La comisión bicameral Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Rescate del ARA San Juan volvió a sesionar tras el hallazgo de los restos del submarino hundido a 907 metros de profundidad en el Mar Argentino y en medio de duras críticas de los legisladores de la oposición al ministro de Defensa, Oscar Aguad, que públicamente había criticado la actuación de la comisión a la que acusó de que su “única intención es perjudicarme”. La bicameral dividió su sesión en una audiencia pública y otra reservada. En la pública, el subsecretario Legal y de Articulación Institucional del Ministerio de Defensa, Juan Manuel Mocoroa, buscó despegarse del sumario interno que Aguad encargó al eyectado ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, que terminó con la sanción del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y el capitán de navío Claudio Villamide por “falta gravísima”, responsabilizándolos de la desaparición del submarino, y sobre la que el Ministerio de Defensa tuvo que volver atrás seis meses después. Mocoroa, un incondicional de Aguad, también negó haber tenido participación en la contratación irregular y fallida de la empresa española Igeotest Geociencias para la búsqueda del ARA San Juan, que generó la impugnación de un grupo de familiares de los submarinistas y que ahora investiga la Justicia. No convenció a los legisladores. En la audiencia reservada, los legisladores recibieron al desplazado López Mazzeo, que pidió ampliar su declaración ante la bicameral. El encuentro, que los legisladores calificaron ante PáginaI12 como “muy positivo”, duró tres horas hasta que se interrumpió por una amenaza de bomba en el ex edificio de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, donde funciona el anexo del Senado.  

El diputado mendocino del FpV-PJ, Guillermo Carmona, abrió la reunión y le apuntó a Aguad. “Aunque la posibilidad de reflotar el submarino depende de una evaluación técnica”, calificó como “lamentables” y “desafortunadas” las expresiones del ministro, que acusó a los legisladores de la comisión de “una acción picaresca para utilizar el dolor de los familiares”, además de afirmar que “la finalidad de la bicameral es perjudicarme”.    

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Carmona hizo un pedido a los integrantes de la bicameral para que “la comisión reafirme su competencia” para que “no descalifiquen su trabajo”. Reclamó que el ministro “no interfiera y no descalifique la actuación de la Bicameral” como lo hizo públicamente. “Que Aguad respete la labor del Congreso y su competencia en materia investigativa”, sentenció Carmona. 

“No es una cuestión personal, yo me puedo defender solo”, insistió el mendocino. En una entrevista radial, Aguad sostuvo que “la única intención de la comisión es la de perjudicar al ministro de Defensa”, malhumorado por la nueva citación. Le apuntó a Carmona y a su compañera de bancada, Nilda Garré, a los que buscó descalificar calificándolos como “kirchneristas”. “El ministro Aguad descalifica a la Comisión Bicameral #ARASanJuan y a mí de manera personal por una única razón: no quiere que se lo investigue por sus gravísimas omisiones en relación con la desaparición y búsqueda del submarino y de @Los44AraSJ”, replicó Carmona en las redes sociales.

La senadora Magdalena Odarda (Frente Progresista) se solidarizó por “los agravios personales” propalados por Aguad y planteó que “existen varias voces para descalificar el trabajo hecho con mucha seriedad de la Bicameral”, que es la única comisión que “funciona todas las semanas” desde su creación. Y apuntó, sin confirmar el nombre, que uno de los expertos que colaboran con la Bicameral había desatendido los pedidos de los legisladores de la comisión. Por lo que el diputado Pedro Miranda (bloque Justicialista) solicitó una reunión con los cinco expertos adjuntos a la comisión para evaluar ese tema y sobre la posibilidad de reflotar el submarino.

Luego Odarda reclamó que la comisión le pida a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez —que investiga la desaparición del submarino— que “preserve todas las pruebas” tras el hallazgo. El macrista Guillermo Montenegro, que apeló a su condición de ex juez para considerar “improcedente” el pedido, ya que esa una responsabilidad inherente a su condición de magistrada. Pero ante la insistencia de cuidar de “intoxicaciones”, incluso las 67 mil imágenes del submarino recopiladas por el navío Seabed Constructor de la empresa Ocean Infinity, Montenegro accedió a pedirle a Yañez cuáles eran las medidas que tomó para la preservación de las pruebas.

El diputado radical Luis Petri, sumó que el informe que Ocean Infinity enviará al Gobierno y a la jueza, también sea remitido a la bicameral. Miranda pidió que los familiares que estaban a bordo Seabed Constructor en el momento del hallazgo, puedan relatar ante la bicameral lo sucedido.    

Los hombres de Aguad

En tanto, Mocoroa aguardaba el interrogatorio de los legisladores. Carmona abrió el fuego y le preguntó sobre su participación como director jurídico del Ministerio de Defensa (luego fue ascendido a secretario) en el sumario que encargó Aguad al ex jefe de la Armada y que terminó con las acusaciones y desplazamientos de López Mazzeo, a cargo del Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y Villamide, como comandante de la Fuerza de Submarinos. El diputado mencionó las denuncias sobre la “vulneración del debido proceso”.

“No tuve intervención expresa en el expediente. No firme ningún dictamen, aunque conozco el sumario”, se despegó Morocoa, que dijo “disentir” sobre la vulneración del proceso y relató que el reemplazante del eyectado Srur, el almirante José Luis Villán, se excuso de intervenir en el sumario para “evitar nulidades futuras”. 

Montenegro repreguntó sobre “la celeridad” con que se dictaminó el sumario, con un capital de fragata instructor que no es submarinista y sin el aporte de ningún experto. Agregó que le llamaba la atención que el ministerio anulara seis meses después el artículo 1º del sumario que condenaba a los dos oficiales de la armada y quiso saber sobre su estado actual de reserva.

Mocoroa buscó no precisar sobre las fechas del proceso disciplinario, que durante seis meses puso a los dos oficiales de la Armada como los (únicos) responsables de la desaparición del submarino. Pero justificó su actual separación de la fuerza acoplándose a la doctrina del camarista Martín Irurzun: “Es como una prisión preventiva”, dijo el funcionario, interpretando que de esa manera no puedan interferir en la investigación.  

Carmona recordó la amplia difusión de la sanción, que “desató una condena mediática” y cuyos difusores mencionaron a Mocoroa como el promotor del sumario. “Esa información es falsa”, se defendió el funcionario.

Mocoroa también buscó despegarse de la contratación irregular de la empresa española Igeotest Geociencias, con papeles que no correspondían a su condición legal, luego de 50 días de acampe de los familiares en Plaza de Mayo. Carmona repasó que la contratación fallida también demoró varios meses la búsqueda del ARA San Juan y le preguntó sobre una reunión en la que Aguad dijo ante los familiares que “si los legisladores (de la bicameral) estaban tan apurados por la búsqueda por qué no hicieron una ley”. El diputado también recordó que le ofrecieron al ministro, cuando estuvo en el Congreso, resolver cualquier situación urgente que considerara necesario para acelerar la búsqueda. 

El funcionario contestó que había participado de una de las dos reuniones que tuvo Aguad con los familiares en esa etapa, pero “no recuerdo ninguna expresión del ministro en ese sentido”. “Tengo la grabación que facilitaron los familiares y hasta una foto suya en la reunión. Se las voy a pasar”, replicó Carmona. 

La comisión siguió su labor a puertas cerradas para recibir a López Mazzeo. El encuentro duró tres horas, hasta que una amenaza de bomba obligó a desalojar el anexo del Senado donde se realizaba el encuentro”. “Fue muy positiva”, dijo un legislador a este diario sin más precisiones ante la alerta para evacuar el edifico de la ex Caja de Ahorro de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos.