Tras la renuncia de Martín Redrado, el gobierno nacional concluye que la crisis del Banco Central dejará como efecto imperecedero "una amenaza": lo que Néstor Kirchner bautizó como "partido judicial". La etiqueta erige un nuevo contrincante, pero deja trascender que, en el momento menos esperado, el Poder Ejecutivo se vio sorprendido por un actor que no había contemplado. La crisis desatada tras la creación del Fondo del Bicentenario, el conflicto con Redrado y la sucesión de fallos a contramano de los deseos de la residencia de Olivos dejó en evidencia la incapacidad del matrimonio presidencial para incidir sobre jueces y fiscales. Ahora, el oficialismo sabe que los temas que más le preocupan ya no dependen únicamente de su voluntad. La coparticipación federal, la ley de medios y el caso Telecom, como ocurrió con las reservas, derivarán en fallos que marcarán la agenda. Todos los conflictos deberán superar el filtro de la Justicia. Y para sortearlo, el Gobierno comenzó a ensayar cambios en su interior con el objetivo de ampliar su maltrecha influencia en los tribunales.

"Los jueces tienen olfato político y buscan reposicionarse. Después del 28 de junio, presumen inválido cualquier acto administrativo", le dijo a Crítica de la Argentina un ministro del gobierno nacional. El diagnóstico hace hincapié en la correlación de fuerzas y minimiza los errores. La lectura oficial admite que, de manera inexorable, el poder comienza a escurrirse de las manos de los Kirchner. Pero la respuesta no será sólo resignación. La primera muestra fue el reemplazo de Osvaldo Guglielmino por Joaquín Da Rocha como defensor del Estado.

El nombramiento del ex miembro del Consejo de la Magistratura apunta a revertir la disconformidad de los integrantes de la Justicia con el Ejecutivo y a atenuar el nivel de la confrontación. No será sencillo. Con la partida de Alberto Fernández y su amigo Fabián Musso, el kirchnerismo comenzó a perder interlocutores en el frente judicial. Poco después, cayó en desgracia la ex secretaria de Justicia, Marcela Losardo, de buena relación con la Corte Suprema. Socia del ex jefe de Gabinete y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Losardo reunió en el brindis de fin de año a cinco ministros del máximo tribunal. Sólo el procurador general de la Nación, Esteban Righi –en cuyo estudio trabaja Musso–, continúa alineado con el proyecto en curso. "Los que vienen a negociar no tienen autonomía. No pueden cumplir con lo que acuerdan", se quejan en la Corte Suprema.

La designación del ministro de Justicia, Julio Alak, no logró descomprimir el frente de tribunales. Funcionarios con despacho en Casa Rosada sostienen que el ex intendente de La Plata está en una función que no conoce y preferiría ocuparse de la política. "No conoce ni a los porteros de los juzgados federales", bromeó ante Crítica de la Argentina un miembro del gabinete que lo frecuenta. Alak estuvo ausente de la puja mediática con el "partido judicial" y su nombre casi no fue mencionado en el largo conflicto del Central. Pese a eso, en Olivos no existen reproches para él. Kirchner habla seguido con el ex gerente de Aerolíneas Argentinas y le encarga misiones de orden netamente político. Alak, por su parte, niega sentirse incómodo en su puesto, dice que se lleva bien con Aníbal Fernández y se muestra absolutamente alineado con el proyecto kirchnerista.

Como contrapartida, su antecesor en el cargo ni siquiera le cedió el control de su área y avanza sobre todo lo que puede. Colaboradores de Aníbal Fernández conservan puestos clave en el Ministerio de Justicia.

Con ese panorama, la contienda que los Kirchner vislumbran como esencial no augura buenos resultados. La desorientación que marcó el verano del golden boy fue doble. El fuero que acribilló al Poder Ejecutivo con fallos contrarios no fue el federal, el único al que el oficialismo atiende porque allí están las causas que comprometen a los hombres y mujeres del gabinete. Para sorpresa de la Casa Rosada fue el fuero en lo Contencioso Administrativo el verdugo inclemente de la pareja gobernante. Por eso, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, –uno de los más cuestionados en la intimidad gubernamental por la fallida estrategia anti-Redrado– se vio ahora obligado a repasar la lista de aspirantes a camaristas de ese fuero. El funcionario que les cuida la firma a los Kirchner comenzó a revisar con más detalle las ternas que llegan a su despacho.

Por estos días, Zannini tiene sobre su escritorio los antecedentes de Oscar Papavero, quien integra una terna de candidatos a ocupar el juzgado federal de San Martín. Papavero es secretario de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de ese distrito y es señalado por organismos de derechos humanos como discípulo del ex camarista de Casación Alfredo Bisordi y del ex fiscal Juan Martín Romero Victorica. Hace seis meses, su currículum no hubiera merecido siquiera un vistazo de un funcionario de segunda línea. Ahora, en cambio, el kirchnerismo se propone cuidar al máximo la promulgación de magistrados que, a la vuelta de la esquina, deberán convalidar o no las decisiones del Ejecutivo. Por ello, antes de darle el visto bueno para pasarlo a la firma de la Presidenta, Zannini repasa cada detalle de la biografía de Papavero, mientras el recuerdo de los fallos adversos de la jueza María José Sarmiento dan vueltas por su memoria.