medio de la polémica por un aparente cambio en la política de derechos humanos, el Gobierno anticipó que evalúa objetar ante la Justicia la prisión domiciliaria del represor Miguel Etchecolatz, concedida el viernes pasado por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata en dos causas.

"Estamos revisando el caso Etchecolatz y analizando toda la situación para ver qué se puede hacer", dijo a LA NACION el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

Jefe de investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura, Etchecolatz, de 87 años, permanece detenido por mandato del juez federal Ernesto Kreplak, que lo investiga en otro expediente. Pero la decisión del tribunal oral encendió las luces de alarma de organismos de derechos humanos, que ayer volvieron a movilizarse frente a los tribunales de La Plata.

Otro sector ofreció una conferencia de prensa frente a la Secretaría de Derechos Humanos, que funciona en la ex ESMA, en la que se acusó al Gobierno de favorecer las decisiones judiciales favorables a los represores. "Los genocidas quieren que los juicios se vayan diluyendo y transitar las condenas en el living de su casa", dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, el kirchnerista José Cruz Campagnoli, y acusó al Gobierno de estar "alentando esta política, y dejar de apelar las prisiones domiciliarias es parte de ese plan".

En ese marco, Avruj desmintió que haya una orden del Gobierno para que los abogados de la Secretaría de Derechos no apelen más las prisiones domiciliarias en favor de los represores, como había trascendido la semana pasada.

El funcionario aclaró en ese sentido que la secretaría que él encabeza no puede recurrir esas decisiones porque el Código Procesal Penal sólo permite que lo hagan las fiscalías y no las querellas. De ahí, explicó Avruj, la dificultad para intervenir en el caso Etchecolatz.

La información fue corroborada por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal Jorge Auat. "Jurídicamente, el Gobierno no puede apelar porque la ley no habilita al querellante a intervenir", explicó Auat. En efecto, el artículo 491 del Código Procesal indica que "la parte querellante no tendrá intervención" en los incidentes de ejecución de la pena.

Las cifras oficiales indican que de los 1056 detenidos en el marco de causas por delitos de lesa humanidad 462 cumplen arresto domiciliario, casi el 44 por ciento del total. El número no se modificó mucho respecto de septiembre del año pasado, cuando los arrestos domiciliarios sumaban 445. La ley indica que los jueces tienen la facultad de otorgar la prisión domiciliaria en los casos en que los condenados sean mayores de 70 años o tengan problemas de salud.

"Históricamente, la política de la secretaría fue presentarse sólo en casos excepcionales. De todas las prisiones domiciliarias que recibimos al asumir, sólo el 5 por ciento había sido apelado", precisó Avruj, aunque insistió en que la ley impide que la querella intervenga de manera formal.

El funcionario sostuvo que no se produjeron cambios en la política de derechos humanos. "La política de memoria, verdad y justicia sigue siendo una política de Estado. Somos parte querellante en 225 causas de lesa humanidad. Sería contradictorio que actuáramos para que haya justicia y condenas y que después hiciéramos lo contrario", argumentó, en diálogo con LA NACION.

Más allá de esa cuestión, los organismos de derechos humanos alertan sobre el "cambio de aire" en tribunales favorecido por distintas acciones del Gobierno. Entre ellas, las declaraciones de Mauricio Macri, que dijo que no sabía cuántos desaparecidos había habido en la dictadura y calificó como "guerra sucia" lo sucedido en esos años. También la reunión secreta que el ministro de Justicia, Germán Garavano, mantuvo con Cecilia Pando, defensora de la represión ilegal.

"El Poder Judicial lee los nuevos aires políticos. Es evidente que este gobierno quiere volver a la teoría de los dos demonios y que eso inevitablemente va a conducir a la impunidad", dijo la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman.

Polémica por una decisión judicial

Miguel Etchecolatz - ex policía bonaerense

Con 87 años, está condenado en cuatro causas por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Federal Oral N° 1 de La Plata le concedió la prisión domiciliaria, pero sigue preso en la cárcel de Ezeiza por orden de un juez de primera instancia, que lo investiga en otra causa.

Claudio Avruj - sec. de derechos humanos

El funcionario anticipó que evalúa objetar la prisión domiciliaria de Etchecolatz. Desmintió que haya una orden para que los abogados de la secretaría dejen de apelar los arrestos domiciliarios de los represores. Pero aclaró que la ley le impide recurrir esas decisiones.