de los aprietes sus hijas y sus padres.

Rívolo tuvo a cargo la investigación del accidente aéreo de la empresa argentina LAPA, ocurrido en el año 1999, en el que murieron 65 personas. Mientras lo investigaba, su domicilio particular fue tiroteado e intentaron secuestrar a sus hijas, menores de edad. Su teléfono recibía asiduamente llamadas agresivas.

La fiscal porteña Mónica Cuñarro, alineada con la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, también denunció amenazas contra su persona. Se la conoce por su tarea contra el narcotráfico.

Por su lado, en octubre de 2009 el fiscal federal Luis Comparatore, a cargo de la investigación sobre la venta de medicamentos adulterados, denunció que fue amenazado de muerte a través de una carta anónima que recibió en su casa.

Comparatore había encontrado en el buzón de su casa, de la calle Moreno al 600 de la localidad bonaerense de Haedo, una carta anónima que decía “su muerte” y “mato yo”.

El fiscal investigaba en ese entonces a Juan José Zanola, el entonces titular del gremio de bancarios, en la causa por la “mafia de los medicamentos”, y a Luis D’Elía por el copamiento de la Comisaría 24ª del barrio de La Boca.

Investigan aprietes a Marijuán

El juez Sebastián Casanello deberá investigar las amenazas de muerte que recibió el fiscal Guillermo Marijuán, que tiene a su cargo la causa por presunto lavado de dinero por parte del empresario K Lázaro Báez. La primera de ellas ocurrió el 5 de mayo. El fiscal estaba tomando una gaseosa con su padre en un bar de Pilar cuando un sujeto se acercó y le dejó un papel que decía: “Pará de joder, te vamos a limpiar a vos y a tu familia”. Días después, la amenaza vino vía telefónica. Una persona llamó al despacho de Marijuán y advirtió: “Si apela, le matamos a las hijas”. Se refería a una apelación en la acusación que el fiscal hizo contra la procuradora, Alejandra Gils Carbó, por supuestas designaciones irregulares de fiscales.

Hubo más amenazas esta semana, cuando, por Twitter, seguidores kirchneristas lo atacaron y una de sus hijas salió a defenderlo. El fiscal le presentó las pruebas a Casanello