Hoy a las 13 horas vence el ¿último? plazo que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dio a los tenedores del BP21, un bono cuya segunda cuota de capital, de u$s 250 millones, debía pagar el 26 de enero pasado, para que acepten postergar el vencimiento hasta el próximo 1 de mayo y evitar la cesación de pagos.

En rigor, de persistir la provincia en la negativa a pagar el vencimiento y no alcanzarse el consenso de tenedores de al menos del 75% del valor de los bonos, la provincia entraría en default el miércoles 5, diez días después de la fecha de vencimiento original.

Por esa razón, algunos creen que podría haber una nueva postergación de plazo, en especial si los negociadores bonaerense, encabezados por el ministro de Economía provincial, Pablo López, estuvieran cerca de lograr el sí de una cantidad suficiente de bonistas.

López y su equipo estuvieron todo el fin de semana haciendo y recibiendo llamadas y comunicándose por diferentes vías a través de internet. “El diálogo sigue abierto”, señalaron desde la gobernación, que mantiene estricta reserva sobre las conversaciones, aunque fuentes del mercado aseguran que la posibilidad de acuerdo sigue siendo distante.

Hace apenas una semana, en Nueva York, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, dijo que hasta ese momento la provincia sólo había logrado un 26% de consentimiento.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, en Nueva York, donde hace una semana precisó que la postergación del BP21 había logrado sólo 26% de aceptación

Algunos analistas creen que el nuevo plazo anunciado por Kicillof obedece, en cambio, a que el acuerdo estaría cerca. El gobierno nacional ha dicho claramente que no auxiliará a Buenos Aires y en su gira por Europa el presidente Alberto Fernández declaró, en apoyo del gobernador bonaerense, que lo único que está pidiendo es más plazo.

Ni agresivos, ni amigables, sustentables

Tanto la Nación como la Provincia insisten en que “de ningún modo" les apetece el default. La voz de orden, dicen, es preservar la “sustentabilidad” de los presupuestos nacional y provincial. Si Buenos Aires lograra postergar el vencimiento sin incurrir en default, en mayo tendría como guía el resultado de la restructuración de la deuda nacional, que el ministro Martín Guzmán ha reafirmado que estará concluida el 31 de marzo.

Se trata de apuestas fuertes y de resultado incierto para las partes involucradas. Ayer, por ejemplo, la consultora Analytica, de los economistas Ricardo Delgado y Rodrigo Álvarez, señaló que “teniendo en cuenta los montos comprometidos y las consecuencias de un default, tarde o temprano, los tenedores de bonos aceptarán la propuesta del gobernador Kicillof o se pagarán los vencimientos de capital a través de algún crédito garantizado con coparticipación de impuestos”.

El análisis precisa que Buenos Aires tuvo en 2019 un superávit primario de 0,6% y un déficit financiero de 0,4% de su “Producto Bruto Geográfico” (PBG), situación mucho más liviana que la de la Nación, que en el mismo período registró un déficit primario de 0,44% y un financiero de 3,8% del PBI. Además, dice, el perfil de vencimientos en dólares en términos del PBG (Buenos Aires) y PBI (la Nación) es mucho más liviano para la provincia.

Según Analytica, aún si Buenos Aires no lograra un acuerdo voluntario de los acreedores, sería conveniente que la Nación auxilie a la provincia “antes de permitir el default sin red”.

"Los costos sobre la economía real y los impactos financieros de un rescate serían muy inferiores a las consecuencias de un default, del que sería muy difícil que el Gobierno Nacional saliera ileso. Un default de la deuda bonaerense profundizaría la recesión nacional y complicaría gravemente la reestructuración en marcha”, dice el análisis. El vencimiento que está en juego, dimensiona, representa apenas el 0,2% del Producto Bruto bonaerense y 0,5% de las reservas del Banco Central.

 Los costos sobre la economía real y los impactos financieros de un rescate serían muy inferiores a las consecuencias de un default, del que sería muy difícil que el Gobierno Nacional saliera ileso. Un default de la deuda bonaerense profundizaría la recesión nacional y complicaría gravemente la reestructuración en marcha” (Analytica)

Dos medidas tentativas de ese costo son el fuerte aumento del riesgo-país en los últimos diez días de enero y la pérdida del valor de las empresas argentinas en la bolsa de Buenos Aires, que a lo largo de enero cayó en 1.700 millones de dólares.

A su vez, si Buenos Aires finalmente pagara un vencimiento que dijo que no podía pagar o la Nación procediera a un rescate que dijo que no iba a realizar, ambos afrontarían costos políticos internos: cualquier gesto en ese sentido sería visto como una claudicación por parte de los sectores más combativos de la coalición de gobierno.

Opciones

Las opciones que se abren a partir del lunes a las 13 si la Provincia no llega a tal porcentaje son las siguientes: o posterga el plazo una vez más para seguir negociando, o paga los USD 250 millones a más tardar el 5 de febrero para no caer en cesación de pagos, o incurre en default.

El viernes pasado, una fuente de muy buena relación con Kicillof y con los mercados, señaló a Infobae: "Axel no va a ir a un default porque todos los enemigos de Cristina Kirchner dentro del Gobierno lo van a señalar como el responsable y, por lo tanto, la culparán a ella”.

La jornada también estará marcada por la licitación que ofrecerá el Tesoro nacional a tenedores del AF20, un bono dual (emitido en dólares, pero de capital e intereses en pesos) del que el gobierno debería pagar, el 13 de febrero, $ 105.000 millones. Para evitar hacerlo, la secretaría de Finanzas elaboró un menú de cuatro opciones para tentar a los tenedores del AF20 a canjear sus papeles por otros de más largo plazo, continuidad del “reperfilamiento” que inició en 2019 el ex ministro Hernán Lacunza y que el gobierno de Alberto Fernández profundizó.

A diferencia del AF20 del Tesoro Nacional, el BP21 bonaerense, emitido en 2011 por el entonces gobernador Daniel Scioli, debe pagarse en dólares y tiene jurisdicción neoyorquina, por eso puede ser un indicador más fiable de cuán amigable o contenciosa sea la restructuración de la deuda nacional con los acreedores del exterior.