Durante la reunión en el recinto tendrá lugar otro debate: la modificación de la Ley de Administración Financiera para que se exija no sólo la autorización del Congreso a nuevos endeudamientos, sino también para que la prórroga de jurisdicción tenga aval previo del Parlamento nacional.

Ayer, siete senadores -cinco era el mínimo necesario- presentaron una nota en la que efectivizaron el llamado a sesión especial, con la emergencia ocupacional y la modificación de la Ley de Administración Financiera como temas excluyentes.

Los legisladores que firmaron la notificación fueron Juan Abal Medina (Buenos Aires), Marina Riofrío (San Juan) y Juan Manuel Irrazábal (Misiones), del Frente para la Victoria, Daniel Lovera y Norma Durango (PJ-La Pampa, aunque responden al bloque FpV que comanda el rionegrino Miguel Pichetto), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis-PJ disidente) y Guillermo Pereyra(Movimiento Popular Neuquino).

No tuvo efecto el cónclave de ayer entre Pichetto y el titular provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), y el jefe del interbloque de Cambiemos, Ángel Rozas (UCR-Chaco). 

Tampoco el cuestionamiento al dictamen, y el oficialismo sólo se limitó a convocar a Labor Parlamentaria para hoy, a las 10, con la intención de tratar de realizar una sesión ordinaria que, en realidad, tiene como objetivo una última instancia de negociación con la oposición.

"Tuvimos que poner primera y presentar la nota de la sesión especial para marcar la cancha y no chocarnos después con el proyecto de Diputados", señaló un vocero de la oposición a Ámbito Financiero.

Lo cierto es que en la Cámara baja, que recibirá hoy al jefe de Gabinete, Marcos Peña (ver pág. 9), el proyecto de la emergencia ocupacional que circula allí impone la retroactividad al 1 de marzo de 2016 y la estira hasta el 31 de diciembre de 2017, algo mucho más virulento para la visión de Cambiemos.

Para el Senado, la iniciativa contempla que "en caso de producirse despidos, los trabajadores afectados podrán optar por accionar judicialmente" por su reinstalación en el puesto de trabajo con más el pago de los salarios de tramitación hasta su efectiva reincorporación, o convalidar la extinción del vínculo. Para este último caso, correrá la doble indemnización.

Hasta anoche, el FpV evaluaba -con pocas chances- otorgar como concesión al senador del peronismo disidenteRoberto Basualdo (San Juan) la eximición de pequeñas y medianas empresas de la emergencia.

En tanto, distintos organismos que nuclean a empresarios, como la Asociación de Bancos Privados de capital argentino o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires advirtieron ayer su rechazo a la prohibición de despidos y a encarecer los montos de indemnizaciones.

Última valla

Si se sanciona en Diputados, el texto tendría como última valla la posibilidad de veto en manos de Mauricio Macri. 

"No sé si pagaría un costo político -si realiza dicha acción-, porque lo hacemos para cuidar a la gente y a los trabajadores informales que están negro", destacó días atrás el diputado nacional del PRO Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Reforzó esa postura el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aunque más con un giro preventivo: realizó llamados a mandatarios provinciales para frenar el proyecto, algo que hasta anoche parecía poco probable. 

"La única solución para la pobreza es generar trabajo. Todas las medidas que vayan en este sentido van a ser aprobadas, y nosotros entendemos que las medidas que se discutirán en este Congreso no van en ese sentido. Entonces nosotros compartimos nuestra preocupación con los socios del Gobierno, que son los gobernadores", señaló el funcionario.

A partir de la sesión de hoy, el Gobierno deberá encontrar la forma de trabar el camino en Diputados, con un proyecto que tendrá vigencia para tratarse allí hasta que finalice el período ordinario del año próximo. Sobran decenas de ejemplos de iniciativas que quedaron cajoneadas durante el kirchnerismo tras la aprobación de una Cámara. 

Hoy es más difícil por la cantidad de votos que tiene Cambiemos, aunque el diálogo con Sergio Massa y los gobernadores, más el tratamiento de proyectos que anunció en los últimos días Macri, podrían equilibrar la balanza.

Permisos

El texto que modifica la Ley de Administración Financiera -también tenía anoche los votos necesarios y suficientes en el Senado- plantea dos cambios a la actual norma: el artículo 60, que establecerá que el Poder Ejecutivo, entidades de la administración nacional, sociedades del Estado y todo ente con participación estatal mayoritaria "no podrán realizar operaciones de crédito público de ninguna naturaleza, ni reestructurar deuda pública, sin previa autorización por ley especial del Congreso".

Las operaciones deberán contener "tipo de deuda" (interna o externa), monto autorizado, plazo de amortización y destino de financiamiento. El otro artículo que se cambiará es el 65, que prohibirá "prorrogar la jurisdicción soberana sin previa autorización por ley especial del Congreso".