Según trascendió en el entorno presidencial la primera mandataria, luego de la lectura de los diarios, les ordenó tanto al ministro de Planificación, Julio De Vido como al secretario de Transporte, Juan Carlos Schiavi acelerar todo lo posible la investigación para remitir a la Justicia al tiempo que les informó que el Estado se presentará como querellante en la causa. De todas maneras, según comentan los especialistas legales, es el Juez Federal Claudio Bonadio quien determinará si el Estado puede presentarse como damnificado. Explican que, en realidad, fue el Gobierno el que otorgó en su momento la concesión a la empresa TBA y que por otra parte cuenta con todas las herramientas y los organismos para efectuar los controles necesarios. Sostienen que, aunque el juez acepte la petición oficial, de todas maneras esto no evita que los pasajeros demanden al Estado. Dicen que este anuncio suena más a una estrategia comunicacional tendiente a demostrar a la gente que el Gobierno no esta dispuesto a "proteger a la empresa".

La primera mandataria le indicó a Schiavi que salga a aclarar su "desafortunada" frase referida a que "Si pasaba ayer (el domingo), no era tan grave" que provocó tanta indignación en la gente. Sin embargo, el tenor de las declaraciones que brindaron tanto De Vido como Schiavi continuaron teniendo el mismo eje que el martes en el sentido de hacer público más elementos para dar a entender que la causa del accidente no obedecería a que los frenos no funcionaron.

Por la tarde, la jefa de Estado convocó a su despacho tanto a De Vido como Schiavi, donde repasó los últimos acontecimientos.

Luego recibió al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien le trajo buenas noticias del encuentro con la embajadora de Estados Unidos, Vilma Martínez. Durante la reunión se avanzó para intentar equilibrar la balanza comercial con el país del Norte.

Asimismo, le comunicó la decisión de los Estados Unidos de ofrecer una línea de crédito para que las empresas argentinas puedan adquirir bienes de capital producidos en ese país. La reunión se llevò a cabo en el Ministerio de Agricultura y participó Norberto Yahuar, la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el embajador argentino en Washington, Jorge Arguello.

Finalmente, la Presidente instruyó a Lorenzino respecto a la posición que como representante argentino debe plantear en la reunión del G20 que se llevará a cabo a partir del jueves en la capital de México. Uno de las propuestas que llevará el país al seno de la reunión es la creación de un nuevo mecanismo para la resolución de deuda de los países en crisis ante el vacío legal evidente que existe para reestructurar deuda soberana, lo que se refleja en la actualidad con los problemas que afronta Grecia. Asimismo, se insistirá en las críticas respecto del rol de las calificadoras como los planes de ajuste que se están implementando en diversos países de la zona del euro.

Otro de los temas que Lorenzino reclamará será dotar de más poder a los países emergentes en el directorio del FMI. Esta posición es compartida por varios países, entre ellos Brasil. A la reunión de ministros de Economía y de los países del G20 también concurrirá la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont.